General Rodríguez: una licitación con extraño domicilio que complica a nuevo concejal massista

Diario Visión, periódico del conurbano sur, sacó a luz un tema ennegrecido de la política que involucra al massismo y una de sus tantas patas flojas.

Descubrió dicha investigación una licitación que se hizo el 4 de junio de 2014 para la construcción de una "carpeta asfáltica" en tres cuadras del municipio de General Rodríguez, en el barrio Parque Irigoyen.
Dicha licitación terminó favoreciendo a Acot S.A, empresa que tiene sede en el mismo lugar donde funciona el sindicato de remises (Rivadavia al 1390), a unas diez cuadras del municipio.

Pero la frutilla del inconveniente “postre”, lleva la foto de Gabriel Venditti, secretario general del sindicato, quien hasta mediados de julio fue el coordinador en el Concejo Deliberante de General Rodríguez, cercano al concejal Manuel González, quien en los últimos días concretó su pase al Frente Renovador. Tan fuertes son estos vínculos que el concejal González, según él mismo expresó, es el garante de la vivienda donde conviven el sindicato de remises y la empresa constructora.

Lo cierto es que donde tendría que funcionar una constructora es sitio de automóviles de alquiler, algo que por supuesto no tiene nada que ver con la adjudicación realzada a través del Decreto 804 para la puesta en marcha de una obra por valor de $ 449.860.

Por supuesto que la firma del decreto que adjudicó la obra a ACOT S.A. en lugar de hacerlo con EDIMAT S.R.L, lleva las firmas del intendente K Juan Pablo Anghileri, del secretario de Obras y Servicios Públicos, Marcelo Basilotta; y del secretario de Legal y Técnica, dr. Gastón Alberto Domínguez Gómez.

Tal como se pregunta el portal, si ¿es ilegal que ACOT S.A. haya dado su domicilio legal en la sede del Sindicato de Remiseros? Indudablemente no. Suena mal, pero no es ilegal. Pero si le agregamos que la máxima autoridad del Sindicato, Gabriel Venditti, tiene un nombramiento en un cargo "político" en la estructura del Frente para la Victoria, en una institución de la democracia como lo es el H. Concejo Deliberante, ahí sí, pediríamos una investigación a la Fiscalía por "negociaciones incompatibles con la función pública, dádivas, etc.".