Los secuestros extorsivos, bajo la lupa de un especialista en combatirlos

Se registra un caso cada 40 horas en la Argentina. Santiago Marquevich es titular de una Unidad Fiscal Especializada. Su tarea es coordinar el trabajo de las fiscalías federales de todo el país que intervienen en este tipo de delitos, cuyos mayores índices se registran en el Conurbano bonaerense y la Ciudad de Buenos Aires 

El secuestro extorsivo es un delito de competencia federal, con la particularidad de que la investigación está a cargo de fiscales desde el año 2003, cuando se introdujo un cambio en la legislación.

“La forma en que toma conocimiento el fiscal es a través de la Policía, porque alguna persona hizo una denuncia, como cualquier otro ilícito. Dicen, por ejemplo, secuestraron a un familiar y están pidiendo rescate. Otra manera de intervención se da cuando ya terminó la privación de la libertad y un familiar pagó el rescate”.

Así lo informó a diario Hoy Santiago Marquevich, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Secuestros Extorsivos (Ufese), dependiente de la Procuración General de la Nación. Su tarea es coordinar el trabajo de las fiscalías federales de todo el país en este tipo de delitos, cuyos mayores índices se registran en el Conurbano bonaerense y la Ciudad de Buenos Aires. 

“Lo que ocurre en este último tiempo es que hay secuestros de muy corta duración: el fiscal se entera de forma casi simultánea al pago del rescate o la liberación de la víctima, porque los hechos son muy breves. Entonces, cuando algún familiar o testigo se acerca a hacer la denuncia o llama al 911, prácticamente pasan pocos minutos hasta que la víctima es liberada”, sostuvo el fiscal. 

“La mayoría de estos delitos no duran más de cuatro horas desde que la persona es secuestrada; hay un menor porcentaje que dura entre una y dos horas. Es común que la persona termine liberada antes de que se tomen las medidas”, agregó el representante del Ministerio Público.

Con respecto a los métodos de investigación, Marquevich explicó que son distintos de acuerdo a las características de los hechos, en los que “trabaja un equipo de Policía especializado en el tema. No interviene personal que desem­peña tareas en una comisaría, sino personal de investigación entrenado para combatir secuestros extorsivos, con acompañamiento psicológico”.

“La diferencia (con un delito común) es que muchas veces se investiga un hecho que está ocurriendo, no es algo que ya terminó”, mencionó Marquevich, y aclaró que los especialistas que intervienen en estos casos no tienen injerencia sobre si hay que pagar o no el rescate, pese a que este aspecto se toma como agravante al momento de una condena.

Desde la fiscalía “sí recomendamos que, cuanto antes se haga la denuncia, mejor, para que el Estado pueda asumir su rol en la investigación y hacer todo lo posible para lograr preservar la vida de la víctima secuestrada y tratar de lograr su liberación”.

Delito común y federal

Con referencia a las denuncias sobre averiguación de paradero, el funcionario judicial aclaró que “no implica un delito: es la desaparición de una persona y hay que averiguar en qué circunstancias ocurrió. Puede ser que una persona esté perdida, que haya chocado o que esté internada. También puede ser que sea víctima de un delito como la privación de la libertad, que no es de competencia federal, pero si esa privación va acompañada de un llamado extorsivo ahí sí empieza a intervenir un fiscal federal”.

En caso de que el secuestro termine en asesinato, “la pena es mucho más grave. En la historia de nuestro país ocurrió, pero en la mayoría de los casos no. Tenemos casos muy conocidos como el del taxista (Alberto Sarubbi) o Axel Blumberg, y otro más ocurrido en Campana, el año pasado”, comentó el fiscal. Pasada la medianoche del 17 de noviembre de 2016, Alberto Sarubbi fue secuestrado en el barrio porteño de Belgrano y llevado hasta el barrio Villegas, ubicado en el partido bonaerense de La Matanza, donde fue ejecutado. En tanto, el caso que marcó un antes y un después en la historia de los secuestros extorsivos en la Argentina fue el de Axel Blumberg, ultimado de un disparo en la sien el 23 de marzo de 2004, lo que generó un estado de conmoción en todo el país. Fue tal el escándalo que el Congreso Nacional votó un paquete de leyes que incrementaron las penas para los acusados de asesinatos.

Zonas peligrosas

De los 219 secuestros registrados en 2016, 72 ocurrieron en Lomas de Zamora y 64 en Morón, con una frecuencia que representó una privación ilegal de la libertad cada 40 horas. Si se tienen en cuenta los datos de abril de este año, Marquevich comentó que “en Lomas no hubo ningún caso; en Capital hubo nueve, y en la jurisdicción de la Fiscalía General de Morón, seis”.

Los secuestradores “son tres o más personas que intervienen en el hecho, pero a veces no de manera organizada, estructurada y premeditada, aunque tienen claro lo que van a hacer y se reparten los roles. Van siempre armadas, pero actúan de acuerdo a lo que va surgiendo en el momento”, remarcó el funcionario.

Con referencia al prontuario de los malvivientes, el fiscal federal comentó que “normalmente tienen antecedentes por robo, hurto, tenencia de armas o algún delito de escalas menores, y vuelven a reincidir con delitos más graves”. Agregó que el secuestro extorsivo no es excarcelable, por lo cual “va acompañado con una peligrosidad que amerita que se dicte el procesamiento y la prisión preventiva”.