Buscan frenar en la Justicia el DNU que amplía el poder de la SIDE

El inicio del año político quedó atravesado por un nuevo choque institucional. Diputados de la oposición presentaron un recurso de amparo para frenar el decreto 941/2025, que amplía las funciones de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y habilita a sus agentes a detener personas, una atribución que hasta ahora correspondía exclusivamente a las fuerzas de seguridad bajo orden judicial. La presentación judicial busca establecer un límite frente al avance indebido del Poder Ejecutivo sobre derechos y garantías constitucionales.

Un recurso judicial contra el decreto

En el escrito, los legisladores sostienen que el decreto vulnera la Constitución Nacional y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esa línea, argumentan que no existió necesidad ni urgencia que justificara el dictado de un DNU y remarcan que el Congreso se encontraba en condiciones de sesionar. Para la oposición, eludir el debate parlamentario debilita la legitimidad democrática y altera el equilibrio de poderes.

La acción judicial también advierte que el decreto incorpora materias penales expresamente vedadas para este tipo de instrumentos. En ese sentido, alertan que habilitar aprehensiones por parte de personal de inteligencia abre la puerta a prácticas discrecionales y pone en riesgo las libertades individuales. Además, señalan que la SIDE arrastra antecedentes de falta de control y opacidad, lo que agrava el impacto institucional de otorgarle facultades extraordinarias.

Impacto institucional y político

El amparo solicita la nulidad absoluta del decreto y sostiene que su vigencia implicaría un retroceso institucional significativo. En un contexto de desconfianza social hacia los organismos de inteligencia, la medida es leída como un intento de reforzar mecanismos de control antes que de seguridad democrática. La oposición insiste en que la democracia se fortalece con debate y transparencia, no con decisiones unilaterales.

El caso vuelve a poner en discusión los límites de los decretos de necesidad y urgencia y profundiza la tensión entre el Congreso y el Ejecutivo. La resolución judicial será clave para definir si el decreto se ajusta al marco constitucional o si constituye un exceso de poder que compromete la democracia.