Lucha contra la corrupción: intiman a 2.100 policías de la Bonaerense

Es por no haber presentado las declaraciones juradas en el plazo establecido por decreto. En Asuntos Internos no informaron su patrimonio 800 uniformados, y en la Escribanía General de Gobierno, 1.300. Si en 24 horas no cumplen con la orden de la gobernadora, serán sumariados

La dirección de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad intimará a 800 integrantes de la Policía Bonaerense por no presentar en el plazo establecido la declaración jurada ante ese organismo y a otros 1.300 por no hacerlo en la Escribanía General de Gobierno.

En este marco, y luego de haber extendido un mes el período establecido por el decreto firmado por la gobernadora María Eugenia Vidal, el auditor general de Asuntos Internos, Guillermo Berra, le pedirá al jefe de la Policía Bonaerense, Fabián Perrone, que envíe una circular a todos los destinos de la fuerza con la advertencia de que, en caso de no presentar la declaración jurada en 24 horas, serán sujetos a sumarios administrativos y cesanteados (expulsados de la fuerza).

Por el decreto de la gobernadora debían presentar la declaración jurada de sus bienes los policías, a partir del rango de oficial inspector, todo el personal de jerarquía inferior a cargo de una comisaría y la totalidad del personal que preste servicios, sin importar jerarquía o función, en la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas y Crimen Organizado.

Según esta disposición, unos 14.500 policías debían presentar sus declaraciones juradas ante la Auditoría General de Asuntos Internos de la Provincia de Buenos Aires y la Escribanía General de Gobierno bonaerense.

Berra dijo ayer que “todos los jefes de alta jerarquía, de la cúpula, ya presentaron su declaración correspondiente, y a los 800 que aún no lo hicieron se les emitirá una circular intimándolos a que lo hagan en el término de 24 horas, de lo contrario se iniciarán acciones sumarias, que pueden concluir en cesantía”, detalló.

Formato digital

Cabe destacar que durante el corriente año, las declaraciones juradas debieron ser presentadas en formato digital, con el objetivo de reducir gastos, acelerar el proceso de entrega y transparentar el proceso. 

Un vocero del gobierno bonaerense le dijo a diario Hoy que “lo que se pretende es saber si los policías se enriquecen de manera ilícita. Buscamos transparencia y luchamos contra la corrupción. Por eso no solo los uniformados deben blanquear sus patrimonios, sino también todos los funcionarios bonaerenses, incluidos los ministros y la gobernadora”.

Los policías que no presentaron su declaración ante Asuntos Internos y que no respondan a la notificación de la circular mencionada van a ser sometidos a un proceso en el que serán cesanteados. En el caso de que declaren sus bienes fuera de término, la sanción será suspensiva.

Los uniformados que no declaren sus bienes ante la Escribanía General de Gobierno tendrán un proceso más largo, pero también recibirán medidas disciplinarias por Asuntos Internos.

El antecedente de 2016

El año pasado no presentaron sus declaraciones juradas 274 policías, de los cuales ocho fueron cesanteados y el resto recibió suspensiones. La diferencia estuvo dada en que los 274 informaron su patrimonio fuera de término. Cabe destacar que a partir de este año, desde la Auditoría General de Asuntos Internos pueden acceder por vía digital a las declaraciones juradas, tanto a la información pública como a la reservada.

Medidas que provocaron denuncias por delitos penales  

En el marco de la lucha contra la corrupción policial, la gobernadora María Eugenia Vidal obligó el año pasado a 6.341 policías, desde la jerarquía de subcomisario hasta la de comisario general, a presentar sus declaraciones juradas.

Esa medida tuvo impacto. De los 274 que no cumplieron con la disposición de la mandataria, ocho fueron expulsados de la fuerza, y 266 resultaron sancionados con suspensiones.

Pero la cosa no quedó allí. En el análisis que hicieron los auditores de Asuntos Internos de las declaraciones juradas presentadas se detectaron irregularidades e inconsistencias entre las propiedades e ingresos.

Así fue que fueron denunciados ante la Justicia Penal 80 policías por enriquecimiento ilícito y nueve por el delito de lavado de dinero. Esos procesos penales están abiertos y, de acuerdo al resultado, Asuntos Internos podrá disponer exoneraciones.

Un caso emblemático es el del comisario general Néstor Omar Martín, quien era responsable de la coordinación operativa de la Policía. En su declaración jurada figura que posee una flota de helicópteros, 101 terrenos en La Plata y hasta sería accionista en fondos comunes que manejan pases de jugadores de fútbol. Asuntos Internos lo denunció en la Justicia Penal. Martín renunció a su cargo y pidió el pase a retiro.