Macri busca bloquear acceso a prueba clave de la causa por presiones al Grupo Indalo

La defensa del expresidente Mauricio Macri presentó hoy un escrito ante la Cámara Federal de Casación Penal con el que advirtió que pretende llegar a la Corte Suprema de Justicia con su planteo en contra de la decisión de la jueza María Servini de ordenar una pericia sobre sus llamados telefónicos en el marco de la causa por las supuestas presiones al Grupo Indalo.

La presentación lleva la firma del abogado de Macri, Pablo Lanusse, quien anunció a la Sala III del máximo tribunal penal que tiene previsto “interponer recurso extraordinario federal, contemplado en la Ley 48, conforme las reservas oportunamente introducidas” por lo que se “se deberán mantener y respetar los efectos suspensivos del caso hasta que la cuestión quede firme”.

La presentación tiene por objetivo evitar que la jueza Servini acceda a un informe ya elaborado por la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) que depende de la Corte Surpema de Justicia y es por eso que el escrito de la defensa de Macri refiere a los “efectos suspensivos” de su presentación.

El escrito fue presentado menos de 24 horas después de que la Casación avalara las decisiones de Servini al declarar inadmisible el planteo de la defensa del expresidente en el que se sostenía que la medida de prueba era “desproporcionada”.

“La procedencia o no de medidas de prueba, o a su alcance, como la aquí analizada, no son susceptibles, salvo excepciones entre las que no se incluye la presente, de ser recurridas por la vía seleccionada, la que en consecuencia resulta inadmisible”, sostuvieron los jueces Eduardo Riggi, Lilian Catucci y Juan Carlos Gemignani.

“Las asistencias técnicas no han logrado acreditar fundadamente la existencia de una cuestión federal de entidad suficiente, ni la concurrencia de alguna circunstancia que imponga la habilitación de la competencia de esta Cámara Federal de Casación Penal como tribunal intermedio”, remarcaron en el fallo que permite adivinar que el nuevo recurso planteado por la Lanusse no tendrá éxito.

En el mismo fallo habían destacado que "las decisiones impugnadas -relacionadas con la nulidad y alcance de una medida probatoria- no revisten la calidad de sentencia definitiva ni se equiparan a ella.

La jueza Servini ordenó los entrecruzamientos de llamados entre los imputados para determinar si se contactaron entre sí o con personas que podrían resultar de trascendencia para la investigación en fechas consideradas clave en la pesquisa vinculada a la situación de las empresas de Cristóbal López y Fabián De Sousa.

Ante una apelación de Macri, la Cámara Federal porteña ratificó la medida pero le ordenó a la magistrada circunscribirla a hechos concretos de la investigación y no realizarla de manera general.

El 29 de octubre pasado, Servini delimitó "el marco temporal de la medida de prueba dispuesta a los 10 días anteriores y posteriores" a ciertos sucesos.

Las defensas volvieron a apelar y alegaron "violaciones al derecho a la intimidad, como asimismo cuestiones de Estado y de seguridad nacional", recordó Casación al rechazar estos recursos por "inadmisibles".

Servini ordenó pedir los informes por hechos puntuales ocurridos desde el 25 de octubre de 2015 y el 9 de abril de 2019, incluidas las detenciones y posteriores liberaciones de López y De Sousa por supuestos delitos en su petrolera Oil Combustibles.

Según la denuncia, los acusados habrían " ejercido presiones a partir de actos públicos y en la esfera privada de los dueños del Grupo Indalo, con reuniones en las que habrían participado funcionarios públicos y hasta el mismísimo –entonces– presidente Macri".