IOMA: la corrupción que enferma

El gobierno sciolista, a través de la obra social, favoreció a los hospitales Italiano y Español de La Plata con millonarios beneficios a cambio de prestaciones gratuitas y solidarias que nunca se realizaron. El papel jugado por el exministro de Salud Claudio Zin. Los negocios oscuros que Vidal no denuncia

Cambian los gobiernos y el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) sigue siendo una caja de Pandora desde donde salen hechos de corrupción que ponen en riesgo a más de dos millones de afiliados.

La semana pasada el diario Hoy informó que el Hospital Italiano de La Plata cerró su sala de cuidados pediátricos, luego de un conflicto con profesionales médicos que decidieron renunciar masivamente porque desde el nosocomio se negaban a pagar aquello que le corresponde a pediatras que realizan guardias nocturnas (ver aparte). Ahora bien, así como el testaferro K Lázaro Báez decidió implementar un fuerte ajuste, suspendiendo y echando a miles de trabajadores cuando se cortó el flujo de fondos desde el Estado, se sospecha que en el Italiano estarían adoptando una actitud similar.

El Italiano y el Hospital Español son instituciones médicas que fueron beneficiadas con millonarios aportes del Estado nacional y del Estado bonaerense durante la era sciolista-kirchnerista. En el Caso de la Provincia, gran parte de estos favores fueron dados a partir de dos resoluciones -792/07 y 4742/07- del Ministerio de Salud de la provincia mediante las cuales se les otorgó a esos nosocomios el rango de Efector Comunitario Calificado (ECC). ¿Qué significa? Fue la calificación utilizada por el IOMA como excusa para entregarles un aporte mensual equivalente al 8% adicional sobre toda su facturación a cambio de prestaciones que en forma gratuita y solidaria se comprometían a hacer (y que nunca realizaron) las mencionados instituciones médicas.

Con este acuerdo, según pudo saber Hoy, los nosocomios –a lo largo de ocho años- habrían recaudado más de 50 millones de pesos aportados por el Estado bonaerense, en momentos en que los hospitales públicos de la Provincia carecen de los insumos más elementales y se caen a pedazos por la falta inversión pública.
 
Maniobras oscuras

Una de las personas que mayor “lobby” interno realizó en el IOMA para firmar este acuerdo fue su entonces vicepresidente y luego titular del organismo, Antonio La Scaleia, quien el 13 de mayo de 2008 logró que el directorio de la obra social  institucionalice el beneficio ECC. La excusa esgrimida fue “la trayectoria como prestadores de excelencia” del Italiano y el Español,  comprometiéndose así a considerar “el otorgamiento de un reconocimiento especial a esos nosocomios”.

La realidad es que, debido a que la categoría de efector comunitario es otorgada por el Ministerio de Salud, el 8% debería haber salido de la cartera sanitaria. Ahora bien, como muchos dejaban los dedos marcados, se habría decidido desplegar toda una red de artilugios desde el IOMA para otorgar esos millonarios beneficios a estos establecimientos privados que nada tienen de comunitarios, ni mucho menos de solidarios, a punto tal que ni siquiera atienden a afiliados del PAMI porque no les es “negocio”.

Al no tener el instituto una relación directa con los prestadores (hospitales y sanatorios), la solución para Scioli y su entonces ministro de Salud, Claudio Zin provino de la pluma de La Scaleia, que ideó un acta que terminó siendo firmada entre el Directorio del IOMA con ACLIBA I (Asociación de Clínicas de Buenos Aires) en representación de los nosocomios platenses. ACLIBA es el agente pagador, único autorizado a recibir los pagos de la obra social, y también interviene en el millonario negocio de las prótesis (ver página 5).

De esta manera, Zin -actual senador italiano en representación de los italianos en Sudamérica y que en esos momentos se encontraba en campaña política- buscó mostrar a la comunidad italiana “ese gesto” que nada tuvo de gratuito. Costó millones que salieron de todos los bonaerenses. Fue tal la puesta en escena que el propio Scioli decidió no estar ausente. Y hasta se sacó una foto con los embajadores de Italia y España en el acto, realizado en el auditorio del IOMA, que sirvió para presentar el convenio.
 
 Al límite de la impunidad

Desde el IOMA aseguraron a Hoy que desde el instituto “se están haciendo los débitos de estos puntos, donde no corresponde pagarlos, a partir de enero”, dando a entender que se frenaron los millonarios desembolsos económicos correspondientes al convenio con ACLIBA, el Italiano y el Español. Ahora bien, ¿qué pasará con los millones que se habrían pagado indebidamente en los últimos 8 años?, ¿por qué no se hizo la denuncia penal cuando se decidió frenar los pagos?, ¿será parte del pacto de impunidad que existe entre sciolistas y el gobierno de Vidal?

Cabe recordar que, a más de 100 días de haber asumido el gobierno, Vidal aún no ha presentado una sola denuncia penal para que se investigue a los responsable de haber dejado una Provincia en quiebra. Peor aún, en el caso del IOMA, muchos de los funcionarios vinculados a UPCN, acusados de graves delitos, sigue formando parte de la obra social.

Turbio pasado

El mediático médico Claudio Zin fue eyectado de su cargo de ministro de Salud luego de haber quedado salpicado en la investigación de la mafia de los medicamentos.

En escuchas telefónicas, el odontólogo ensenadense y exsubsecretario de Salud Alberto Costa, nombró reiteradas veces a Zin. Fueron conversaciones que mantuvo Costa con el titular de la droguería San Javier, Néstor Lorenzo, uno de los principales implicados en el escándalo, quien tenía un trato preferencial dentro de la cartera sanitaria, con acceso a contratos y contrataciones millonarias.

La causa contra Lorenzo se inició a partir de la denuncia de familiares de pacientes fallecidos, supuestamente por el consumo de remedios falsificados.

Explicaciones que no cierran

Por falta de recursos y de médicos, la conducción del Hospital Italiano cerró hace unos días atrás la Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica (UTIPE).

El nosocomio afirmó que esto se debió “a la decisión de los médicos de dejar de cubrir las guardias y la imposibilidad del Hospital de encontrar profesionales interesados en postularse para integrar la UTIPE”.

Según cuentan en sus pasillos, el Consejo Directivo querría agrandar el sector de Cardiología, y que la manera más rápida encontró para hacerlo habría sido tomando las camas de la UTIPE. Para sus autoridades, esta unidad tendría más rédito económico, con lo que agrandado generaría mayores dividendos, “equilibrando” las cuentas del hospital.

Ayuda en la mira

La inundación del 2 de abril de 2013 dejó a La Plata ante una catástrofe sin antecedentes. Poco después del hecho, Cristina Kirchner anunció la entrega de un subsidio de $16 millones al Hospital Español para reparar los daños sufridos durante la tragedia.

Poco importó que se trate de una clínica privada, que sólo atiende a quienes pagan la consulta o tienen obra social, mientras los hospitales públicos de la ciudad se caían a pedazos.

Junto al convenio que le devolvía un aporte mensual del 8% adicional sobre su facturación, esta ayuda recibida de CFK, quedó en la mira de la Justicia por la presunta colaboración del nosocomio en “alterar” los registros de muertos durante esa trágica jornada.

Vaciamiento y descontrol

En julio de 2015, desde Hoy dimos a conocer una denuncia presentada ante el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes), que advertía sobre graves irregularidades en el Hospital Italiano.

La misma refería a maniobras hechas para traspasar los socios adherentes del Plan de Salud del nosocomio al IOMA, lo que significó un escándalo por no ser consultada con sus asociados y por haber sido una decisión unilateral de sus mandos.

Fuentes consultadas por Hoy aseguran que no hay antecedentes de que una obra social estatal como el IOMA absorba una mutual privada, más teniendo en cuenta que la misma se encontraba en quiebra desde lo económico y desde el punto de vista prestacional.

Negociados de alto calibre

El saqueo a los afiliados del IOMA pone a la obra social al borde del colapso. El infame negocio hecho por privados con las prótesis e implantes. Sobrefacturaciones millonarias y grave desfalco al Estado. El oscuro papel jugado por UPCN

Casi en soledad, desde el diario Hoy se ha venido emprendiendo desde hace años una lucha contra los negociados que han puesto al IOMA en un estado de virtual destrucción, donde la corrupción política hizo añicos a la obra social más grande de la provincia.
 
El descontrol reinante en el instituto, llevó a que se hicieran oscuros negociados a espaldas de los bonaerenses, como los realizados por intermediarias relacionadas con el negocio de los implantes y prótesis, que recaudan sumas millonarias al año por servicios inexistentes.
 
Uno de los principales convenios del IOMA es el relacionado con la provisión de insumos, firmado en 1993 con la Asociación de Clínicas de Buenos Aires (ACLIBA) y la Federación de Clínicas (FECLIBA), quedándose estas instituciones con el 2% de la facturación total de la obra social por la compra de insumos.
 
En 2011 se sumaron dos empresas privadas, Kotao SA y Prestaciones RG SA (rebautizadas como Salud Médica Laboral), que es quedaron con el 2% cada una del total facturado, es decir, junto a ACLIBA y FECLIBA, la intermediación se queda con el 6% de la adquisición de materiales. Un negocio redondo y millonario.
 
En los dos lados del mostrador

ACLIBA, la misma asociación que firmó el convenio entre el IOMA y los Hospitales Italiano y Español para darles cuantiosos beneficios de dinero durante años, se queda en la intermediación de las prótesis, por ser la entidad encargada del pago, con el 2% de un negocio que mueve más de mil millones de pesos anuales.

Lo paradójico del caso, es que ACLIBA y FECLIBA le facturan a la provincia decenas de millones de pesos por la realización de tareas administrativas y auditorías, lo que significa que estas asociaciones son las encargadas de controlar los negocios que ellas mismas llevan adelante, un trabajo que antes era realizado por auditores de carrera del instituto.

En diferentes investigaciones de Hoy, demostramos los sobreprecios que se llevan adelante en estas operaciones, lo que le ocasiona al Estado provincial cientos de millones de pesos de sus arcas, en un verdadero desfalco con dinero público que podría haber sido destinado a mejorar la paupérrima atención que reciben a diario los más de dos millones de afiliados del IOMA.
 
Sin castigo

La situación descripta anteriormente se complica si se tiene en cuenta que muchas de las empresas intermediarias estarían ligadas íntimamente a UPCN, gremio que integra el directorio del IOMA, e incluso el hoy titular del organismo, Sergio Cassinotti, se desempeñó como CEO de Unión Personal, la obra social del sindicato que conduce Carlos Quintana, y que viene causando destrozos en el instituto provincial.
 
Esto ha llevado a que los responsables del saqueo a la obra social sigan impunes, y muchos de ellos inclusive han sido premiados, tal como ocurre con Liliana Méndez, una empleada administrativa sin estudios profesionales pero con llegada a Quintana, ascendida al cargo de titular de la Dirección de Auditoría y Fiscalización Médico Ambulatoria.
 
Además, se confirmó en el puesto de subdirectora a Andrea Mendiguibel, otra administrativa vinculada a UPCN que trabajó codo a codo con Marcelo Piergiácomi, el encargado del área Farmacia y Bioquímica que terminó preso y actualmente se encuentra procesado en el affaire de los oncológicos.
 
Otro caso es el de Mabel Zabala, vocal en la comisión directiva de UPCN, que sin tener estudios secundarios es coordinadora del área de registros y comunicaciones del IOMA y tiene a sus hijos y ex nuera repartidos en cargos estratégicos, por donde pasan trámites millonarios.