El Gobierno amenazó con sanciones a los residentes del Garrahan

El conflicto entre los médicos residentes del Hospital Garrahan y el Gobierno nacional escaló un nuevo peldaño luego de que la dirección del hospital enviara un correo a los trabajadores con tono coercitivo. La amenaza es concreta: quienes no cesen con las medidas de fuerza podrían enfrentar descuentos salariales, pérdida de regularidad o directamente la desvinculación. Aunque los residentes son empleados del Ministerio de Salud de la Nación, fue la cúpula del Garrahan la que ofició de mensajera del castigo.

Desde la asamblea de residentes no dudaron en calificar el mensaje como intimidatorio. “Todas las amenazas son ciertas”, aseguraron. El conflicto se recrudeció tras el anuncio de un bono de $300.000 que, sumado al salario actual, llevaría la remuneración total a $1.300.000. Pero el ofrecimiento dista de ser una solución: se trata de un bono no remunerativo que no impacta en el aguinaldo, los aportes previsionales ni las futuras paritarias.

“El salario real sigue en $797.000 en mano”, explicaron desde el sector. De fondo, el reclamo central sigue intacto: una recomposición salarial que se incorpore al básico y contemple una actualización periódica según la inflación.

El correo institucional, que intenta mostrarse conciliador en su inicio, rápidamente deja entrever el endurecimiento de la postura oficial. “Corresponde cesar las medidas de fuerza para evitar la aplicación de sanciones en el futuro”, indica el mensaje firmado por el Consejo de Administración del hospital.

Es preciso resaltar que la raíz del conflicto se encuentra en la política de ajuste del Gobierno libertario, que traslada los costos del desfinanciamiento a los trabajadores de la Salud. El bono propuesto, financiado parcialmente con recursos del propio hospital, parece más un intento de dividir al personal que una respuesta genuina al reclamo.

Una oferta que no resuelve el conflicto

“No es la primera vez que buscan quebrar la unidad con medidas aisladas”, denuncian los residentes. La maniobra recuerda a la ya conocida estrategia del gobierno de Javier Milei: concesiones parciales para contener la protesta sin modificar la estructura de precarización laboral.

Cabe recordar que, desde hace más de un año, los trabajadores del Garrahan vienen exigiendo condiciones dignas. Los profesionales reclaman un plan a mediano y largo plazo que garantice estabilidad, salario acorde y reconocimiento profesional. Ante esto, el Gobierno responde con silencios o amenazas.

A este contexto se suma la preo­cupación por la legalidad de las sanciones sugeridas. Referentes gremiales sostienen que se trata de una violación al derecho a huelga y una forma solapada de castigo por protestar. “No pueden aplicar penalidades por hacer un paro legítimo. Lo que están haciendo es disciplinamiento puro”, expresaron.

De esta manera, las expectativas de un acuerdo entra las partes son bajas. Si el Gobierno persiste en responder con presión en lugar de diálogo, el conflicto está muy lejos de resolverse.