Pericia clave del arma da indicios de que a Nisman lo asesinaron

A casi ocho meses de unos de los hechos que causó mayor conmoción en la historia criminal y política de Argentina, y tras un nuevo barrido electrónico realizado sobre el arma que intervino en la muerte del exfiscal Alberto Nisman que arrojó como resultado que sí deja rastros de pólvora en quien la dispara, y como en la mano de la víctima nada se halló, crecen las sospechas de que se trató de un homicidio.

Se trata de una prueba llevada a cabo en el Centro de Investigaciones Fiscales (CIF) de Salta y que se conoció ayer. Para la prueba se utilizó un maniquí al que se le envolvió la mano con piel de cerdo, por su similitud con el tejido humano.

En el cuerpo sin vida del extitular de la UFI AMIA, el que fue encontrado en su departamento del edificio Le Parc el 18 de enero pasado, no se habían encontrado rastros de pólvora. Según la prueba, la pistola Bersa calibre 22 que el técnico informático Diego Lagomarsino le había facilitado a Nisman dejó rastros de bario, plomo y antimonio en el maniquí.

La nueva pericia vuelve a abrir el interrogante sobre si el fallecido fiscal disparó o no el arma de la que salió la bala que le dio muerte. Es el tercer barrido electrónico que se realiza sobre la pistola Bersa calibre 22 y el primero que arroja este resultado, ya que los primeros dos habían dado negativo.

La investigación que lleva adelante la fiscal Viviana Fein busca determinar si Nisman se suicidó o si fue asesinado en su departamento del barrio porteño de Puerto Madero.

Esta pericia se suma a la pesquisa que aún no tiene una conclusión sobre el caso, pero en la que la querella insiste en que la muerte del exfiscal se trató de un asesinato.

El tercer barrido electrónico a cargo de expertos de Salta había sido ordenado por Fein y sugerido por la jueza del caso, Fabiana Palmaghini.

“Yo puedo salir muerto de esto" y "con esto me juego la vida", afirmó la semana anterior a su deceso durante el raid de declaraciones a los medios de comunicación, luego de que trascendiera su denuncia penal, con pedidos de indagatoria de la presidenta Cristina Kirchner y embargo de 200 millones de pesos, a la que acusaba de encubrir a los ciudadanos iraníes, presuntos autores del atentado a la AMIA.