Los corruptos se van hoy con Cristina

Será la última jornada de CFK como presidenta. Varios corruptos dejarán de tener poder y algunos de los que buscan reciclarse tendrán dificultades. El caso emblemático de Ricardo Echegaray y la denuncia del diario Hoy

Luego de 12 años y 6 meses, el kirchnerismo llega a su fin. Hoy será la última jornada de Cristina Kirchner como Presidenta de la Nación y, más allá del culebrón que se generó en torno al traspaso (ver Sin dignidad: Cristina no va al traspaso), la realidad es que con ella se irán del poder muchos de los funcionarios acusados por los hechos de corrupción más graves y resonantes desde el retorno a la democracia.

La lista es enorme. Sólo basta con mencionar lo que significa el inefable Amado Boudou, quien es el primer vicepresidente procesado en ejercicio de sus funciones en la historia argentina. Recordemos que quiso quedarse con la principal fábrica de papel moneda en la Argentina. Y no sólo podría ir preso por este delito: también se encuentra procesado por falsificar papeles de un automóvil y por haber declarado un domicilio falso ubicado en medio de un médano del Partido de la Costa.

Asimismo, también se le termina la impunidad a Hebe de Bonafini, la titular de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, que se ha convertido en una de las máximas exponentes de la violencia política puesta al servicio de los intereses del kirchnerismo. Gracias a la protección política, Bonafini ni siquiera fue imputada luego de que su entonces hijo putativo, el parricida Sergio Schoklender, junto a un puñado de socios, se quedara con más de 1200 millones de pesos destinados por el Estado –dinero que fue aportamos todos los ciudadanos con los impuestos- para construir viviendas sociales. 

Ahora bien, uno de los mayores garantes de este saqueo fue el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray. Ninguno de los hechos de corrupción registrados en los últimos seis años se podría haber concretado si Echegaray hubiese cumplido  con los deberes de funcionarios públicos. Por el contrario, la AFIP fue utilizada como un plafón para proteger corruptos, incluida la propia familia presidencial, cuyo crecimiento patrimonial creció de forma inédita y escandalosa durante la era K. 

Gracias a los “buenos oficios” de Echegaray, las denuncias por “enriquecimiento ilícito” fueron archivadas por el juez Norberto Oyarbide, quien se sirvió de las declaraciones juradas que dibujaron de forma conjunta el contador de los Kirchner, Víctor Manzanares, y un grupo de funcionarios de la AFIP enviados especialmente a la Patagonia.

De esta manera, al ser un garante de la corrupción K, Cristina operó políticamente en los últimos días para intentar imponerle al Partido Justicialista el nombre de Echegaray como nuevo titular la Auditoria General de Nación, un organismo contralor establecido por la Constitución nacional. Se trata de un ente que auditará lo actuado por el gobierno nacional durante los últimos años de gestión K (con lo cual podría ocultarse información muy comprometedora) y que, además, otorga fueros.

CFK no la tendrá fácil: en los últimos días, desde diversos espacios políticos, como el radicalismo, advirtieron que el actual titular de la AFIP no debería asumir al frente de la AGN porque infringe un artículo que exige no tener "procesos judiciales pendientes" (ver El defensor de la corrupción en la mira).

"Quien se propone como titular de la AGN es incompatible con lo que establece el artículo 126 de la ley de administración financiera", dijo el auditor Horacio Pernasetti, de la UCR. Allí se prohíbe expresamente que sean designados auditores generales aquellas personas "con procesos judiciales pendientes".

Una de las denuncias más pesadas es la que inició, el año pasado, la directora del diario Hoy, la señora Myriam Chávez de Balcedo, en los tribunales federales de La Plata. En la presentación, solicitó que se investigue la posible comisión de los delitos de malversación de fondos públicos, enriquecimiento ilícito, peculado, incumplimiento de los deberes de funcionario público, de los que serían penalmente responsables tanto Echegaray como el director de Aduanas, Guillermo Michel, y varios integrantes de la cúpula de la AFIP.

La presentación judicial incluye importantes pruebas documentales y se expone el contenido de las distintas investigaciones que viene publicando el diario Hoy en la que aparecen claros vínculos entre Echegaray y varios de sus funcionarios con delitos relacionados con el lavado de dinero, el narcotráfico y la conformación de empresas fantasmas. Por ejemplo, la denuncia hace referencia a Carlos Alberto Salvatore y Susana Valles. Ambos fueron condenados en la causa Carbón Blanco, acusados de integrar empresas que podrían servir como plataforma para lavar dinero del narcotráfico A partir de allí aparecen conexiones con Michel.

Concretamente, Ana Cristina Palesa, de profesión abogada,  autorizó varias de las sociedades comerciales que están o estuvieron vinculadas con el titular de la Aduana y con Jorge Lambiris, quien según distintas notas periodísticas es amigo de Echegaray al punto que habrían veraneado juntos en Río de Janeiro pese a que es un empresario al que debería haber controlado. También intervino en empresas que están o estuvieron a cargo de Salvatore, cuyo nombre figura en una decena de sociedades comerciales que serían cáscaras vacías y que podrían haberse destinado al lavado de dinero.

“Chorros” contra las cuerdas

La diputada nacional Laura Alonso, que asumirá en la Oficina Anticorrupción, ayer anticipó que pedirá reabrir las causas por enriquecimiento ilícito ya cerradas que computan grandes sumas de dinero en las cuentas del matrimonio Kirchner.

“No es posible que un funcionario que ingresa al poder con 6 millones se retire con 100 millones”, dijo Alonso anoche en un programa de TV por cable en alusión a la familia presidencial. Agregó: “por lo tanto desde la Oficina Anticorrupción voy a pedir abrir las causas que fueren cerradas sospechosamente para no perjudicar al matrimonio Kirchner por enriquecimiento ilícito en los que también se encuentran imputados personajes públicos allegados a la Presidencia”.

En el mismo programa, Margarita Stolbizer acusó directamente de “chorros” a los Kirchner y habló de los 19 plazos fijos que Cristina Fernández de Kirchner habría hecho desaparecer después de su declaración jurada.