El juez Augé rechazó el traslado de la causa de espionaje ilegal a Comodoro Py
La decisión del magistrado significa un nuevo revés para los procesados ex jefes de la Agencia Federal de Inteligencia, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.
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El juez federal de Lomas de Zamora, Juan Pablo Augé, rechazó hoy inhibirse de seguir interviniendo en la causa en la que se investigan supuestas maniobras de espionaje ilegal sobre la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el Instituto Patria, por lo que descartó cederle el expediente a los tribunales de Comodoro Py.
La decisión del magistrado significa un nuevo revés para los procesados ex jefes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, quienes pretendían que el expediente pasara a los tribunales de Retiro.
Augé remarcó que el expediente que tramita ante la Justicia Federal de Lomas de Zamora se encuentra acumulado a otro en el que se investigan maniobras similares sobre dirigentes políticos, sindicales, religiosos y periodistas, por lo que corresponde "desmembrar" la pesquisa y, tras trabar la cuestión de competencia, le dio intervención a la Cámara Federal de La Plata para que se expida en el asunto.
El magistrado respondió así a un planteo de inhibitoria que le formuló su par porteña, María Eugenia Capuchetti, quien –a instancias de la Cámara Federal de la ciudad de Buenos Aires- le había reclamado la competencia sobre la causa en la que ya están procesados Arribas y Majdalani por violación a la ley de inteligencia y por falsedad documental, dado que se los acusa de haber ordenado producir documentación para intentar tapar el espionaje ilegal.
Asimismo, recordó que los documentos presuntamente falsos que produjo la AFI para ocultar el espionaje fueron presentados entonces ante la Justicia Federal de Lomas de Zamora, en el marco de un expediente en el que se investigaban falsas alertas de atentado vinculadas con la realización de una cumbre del G20 en Argentina.
El planteo para que la causa pase a los tribunales federales de Comodoro Py había sido rechazado por la fiscalía, a cargo de Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide; por la querella de la vicepresidenta y por las defensas de algunos de los espías investigados en el expediente.