De Vido, procesado y embargado

El exministro de Planificación K fue procesado por el juez Claudio Bonadio, quien lo acusó de ser coautor del siniestro ferroviario en el que fallecieron 51 personas. Además, el magistrado ordenó trabarle un embargo hasta cubrir la suma de $600 millones

"Satisfacción”. Como un tenue rayo de sol colándose desde el cielo gris de ayer; apenas un alivio en la dolorosa lucha emprendida desde la fatídica mañana del miércoles 22 de febrero de 2012 -cuando el tren de la línea Sarmiento chocó contra el andén de la estación de Once, dejando un saldo de 51 muertos (más un bebé en gestación) y 789 heridos-; así sintieron los familiares de víctimas de la tragedia ferroviaria la decisión del juez federal Claudio Bonadio de procesar por el delito de corrupción seguida de muerte y trabar un embargo por 600 millones de pesos contra el exministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de Néstor y Cristina Kirchner, Julio De Vido.

La carátula, sin prisión preventiva, es “descarrilamiento de un tren, agravado por resultar personas fallecidas y lesionadas, en calidad de coautor, y defraudación contra la administración pública por administración fraudulenta, en calidad de partícipe necesario”.

El actual diputado nacional por el Frente para la Victoria había sido citado a indagatoria a fines de abril por su responsabilidad penal en el siniestro, pero esta es la primera vez que es procesado, pese a tener varias causas abiertas.

Bonadio consideró que durante su gestión, De Vido “no habría controlado las condiciones de funcionamiento del material rodante, de la infraestructura, del personal transferido y la aplicación de fondos públicos que el Estado Nacional hizo a la empresa Trenes de Buenos Aires S.A (TBA)”, y que el imputado “tuvo efectivo conocimiento del deficiente estado del material rodante de la concesionaria”, pero que, así y todo, “se le transferían sumas de dinero cada vez más importantes en concepto de subsidios”.

El fallo contra el exfuncionario (que también alcanzó al extitular de la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos, Jorge Gustavo Simeonoff, y la exdirectiva de TBA, Silvia Emilse López), concluyó que todas esas “carencias” provocaron la tragedia del 22 de febrero de 2012.

Dicho sin eufemismos, la Justicia confirmó el axioma más triste de la era K: que la corrupción mata.

El camino de la Justicia

El magistrado citó a De Vido después de que el Tribunal Oral Federal N° 2, que en diciembre pasado dictó las 21 condenas por el accidente entre ellas, a los exfuncionarios K, Juan Pablo Schiavi (8 años) y Ricardo Jaime (6); a Claudio Cirigliano (9), uno de los dueños de TBA; y al maquinista Marcos Córdoba (3 años y 6 meses, e inhabilitación por 6 años)-, ordenara avanzar sobre la línea de investigación que llega al poderoso exministro K como responsable del área y exsuperior de Jaime y Schiavi.

Entre los fundamentos, el TOF Nº2 sostuvo que De Vido no podía desconocer lo que pasaba en la Secretaría de Transporte, que fue responsable del “pésimo estado de los trenes” y que tuvo “cierta vinculación  con algunos de los individuos imputados para la concreción de las maniobras ilícitas”.

Y fue el propio Jaime el que apuntó “hacia arriba” en la cadena de responsabilidades por la compra de las máquinas y vagones obsoletos a los españoles y portugueses por más de 100 millones de euros.

“Cristina decidió no atendernos, no cuidarnos y olvidarnos”

Paolo Menghini, padre del joven Lucas que falleció en la tragedia de Once, le aseguró a Hoy que la primera sensación que experimentó al enterarse del procesamiento de Julio de Vido fue “satisfacción, porque la Justicia dio respuestas a nuestro reclamo de investigar al exministro que manejaba el transporte en la Argentina, que le pudo haber sacado la concesión a TBA mucho antes de la tragedia y no lo hizo, que fue parte de la estructura del Estado que le giró miles de millones de pesos a una empresa que no invirtió y que, en definitiva, fue un claro responsable de las 52 muertes”.

Al mismo tiempo, el padre de Lucas Menghini Rey -que al momento del accidente tenía 20 años-, agregó que los familiares esperarán a que tribunales superiores confirmen la medida adoptada por el juez Claudio Bonadio.

Aunque el hombre lamentó lo imposible de “reparar lo perdido”, consideró el dictamen judicial como “un aliciente en la lucha pacífica que empezamos hace cuatro años, sostenida en la dignidad y basándonos en la verdad, siempre confiando en la Justicia, pero buscando curar la herida social que significó la muerte de 52 inocentes“.

El 22 de febrero de 2012, aseguró Menghini, “murió una parte de la sociedad” y, en este sentido, apuntó contra “la deuda de humanidad que tiene la expresidenta, Cristina Kirchner, con nosotros y eso ya no va a poder saldado. Ella decidió no atendernos, no cuidarnos, olvidarnos; no tener ningún tipo de asistencia integral para los heridos, los sobrevivientes y las familiares de las víctimas”.

Las otras causas que complican al exministro

El procesamiento que Bonadio dictó ayer contra De Vido se suma a las varias causas que ya pesan sobre sus espaldas.

A principios del mes pasado, y luego de la declaración de Leonardo Fariña como “arrepentido” en la denominada “ruta del dinero K”, el fiscal del caso, Guillermo Marijuán, imputó a la expresidenta Cristina Kirchner y al propio De Vido. En esa oportunidad, Fariña aportó información sobre una supuesta estructura que había armado Cristina para sacar del país y blanquear mediante inversiones locales fondos millonarios que, según explicó el valijero platense, eran ilícitos. De las maniobras habría participado el exministro de Planificación K.

Mientras, el juez federal Julián Ercolini fijó para el miércoles 18 de mayo la nueva audiencia en la que De Vido deberá declarar por la compra de material ferroviario en mal estado a España y Portugal.

La otra investigación es por enriquecimiento ilícito, y la lleva adelante el juez federal Luis Rodríguez.

Más problemas le llegan desde el Norte. A principios de año, el fiscal de Estado de Jujuy, Mariano Miranda, lo denunció por presunto fraude a la administración pública e incumplimiento de deberes de funcionario público por el envío discrecional de fondos millonarios a la detenida piquetera K, Milagro Sala.