Corrupción y lavado de dinero
Piden que Cristina y Máximo Kirchner declaren en Tribunales
La diputada nacional Margarita Stolbizer solicitó que la expresidenta y su hijo sean llamados a indagatoria por la causa Hotesur, que investiga si el clan K, junto a empresarios y amigos del poder, utilizó sus hoteles para lavar dinero proveniente de la corrupción
Hacia el final de su mandato, Hotesur fue el nombre de las pesadillas de Cristina Kirchner, por tratarse de una causa que involucra a la exfamilia presidencial y a su entorno más íntimo. Porque la exmandataria temía el escenario que ahora, lejos del poder y sin fueros, comienza a configurarse: el posible llamado a indagatoria de ella y su hijo, Máximo, en el marco de este caso que investiga si el clan K utilizó sus hoteles patagónicos para lavar dinero proveniente de la corrupción.
Precisamente ayer, la diputada nacional y excandidata presidencial, Margarita Stolbizer (GEN), le pidió al fiscal federal Carlos Stornelli que cite a prestar declaración indagatoria a la antecesora de Mauricio Macri y al líder de La Cámpora para que den explicaciones sobre el manejo de sus hoteles.
La solicitud también comprendió a los empresarios Lázaro Báez, titular de Austral Construcciones y adjudicatario de obras públicas; Osvaldo Sanfelice, socio de Máximo en su inmobiliaria de Río Gallegos, y a su esposa, Marta Alcira Leiva.
En el pedido que presentó al fiscal Stornelli -que deberá resolver si lo eleva al juez federal Daniel Rafecas-, Stolbizer describió una serie de maniobras supuestamente irregulares que habrían perpetrado en las compras y ventas a través de Hotesur S.A., que maneja el Hotel Alto Calafate.
Además, son investigados Romina Mercado, presidenta de Hotesur y sobrina de Cristina; y el empresario Antonio Ramfos, titular de Credisol S.A.
La hora de la Justicia
Ahora que a Cristina Kirchner ya no la protege ningún fuero. Ahora que se volvió tan vulnerable como cualquier argentino, será hora de quitarle el velo impune que la protege, de que el juez Rafecas (al que Stolbizer recusó, y denunció por “planchar” la causa) reactive una investigación que, desde un principio, el kirchnerismo quiso direccionar a su favor.
Después de la muerte de Néstor Kirchner, Hotesur quedó bajo el control de Cristina y sus dos hijos, Máximo y Florencia. Desde entonces, se convirtió en blanco de la Justicia.
El caso empezó a ser investigado el año pasado a raíz de una denuncia penal de Stolbizer contra la expresidenta, por supuestas anomalías fiscales y societarias a través del complejo hotelero. La causa recayó en manos del juez Claudio Bonadio, que empezó a indagar las supuestas irregularidades (por ejemplo, que Báez pagó a los Kirchner por habitaciones que no usó) y en junio del año pasado ordenó allanar la inmobiliaria de Máximo Kirchner, en Río Gallegos, en busca de documentación. Horas después de ese operativo, Bonadio fue apartado de la causa, a pedido de Romina Mercado. La decisión la tomaron en tiempo récord dos camaristas de la sala 1 de la Cámara Federal, Jorge Ballestero y Eduardo Freiler, pariente de Mercado.
Así, con Cristina en el poder, la investigación continuó corrompida. Quedó a cargo de Rafecas, quien, ni bien pudo, rechazó como querellante a Stolbizer, quien sí tuvo ese rol cuando el expediente estaba en el juzgado de Bonadio; frenó la pesquisa y benefició a la familia de Báez, al dejar que tome copia de pruebas comprometedoras.
Por estas y otras irregularidades que no entran en el espacio de esta página, la causa Hotesur es una síntesis perfecta de la corrupción e impunidad K. Con esa idea en mente, Stolbizer busca rescatarla de su letargo y lograr que, de una vez por todas, Cristina Kirchner, despojada de todo poder y blindaje judicial, se siente en el banquillo de los acusados. Como una ciudadana más.
Cada vez más cerca del banquillo de los acusados
No sólo Hotesur es motivo de preocupación judicial para Cristina Kirchner. Días atrás, Margarita Stolbizer ratificó una denuncia penal en su contra por presunto enriquecimiento ilícito y por haber omitido “maliciosamente” bienes en su declaración jurada, ya que declaró sólo 9 de los 19 plazos fijos que Néstor Kirchner tenía en el Banco de Santa Cruz, por un total de $33.791.077,67.
También, la semana pasada el abogado Luis María Llaneza presentó otra demanda contra CFK, que recayó en el juzgado de Daniel Rafecas. Llaneza solicitó pericias contables al patrimonio de Cristina, el embargo preventivo de sus bienes, el allanamiento a sus viviendas y la prohibición de salida del país. Y reclamó que se libre oficio al Colegio de Abogados de donde corresponda a fin de que informen si la expresidenta “reviste la calidad de abogada”.
Al igual que Stolbizer, este denunciante abordó el presunto delito de enriquecimiento ilícito ya que “en doce años, su riqueza creció 843,25%”; y recomendó analizar los bienes de Máximo Kirchner, y del empresario Lázaro Báez.
Lázaro Báez ya lamenta el final de la fiesta K
Terminó la fiesta K y ahora, el puñado de comensales que se sentó a ese banquete comienza a sentir la hambruna, el retorcijón en el estómago, la incomodidad de tener que trabajar para cobrar. En esa situación se encuentra ahora el empresario de la construcción Lázaro Báez, quien en tiempos de los Kirchner fue beneficiado con la administración de los hoteles presidenciales y que supo ganar las licitaciones de más de 54 obras, con ingresos que superaron los $24.500 millones.
Pero la coyuntura es bien distinta con Mauricio Macri en la presidencia. Porque a Báez no cuenta con licitaciones ni nuevas obras y su grupo –con Austral Construcciones como nave insignia- se define entre continuar con una gran reducción de personal y firmas o anunciar la quiebra. Sólo en diciembre, Báez emitió 104 cheques sin fondo por $5.730.200,41, elevando su rojo bancario a $22.369.782.
En este escenario, algunas de sus empresas (la mencionada Austral y los medios Magna FM, el diario Prensa Libre y la consultora Magna) ya otorgaron vacaciones anticipadas y extensas licencias, ante la imposibilidad de poder cumplir con el pago de haberes.
