Nueva denuncia contra Kreplak por proteger a un represor vinculado con Milani

Se lo acusa de “encubrimiento” y de “omisión de persecución de la acción penal”. Pese a estos graves delitos, el cuestionado magistrado se niega a excusarse y el represor Estanislao Chiara Vieyra sigue en libertad, cuando tiene un pedido de detención desde hace tres años. Lo mismo ocurre con otros imputados por crímenes de lesa humanidad

El abogado platense Juan José Losinno presentó una nueva denuncia contra el cuestionado titular del Juzgado Federal nº 3 de nuestra ciudad, Ernesto Kreplak, por proteger a un represor vinculado con el exjefe del Ejército durante el gobierno kirchne­rista, César Milani. Se trata del exagente de inteligencia Estanislao José Chiara Vieyra, acusado de aberrantes crímenes de lesa humanidad ocurridos durante la Dictadura Militar en el centro clandestino de detención conocido como “La Cacha”.

Según Losinno, hace tres años se encuentra vigente un pedido de detención sobre Chiara Vieyra el cual, sospechosamente, no es ejecutado por Kreplak. En ese sentido, días atrás el abogado hizo una nueva presentación donde le imputa al juez los delitos de “encubrimiento” y de “omisión de persecución de la acción penal”. El denunciante requirió que se desarchivara la causa que incluye el pedido de detención realizado por el Ministerio Público hace tres años, planteo que fue rechazado por el magistrado con un insólito argumento: “No alcanza un standard mínimo de inteligibilidad”. Tampoco hizo lugar a la denuncia por encubrimiento que involucra al propio magistrado, cuando en realidad debería haberse excusado y dejar que otro juez analizara si el planteo de Losinno es viable o no.

“La nueva presentación en realidad es la punta de un ovillo que desenmascara al fuero federal platense que actúa encubriendo a represores. Vengo denunciando a los fiscales de La Plata por omisión de persecución de la acción penal. Chiara Vieyra está imputado por los homicidios de Laura Carlotto (hija de Estela, titular de Abuelas de Plaza de Mayo), de la familia Bettini y de todas las víctimas de la ciudad que estuvieron ilegalmente detenidas en el centro clandestino La Cacha”, explicó Losinno a diario Hoy.

“Este personaje, Chiara Vieyra, cuenta con una protección política que coincide con la pertenencia partidaria del juez Kreplak. Esto que digo es grave y Kreplak es el autor de este delito de prevaricato que yo estoy denunciando. Voy a recusarlo el día lunes (por hoy) y a pedir el juicio político”, dijo el letrado. Además, agregó: “Le pedí nuevamente la detención de Chiara Vieyra a Kreplak y no me escuchó. Por eso ahora lo denuncio por encubrimiento y omisión de persecución de acción penal. Al juez Kreplak le estoy imputando esos delitos y lo que debió hacer es excusarse y dar intervención a un juez hábil para que juzgue si mi denuncia es válida o no. Pero hay un error más grave todavía, el otro imputado es el fiscal Hernán Israel Schapiro, hermano del secretario del juzgado de Kreplak”.

Vinculaciones

Losinno también sostuvo que “Chiara Vieyra es una persona vinculada al kirchnerismo. Su hija, Guadalupe, era la secretaria privada de Luis María Carena, quien era jefe del Estado Mayor Conjunto y un hombre de Milani. Además, el fuero federal sigue respondiendo a Horacio Verbitsky”.

“Otro pariente de Chiara Vieyra es Alejandro Marón, que fue presidente de Lanús y era el candidato de Cristina Kirchner para ocupar el sillón de la AFA. Esta situación es de una gravedad inusitada y clama justicia, porque se está encubriendo a un represor, a una persona acusada de horribles homicidios” dijo el denunciante. Y remarcó: “Lo que más importa es que el Consejo de la Magistratura avance rápido en el proceso de destitución de Kreplak porque los platenses no nos merecemos estar en manos de un sujeto que comete delitos para favorecerse a él mismo y a los amigos de sus amigos políticos”. 

El denunciante de Kreplak presentó este año un pedido en el Consejo de la Magistratura para que se le inicie un jury. No solo lo responsabiliza de proteger a Chiara Vieyra, sino también a otros presuntos represores que habrían actuado en “La Cacha”. Uno de ellos es Miguel Ángel Bellomo, que era un policía de la comisaría Octava de La Plata que falleció. Otro es un agente secreto llamado César Arias, alias “Willy”, quien también estaría vinculado con la represión ilegal en “La Cacha”. “El tercero es un oficial del Servicio Penitenciario Bonaerense al que el fiscal Sergio Franco le pidió la indagatoria hace 10 años y los jueces aún no resuelven”, agregó Losinno.

A todos ellos se les suma el caso de Eduardo Enrique Barreiro, otro represor vinculado con Milani, a quien Kreplak en noviembre de 2015 le concedió el arresto domiciliario para que pudiera cuidar a su suegro, que falleció tiempo después. Pese al deceso del hombre, Barreiro siguió gozando de la prisión morigerada durante varios meses hasta que diario Hoy  hizo pública dicha situación y recién en ese momento el tribunal que interviene en la causa ordenó que volviera a un penal. 

Barreiro era jefe de sección de la Compañía B del Batallón de Comunicaciones del Comando 601 de City Bell y está acusado de ser coautor de homicidio doblemente agravado reiterado en dos ocasiones, privación ilegal de la libertad cometida por un funcionario público en abuso de sus funciones, agravada por haberse cometido con violencia o amenazas, y sustracción, retención y ocultamiento de dos menores. También está acusado de ser partícipe necesario de la aplicación de tormentos. Todo esto configura un cuadro de delitos de lesa humanidad. 

Los restos de María Nicasia Rodríguez, que  sería una de las víctimas de Barreiro, fueron identificados en 2007 por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que los halló en una tumba NN del Cementerio de La Plata. 

En octubre de 2014, mientras Milani estaba al frente del Ejército, Barreiro estuvo prófugo unas semanas hasta que finalmente se entregó. La relación con el exjefe del Ejército está dada por el hecho de que Milani, en una de sus últimas declaraciones juradas, consignó que le había vendido a Barreiro el departamento 7 ubicado en el piso 6 de Moldes 2372 de Capital Federal. 

Cuando en un peritaje la Prefectura Naval detectó que el exjefe militar kirchnerista había comprado una nueva casa en La Horqueta antes de vender el departamento, el exgeneral dijo que Barreiro le había prestado dinero antes de la transacción, lo cual supone, como mínimo, una sólida amistad entre ellos.

Manto de protección para un exjuez

Otra de las causas que estaría cajoneado el juez Ernesto Kreplak involucra al exmagistrado Carlos Rozanski, quien renunció en medio de un escándalo por “maltrato laboral” contra los empleados de su propio juzgado que había derivado en un jury.

Según Losinno, “Kreplak le otorgó una indebida custodia al exjuez Rozanski, ya que el único imputado estaba preso y a la otra supuesta víctima no le dio custodia. Hoy, si alguien va a Villa Elisa, podrá ver un ejército de Gendarmería y Policía Federal en el domicilio del exmagistrado”.

“Hace un mes y medio denuncié en el juzgado de Kreplak que Rozanski, cuando era juez, se tomaba licencias de forma excesiva durante el período de días hábiles. Por ejemplo, en 2014, se tomó entre febrero y diciembre cuatro licencias para irse a Miami. Y lo hizo en el medio del juicio en el que yo defendía a uno de los imputados, con lo cual me suspendió el juicio varias veces”, agregó. 

Losinno responsabiliza a Rozanski por haber dejado prescribir mas de mil causas vinculadas con narcotráfico y secuestros extorsivos, como así también por incumplir con la obligación que tienen los jueces federales de visitar las cárceles para certificar que los presos que piden la libertad estén en condiciones de reinsertarse en la sociedad. “Si tenía tiempo para irse a Miami, entonces también tenía tiempo para visitar las cárceles y tomar las causas que dejó prescribir. El juez Kreplak no ha hecho nada, porque dice: usted no es querellante en la causa y el fiscal no ha dicho nada. En la causa de las licencias indebidas, Kreplak tiene la instrucción hace 10 meses y sospechosamente no movió un dedo”. 

“Actualmente vemos los cuestionamientos que se le hacen al juez Villafañe (quien liberó a varios residentes, entre ellos el asesino de Abril Bogado), con todo el tema de la ejecución penal. Si los jueces cumplen con su obligación y ven cómo se están comportando los presos en las prisiones van a estar en condiciones de decir: a esta persona hay que darle la libertad, a esta no. Rozanski, durante 10 años, no hizo una sola visita carcelaria, lo cual es una barbaridad”, concluyó el denunciante.

El escándalo que terminó con la renuncia de Rozanski empezó en 2009, pero estalló dos años más tarde. Pablo Bertuzzi había sido nombrado tercer integrante del Tribunal Federal nº 1 de La Plata y ni bien asumió denunció que una vieja causa prescrita dormía en el piso del juzgado. Por falta de trámite se había dejado en libertad a la banda acusada de “mejicanear” el dinero del secuestro del padre de Pablo Echarri. El denunciante recurrió al Consejo de la Magistratura y solicitó la realización “urgente de una amplia auditoría tendiente a determinar el estado de situación del Tribunal”. El Consejo envió dos auditores que comprobaron que durante 2008 prácticamente no se habían llevado adelante juicios “comunes” y que existían unas cuatrocientas causas sin radicar. 

“El tema es que lamentablemente pareciera que hay una especie de olvido cuando un juez renuncia, pero los delitos que cometieron importan y deben ser investigados. Es como el caso de Norberto Oyarbide con la causa por enriquecimiento ilícito. Estas denuncias deben continuar investigándose, es una obligación legal que tienen los jueces y fiscales en funciones”, concluyó Losinno.