El Gobierno creó una empresa para gestionar obras en rutas

A través del Decreto 794/2017 conformó la firma “Corredores Viales SA”, cuyo capital accionario será un 51% del Ministerio de Transporte y un 49% de Vialidad Nacional. Tendrá la posibilidad de hacer contrataciones sin licitación e incorporar fondos privados 

El Gobierno nacional dio por creada ayer la empresa “Corredores Viales SA”, cuyo capital accionario se dividirá en un 51% para el Ministerio de Transporte y en un 49% para la Dirección Nacional de Vialidad (DNV).

La resolución, firmada por el Presidente Mauricio Macri, el jefe de Gabinete Marcos Peña y el ministro de Transporte Guillermo Dietrich, emitida en el Día del Trabajador Vial, fue publicada en el Boletín Oficial ayer mediante el Decreto 794/2017, que establece como objetivo de la nueva sociedad anónima la realización de tareas de “construcción, mejora, reparación, conservación, promoción, ampliación, remodelación, mantenimiento, operación, financiación, administración, explotación y prestación de servicios al usuario” en rutas, autopistas y caminos de toda la red vial de jurisdicción nacional. 

Además, la empresa estará facultada para “el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones resultantes de toda concesión con cobro de peaje que se le confiera”, y podrá realizar “actividades y actos jurídicos dirigidos a la explotación de Áreas de servicio, explotaciones complementarias y explotaciones accesorias”.

Las críticas a la medida 

En sí, todas las funciones vinculadas a la construcción y reparación de caminos ya son propias de la DNV, situación que despertó las críticas de especialistas. “Es casi como crear una dirección de vialidad paralela a la que ya existe, que de hecho la están desmantelando porque no cumple las funciones que debería cumplir”, señaló a Hoy Ricardo Lasca, titular del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (Conaduv).

Por otro lado, el artículo 4º del Decreto establece “que no resultan aplicables (…) las disposiciones de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos Nº 19.549 y sus modificatorias, del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional (…), de la Ley de Obras Públicas Nº 13.064 y sus modificatorias, ni, en general, las normas o principios de derecho administrativo”. Es decir, la empresa tendría la posibilidad de efectuar contrataciones directas sin realizar licitaciones, ya que no estará sujeta a ninguna de las regulaciones que sí tiene la DNV u otros organismos públicos.

“Esto se crea para seguir con los grandes negociados de la obra pública, en este caso con la red vial, y favorecer los intereses de las empresas constructoras, del club del peaje, los amigos del poder”, remarcó Lasca, quien agregó: “Además el Decreto se para sobre la base de sostener las concesiones viales por peaje, que son inconstitucionales, carentes de todo fundamento técnico, y castigan a los usuarios viales y a toda la comunidad”.

Por último, a pesar de su composición inicialmente estatal, la norma deja abierta la chance de que ingrese el capital privado a la integración accionaria de la empresa, al detallar: “En caso de que el interés público lo requiera, podrán participar de la sociedad personas de carácter privado a través de los procedimientos de selección correspondientes”.

El antecedente del PAMI

No es la primera vez que el Gobierno nacional crea un organismo paralelo que puede escapar a las regulaciones estatales en materia de contrataciones. 

A fines de la semana pasada se publicó la resolución 0956, por la cual el PAMI creó una fundación homónima que tendrá la posibilidad de llevar a cabo servicios que la obra social ya brinda, entre los que se encuentra la gestión de sucursales y hasta de sanatorios.

La diferencia es que esta ONG tendrá la posibilidad de esquivar los controles al poder y efectuar compras directas sin licitación, entre otras acciones propias de una entidad privada que no está sujeta a las regulaciones que sí tienen los organismos estatales.