Los debates claves de 2018: reforma laboral, electoral y del Ministerio Público

En el tratamiento de las iniciativas mencionadas, para el oficialismo es fundamental la postura que tome el bloque del Partido Justicialista, dado que puede frenar el avance de las mismas si no se alcanzan consensos

El Gobierno nacional envió al Congreso una serie de proyectos de relevancia que fueron debatidos en ambas cámaras en los últimos días de 2017, sin embargo, aún le quedaron pendientes varias iniciativas que formarán parte de la agenda de este año, entre las que se destacan la reforma laboral, la electoral y la de la Procuración General, que se encuentran en el Senado de la Nación.

En ese paquete de proyectos, la prioridad para el Poder Ejecutivo es el proyecto de ley de reforma laboral, con el que intentará avanzar en febrero en sesiones extraordinarias, según confirmó semanas atrás el jefe de Gabinete, Marcos Peña. Ante la negativa del bloque justicialista a tratar la iniciativa hasta que no tenga la aprobación de toda la Confederación General del Trabajo (CGT) el año pasado, una de las posibilidades que analiza el oficialismo es desmantelar el proyecto y buscar su aprobación por partes, debido a que algunos puntos son más cuestionados que otros por parte del sindicalismo.

Reforma electoral

La reforma electoral es otro de los proyectos que el Partido Justicialista (PJ) trabó en el Senado por orden de los gobernadores peronistas y que el Gobierno quiere aprobar este año, aprovechando que no habrá elecciones. Uno de los puntos más controversiales de dicha iniciativa es la implementación en todo el país del sistema de Boleta Única Electrónica que ya se utiliza en la Ciudad de Buenos Aires y en territorio salteño. 

Cabe recordar que los senadores ya mantuvieron una reunión con los gobernadores, quienes rechazaron mayoritariamente la implementación de la boleta electrónica. La postura del justicialismo respecto de ese sistema, el cual solo funciona en seis países del mundo y en algunos de ellos de forma parcial, seguiría siendo de rechazo, por lo que el Gobierno comenzó a pensar en aplicar la boleta única en papel para ver si así logra conseguir consenso al respecto.

Procuración General

La reforma del Ministerio Público Fiscal es otro de los temas que abordará el Congreso durante las próximas sesiones, si es que el interbloque de Cambiemos logra un acuerdo con los senadores del PJ. La iniciativa fue elaborada por el Poder Ejecutivo el año pasado con la finalidad de limitar el mandato y el campo de acción de la entonces procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, a quien deberán buscarle un sucesor. 

El proyecto fue debatido en comisiones y recibió muchas críticas de diversos juristas y especialistas en Derecho, incluyendo a la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez. Ante dichos cuestionamientos, el justicialismo hizo varias modificaciones sobre el proyecto que sin embargo no fueron aceptadas por Cambiemos, lo que llevó a que la reforma se estancara. 

Según el presidente provisional del Senado y referente del oficialismo, Federico Pinedo, los cambios sugeridos por el PJ “reflotaban la existencia de direcciones generales del Ministerio Público Fiscal que congelan y convalidan lo que hizo Gils Carbó”.

Código Penal

Asimismo, si bien todavía no hay un proyecto presentado en el Congreso, el Gobierno ya dio a conocer su intención de que el Presidente Mauricio Macri anuncie oficialmente el envío de esta reforma el 1º de marzo, cuando se presente ante la Asamblea Legislativa para inaugurar el año parlamentario. Entre los principales ejes de este anteproyecto se encuentra la eliminación de la libertad condicional para delitos violentos, como abuso sexual agravado, secuestro extorsivo, privación ilegítima de la libertad, trata de personas, tortura, desaparición forzada y terrorismo. 

El Gobierno no renovó la “emergencia” económica

El Gobierno nacional decidió no renovar la “ley de emergencia pública y reforma del régimen cambiario” que había sido sancionada el 6 de enero de 2002, por lo cual quedaron atrás una serie de facultades delegadas al Poder Ejecutivo, como establecer el sistema que fija el tipo de cambio entre el peso y las distintas divisas extranjeras. Asimismo, también permitía pautar retenciones a la exportación de hidrocarburos, fijar tarifas, renegociar los contratos de servicios públicos en manos de empresas privadas y regular los precios de la canasta básica. 

La decisión ya había sido adelantada en septiembre pasado por el ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren. El funcionario nacional había asegurado que así se podría llevar adelante la renegociación de todos los contratos pendientes entre el Estado y el sector privado en materia de servicios públicos y empresas concesionadas. “Este año, la Ley de Emergencia Económica del 6 de enero de 2002 llega a su fin. Debemos recuperar los marcos regulatorios y no volver a incumplirlos”, sostuvo Aranguren.