Crece el escándalo por la participación en el Boudougate
La situación de los funcionario kirchneristas se complica a medida que avanza la investigación. Nuevos testimonios y más pruebas los ligan al oscuro negocio detrás de la adquisición de la exCiccone Calcográfica
Las pruebas por el escandaloso proceso de compra de la exCiccone Calcográfica y las sospechas de corrupción contra el cuestionado vicepresidente argentino Amado Boudou, sus socios y distintos funcionarios de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), conducida por Ricardo Echegaray; se apilan como libros en un anaquel. Mientras la causa avanza, varios prominentes nombres del kirchnerismo quedan más y más expuestos en medio de una investigación que, en caso de seguir por la misma senda, podría llevarlos directamente tras las rejas.
La participación de la AFIP y su titular en el llamado Boudougate es insoslayable. En septiembre de 2010, la dependencia benefició con un escandaloso plan de pagos a la empresa The Old Fund, propiedad del empresario Alejandro Vanderbroele, quien está sospechado de ser testaferro del vice K a pesar de que ambos negaron conocerse. Con su accionar, la repartición pública garantizó el saneamiento financiero de la empresa, necesario para que la gráfica pudiera ser contratada por el Estado para emitir papel moneda argentino.
Por entonces Ciccone era titular de una deuda impositiva por 240 millones de pesos, a lo que sumaban los intereses correspondientes a varios años de incumplimientos. En ese marco, según consta en los documentos firmados por el propio Echegaray, la repartición pública llevó a cabo una moratoria extraordinaria, condonó a la empresa una multimillonaria suma y le otorgó un plazo de 12 años para pagar la cantidad adeudada. Todo con una irrisoria tasa mensual de interés del 0,5%, muy inferior al 3% habitual concedido en casos similares.
En ese marco, el juez federal Ariel Lijo imputó al titular de la AFIP por las presuntas irregularidades ocurridas en el marco de ese proceso. Aunque desde la defensa del funcionario insisten en afirmar que el organismo no dictó una moratoria sino un “plan de pagos” para regularizar las abultadas deudas de la gráfica con el Estado.
Pero el funcionario kirchnerista quedó aún más implicado en la causa luego de que su mano derecha en la AFIP y exjefe de asesores de esa repartición, Rafael Resnick Brenner, confesara haber conocido José María Núñez Carmona, amigo personal de Boudou; y lo indicara como el encargado de coordinar la operatoria a través de la cual The Old Fund se hizo con el control de Ciccone en julio de 2011.
Mientras Echegaray se dedica a perseguir con inclemencia a empresarios y comerciantes en un perverso juego de premios y castigos para aquellos que deciden avalar o cuestionar al Gobierno conducido por Cristina Fernández de Kirchner, la Justicia avanza cada vez más en una historia de corrupción política que lo tiene como protagonista y podría enviar a varios miembros del núcleo duro kirchnerista directamente a prisión.
Otro revés judicial contra el vice K
La Justicia volvió a fallar en contra del cuestionado y doblemente procesado vicepresidente Amado Boudou. Esta vez el juez federal Luis Rodríguez desestimó una denuncia realizada por el funcionario contra Nicolás Ciccone y su yerno Guillermo Reinwick, fundadores de la imprenta de valores exCiccone Calcográfica; por presunto falso testimonio.
La defensa del vicepresidente, a cargo del abogado Diego Pirota, había denunciado a ambos por “falso testimonio”, luego de que declararan que el funcionario kirchnerista participó de las reuniones realizadas en el marco del sospechoso salvataje de la empresa. En ese sentido, el letrado sostuvo que los hombres “mintieron en procura de beneficiar sus propios intereses económicos”.
Los exdueños de Ciccone declararon ante Rodríguez que el cuestionado vice K participó de al menos dos encuentros mientras se negociaba la venta de la empresa. Uno realizado en los estudios del canal televisivo Telefé, luego de que éste participara en la edición de un programa; y una segunda reunión realizada en el restaurante I Fresh Market, de Puerto Madero.
La medida fue finalmente desestimada por la Justicia Federal, puesto que Ciccone y su yerno fueron imputados en la causa que investiga la operatoria detrás del oscuro salvataje de la imprenta que ellos mismos fundaron. Su procesamiento los exime de decir la verdad y elimina la posibilidad de que sus dichos los lleven a incurrir en falso testimonio. El vicepresidente argentino, en tanto, también se encuentra severamente comprometido en el caso y es investigado por presunto cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública.