En la AFIP ya tienen cara de cemento

Son querellantes en la causa Carbón Blanco cuando el titular de la Aduana, que depende del organismo recaudador, tiene conexiones con la red de empresas que se habría utilizado para lavar dinero de la droga. Ricardo Echegaray en la mira

Sólo en un país que se ha convertido en una suerte del reino del revés, como ocurre en la Argentina, se puede dar la situación de que aquellos que deberían estar en el banquillo de los acusados terminan siendo querellantes y hasta exigen que se apliquen condenas por delitos en los que ellos mismos podrían estar involucrados.

Esto es lo que está ocurriendo en el juicio que se está llevando a cabo por el caso de narcotráfico conocido como Carbón Blanco, donde la querella está representada por la Aduana, el organismo conducido por un funcionario –Guillermo Michel- que tiene conexiones con la red de empresas que se habría utilizado para lavar dinero proveniente de la exportación ilegal de estupefacientes a Europa. Recordemos que en esta causa se investiga el tráfico de una tonelada de cocaína a Portugal, oculta en embarques de carbón vegetal, que previamente había sido procesado y empaquetado en la localidad chaqueña de Quitilipi.

Concretamente, en un intento de querer bañarse con agua bendita, los abogados de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y de la Aduana, reclamaron el jueves pasado que los acusados sean condenados a penas de entre 16 y 28 años de prisión.  Con cara de cemento, al alegar ante el Tribunal Oral Federal (TOF) de Resistencia, Chaco, solicitaron 28 años de prisión para el abogado Carlos Salvatore (58) y el empresario Patricio Daniel Gorosito (64); 23 años de encierro para los comerciantes Carlos Pérez Parga (60) y Héctor Angel Roberto (61) y 16 de cárcel para Rubén Félix Esquivel (56). Para los abogados de AFIP y Aduana todos ellos fueron coautores de contrabando agravado de estupefacientes y de conformar una asociación ilícita de más de tres personas.

Ahora bien, ni la AFIP ni la Aduana hasta el momento han dado explicaciones acerca del escándalo que significa que en muchas empresas conformadas o integradas por Michel haya intervenido la misma abogada –Ana Cristina Palesa- que avaló con su firma numerosas sociedades comerciales de Salvatore, es decir, el mismo personaje que está siendo acusado de lavado de dinero narco. Esta misma abogada también intervino, junto con la escribana Sara Celia Hurovich (que también aparece en numerosas sociedades comerciales de Michel), en la conformación de empresas vinculadas con Jorge “El uruguayo” Lambiris. Se trata de un ex pirata de asfalto, condenado por contrabando, que es un estrecho amigo de Echegaray al punto que hasta han compartido vacaciones. Durante la era K, Lambiris se recicló y controla gran parte de los negocios vinculados a los depósitos fiscales. Lambiris habría sido quien le acercó a Echegaray el nombre de Michel en el año 2009, cuando Cristina Kirchner lo designó al frente del organismo recaudador.

Según la jueza chaqueña que instruyó la causa, Zunilda Niremperger, el líder de la banda fue Salvatore, quien está preso en la cárcel de Ezeiza, desde donde sigue el juicio por videoconferencia. Para los fiscales, Gorosito era quien se encargaba de realizar las operaciones en Europa, al tiempo que Roberto era enlace entre los dos primeros, Parga era el gerente de producción y Esquivel estaba a cargo de la planta en Quitilipi.

El contrabando de cocaína se dividió en tres envíos: el primero fue descubierto el 8 de marzo de 2012, cuando se secuestraron 380 kilos de esa droga en la localidad portuguesa de Cabanas do Chao, cerca de Lisboa, en el marco de una supuesta exportación de carbón proveniente de Chaco.

Según la acusación, la droga estaba entremezclada con bolsas de la empresa Carbón Vegetal del Litoral que habían sido enviadas desde Quitilipi e inspeccionadas primero por la aduana de Barranqueras y luego en el puerto de Buenos Aires. Es decir, resulta casi imposible que todas estas operaciones se hayan realizado si haber existido, previamente, complicidad de la Aduana. Pero lo que resulta aún más escandaloso es que, en marzo pasado, Ricardo Echegaray haya puesto a Michel al frente de ese organismo de control. Recordemos que este funcionario, que durante cinco años se desempeñó como subdirector general de Coordinación Técnica Institucional de la AFIP, fue acusado de ser uno de los responsables de haber puesto en marcha los operativos de aprietes contra periodistas y medios independientes –como el diario Hoy- y contra dirigentes opositores. Eso no es todo: también estaría involucrado en la causa que investiga lo ofensiva del organismo recaudador contra Ricardo Lorenzetti, presidente de la Corte Suprema. La causa resultó sobreseida por el juez federal Sergio Torres, pero el fiscal Carlos Stornelli apeló esa decisión y en mayo pasado los camaristas Martín Irurzun, Eduardo Farah y Horacio Cattani declararon la nulidad de esa resolución y exigieron al magistrado instructor que dicte una nueva basada en una fundamentación de la prueba. ¿Se hará Justicia?

El fiscal apuntó al personal de la Aduana

El fiscal general de Chaco, Federico Carniel, alegó ayer durante casi cinco horas ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Resistencia: describió los tres hechos que llegaron a juicio y las responsabilidades en ellos de los principales imputados, el abogado Carlos Salvatore y el empresario Patricio Gorosito, en el debate oral y público por el contrabando de más de una tonelada de cocaína a Europa investigado en la denominada causa "Carbón Blanco".

 Carniel centró ayer su exposición en la descripción de los hechos. Los consideró "acreditados" por la prueba recogida en la investigación y enmarcó el caso en el "contexto de criminalidad organizada transnacional".  El fiscal evaluó, entre otras pruebas, los videos de la planta que muestran la consolidación de las cargas, y señaló que "los controles fueron ficticios y que el personal aduanero tuvo, por acción u omisión, participación en el proceso de carga del estupefaciente".

El fiscal tuvo en cuenta que durante uno de los allanamientos a las oficinas de Salvatore la policía secuestró un documento aduanero, resultado de una inspección por escaner que había dado resultado "sospechoso", de una carga similar a las enviadas por la firma Carbón Vegetal del Litoral a Portugal. En ese sentido, Carniel puso de relieve que Salvatore "no sólo tenía en su oficina una constancia de uso exclusivo del personal aduanero, lo que permite cuanto menos deducir que también poseía los vínculos necesarios con las personas que directa o indirectamente tenían acceso a dichos documentos, sino que también – y lo más importante- es que pertenecía a un cargamento con las mismas características que los envíos de carbón con cocaína: misma ciudad y aduana de origen e igual destino, correspondiente a 'Carbón Vegetal del Litoral' con destino al puerto de Lisboa y correspondiente al período temporal en el que la estructura criminal aquí investigada ha operado".

 El fiscal además recordó que la investigación de la justicia de Portugal determinó que aquella constancia de escaner se correspondía con un cargamento del 3 de noviembre de 2011 en el que se contrabandearon 500 kilos de cocaína, doce de los cuales quedaron olvidados en el contenedor y fueron descubiertos por los trabajadores de una empresa de procesamiento de carbón que hicieron la denuncia que dio origen a la causa.