Exigen explicaciones por el aumento de precios de alimentos esenciales

La Defensoría del Pueblo bonaerense pidió una audiencia pública. Quiere saber si hay irregularidades en la Ley de Competencia. Preocupa la concentración en pocas cadenas de producción y el cierre de unos 100.000 comercios minoristas con cerca de un millón de despedidos 

La Defensoría del Pueblo bonaerense exigió que se lleve adelante una audiencia pública para analizar los injustificados aumentos de los precios de los alimentos, en un contexto de claras conductas anticompetitivas en las grandes cadenas de supermercados.

El pedido fue hecho a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) y se basa en investigaciones de mercado realizadas por la Defensoría, luego de un trabajo llevado adelante en forma coordinada con todas las delegaciones que tiene en distintos puntos de la Provincia.

De acuerdo al organismo, el estudio arrojó que existe un aumento desmedido de los precios de los alimentos básicos, lo que afecta derechos humanos fundamentales de los sectores más vulnerables, y se da como producto de un proceso de concentración y carterización que entre 2016 y lo que va del presente año provocó el cierre de aproximadamente 100.000 comercios minoristas y la pérdida de un millón de puestos de trabajo.

En ese sentido, desde la Defensoría del Pueblo reclamaron que se convoque de forma urgente a una audiencia pública para que toda la sociedad sepa las razones por las que las grandes cadenas suben los precios de los productos más esenciales, además de por qué en muchos casos no ofrecen marcas alternativas que puedan beneficiar a los que menos tienen.

En un comunicado expresaron: “Las conductas anticompetitivas de las grandes cadenas minoristas se reflejan en los precios exhibidos en góndola, donde es común encontrar diversidad de marcas pero de muy pocas empresas. Esto limita de manera inconstitucional la competencia y fija precios que no tienen relación con los costos de producción, lo que genera ganancias extraordinarias a costa de los bolsillos de los consumidores”.

Además, desde la Defensoría reclamaron que la CNDC  profundice el control sobre las relaciones entre los grandes supermercados y sus proveedores, teniendo en cuenta el acceso oligopólico que tienen algunas de las empresas más importantes a las góndolas y que, ante la 

existencia de conductas anticompetitivas, aplique las sanciones previstas en las normas de protección de los consumidores.

Lorenzino: “Hay que frenar el control que hacen las grandes empresas”

El titular de la Defensoría del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, en diálogo con Hoy, se mostró preocupado por el alza en los precios de los alimentos que componen la Canasta Básica.

“En nuestro sistema constitucional existe libertad de industria y de comercio. Por tanto, salvo excepciones, los precios se fijan a través de la libre competencia en el mercado. Muchos oferentes compitiendo benefician en calidad y precio al consumidor. Por eso hay una ley nacional de Defensa de la Competencia que prohíbe y sanciona la limitación de la competencia, el acceso al mercado y el abuso de posición dominante”, afirmó Lorenzino.

La autoridad de aplicación de la ley es la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia y uno de sus instrumentos es la convocatoria a audiencia pública 

Lorenzino explicó que “la convocatoria a una audiencia pública requiere de solo 20 días de antelación a su realización. Participan los afectados, las asociaciones de consumidores, asociaciones empresarias, las provincias y toda persona con interés legítimo. Se pueden pedir dictámenes a universidades y las multas pueden llegar a los 150 millones de pesos como máximo, y la división o desconcentración de las empresas oligopólicas. La Ley establece que si desobedecen en este último ítem, la multa será de un millón de pesos diarios”.

“En síntesis, lo que estamos diciendo es que hay pocas cadenas de supermercados y que solo venden productos de pocas empresas, dejando afuera a muchas que van quebrando”, indicó el defensor del Pueblo. Luego sostuvo: “Hay que frenar el control que hacen las grandes empresas, que son cuatro o cinco, en los grandes supermercados, que en definitiva no te permiten que haya competencia o te regulan la competencia: si querés   competir, ellos te fijan el precio”.

“Una audiencia pública para fijar precios nunca se hizo, por lo que será inédita. Está establecido en la ley, es legal, pero nadie lo hizo, porque eso compromete al Gobierno a una política de control”, agregó el funcionario.