En foco: Recaudación de impuestos, la necesidad de una política de Estado

Nadie en su sano juicio puede estar en desacuerdo con que el Estado vaya a fondo en el combate a la evasión impositiva, especialmente contra aquellos sectores con una posición económica mas holgada.

Todos los ciudadanos, en función de su poder adquisitivo, tienen la obligación de tributar al sector público, que a su vez debe devolverle al soberano lo que paga en impuestos en servicios como seguridad, educación y salud pública, áreas que desde hace tiempo están en crisis.

Ahora bien, la experiencia de los últimos años muestra que, lejos de ser una política de Estado, el accionar de la AFIP está estrechamente relacionado con los objetivos políticos del gobierno. Así es como la administración K, en numerosas ocasiones, ha volcado el poder del Estado para perseguir y apretar a distintas personas que se atrevieron a manifestar un punto de vista crítico al accionar gubernamental. El listado es amplio e incluye desde empresarios hasta deportistas.

Asimismo, la voracidad fiscal y el ensañamiento que muestra la AFIP hacia algunos sectores, como los ciudadanos que buscan comprar dólares para viajar, en poco se asemeja a la vista gorda que hizo el organismo recaudador con los amigos del poder político. ¿Acaso investigó el crecimiento patrimonial que tuvo el parricida Sergio Schoklender y de la hija de Hebe de Bonafini, con los fondos que estaban destinados a construir viviendas sociales? ¿Cómo se hizo para cajonear, en tiempo récord, la denuncia por enriquecimiento ilícito que pesaba sobre la familia Kirchner? Lo más escandaloso fue que los Kirchner fueron sobreseídos luego de que el contador de la familia, un tal Víctor Manzanares 

-había rubricado la polémica declaración jurada que sostenía que la pareja aumentó un 158% su patrimonio durante 2008 y un 572% desde que arribaron a la Casa Rosada en mayo de 2003- se reuniera a solas con el polémico juez Norberto Oyarbide. 

Eso no fue todo. La AFIP hasta otorgó una escandalosa moratoria y avaló que la imprenta Ciccone fuese adquirida por una empresa que estaría vinculada, testaferros mediante, con el vicepresidente Amado Boudou. La política recaudatoria debería estar conducida como un ente autárquico, con técnicos y funcionarios de carrera, que esté al margen de las presiones políticas del poder de turno.