Rutas nacionales: el negocio oscuro del descontrol vial

La Auditoria General de la Nación denunció que las empresas que manejan los peajes se autocontrolan y ni siquiera pagan las irrisorias multas que les aplica el Estado. La falta de inversiones y el colapso de la infraestructura vial

El kirchnerismo no solamente está caracterizado por la corrupción y la ineficiencia, sino también por lo absurdo. Así puede definirse el hecho de que las concesionarias viales administradas por empresarios amigos del poder, que deberían encargarse del mantenimiento de las rutas nacionales y de las autopistas, se controlan a ellas mismas. 

¿Cómo es eso? Quincenalmente las firmas deben informar al Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI), que depende del gobierno nacional, el tránsito pasante y la facturación correspondiente. Con esos datos, el ente estatal realiza los cálculos correspondientes y redistribuye a cada empresa lo que le corresponde, de acuerdo a la información declarada. El resto de lo recaudado queda en el ente para, entre otras cosas, llevar adelante obras de seguridad vial que, obviamente, brillan por su ausencia.

Un reciente informe de la Auditoría General de la Nación (AGN), el mismo ente de contralor (el único que no depende del kirchnerismo) que meses antes del siniestro de la estación Once había adelantado lo que iba a ocurrir al denunciar el colapso del sistema ferroviario, hizo distintos llamados de atención en torno al circuito de los fondos viales.

En primera instancia, la AGN alertó que los concesionarios viales mantienen multas impagas que superan los $47 millones y, llamativamente, no fueron pagadas cuando esas sumas adeudadas podrían haberse descontado, mediante un simple débito, de las redistribuciones mensuales que realiza el Estado. Esta suma es 5 veces el presupuesto del Programa Nacional de Chagas, enfermedad que en nuestro país afecta a 1,6 millones de personas y que provoca cerca de 1200 muertes al año. Todo un símbolo de la realidad argentina: en un país repleto de recursos naturales, cada vez se mueren más personas por enfermedades de la pobreza.

Eso no esto. La AGN también advirtió que “no hay un procedimiento que permita constatar la veracidad de la información que brindan los concesionarios”. En otras palabras, “el OCCOVI no valida esos datos, los da por ciertos” y paga por lo que ellos dicen. De hecho, cuando la Auditoría le pidió al ente estatal el registro donde se documenta el procedimiento de control de la información brindada por los concesionarios, éste admitió que “no existe un registro de esa naturaleza”.

No es casualidad que, ante esta manifiesta falta de controles, en la Argentina mueran mas de 7000 personas por año en accidentes de transito, muchos de los cuales son causados por la deficiente estructura vial y por el colapso que se ven en las autopistas, producto que casi todo el transporte se mueve por rutas ante la crisis terminal del sistema ferroviario.

“Los peajes son cajas políticas”

“El Occovi es un organismo trucho, que no controla absolutamente nada y que ahora pasó a depender de la Dirección Nacional de Vialidad. La realidad es que este gobierno nadie controla nada y las empresas concesionarias, a lo único que se dedican es a cobrar el peaje. Ni siquiera están cortando el pasto”, le dijo a Hoy el ingeniero Ricardo Lasca, presidente de la Comisión Nacional de Usuarios Viales (Conaduv).

Lasca agregó que “los peajes son cajas políticas y las pocas obras que se hacen se financian con recursos del Estado, es decir, con los impuestos que pagamos todos los ciudadanos, los que circulamos por las rutas y aquellos que no lo hacen. El peaje es un impuesto al tránsito. Las empresas no cumplen con ningún servicio. A su vez, los controles del Occovi son prácticamente inexistentes”.

En ese sentido, los auditores detectaron que  “entre 2004 y 2009 solo se realizaron 46 auditorías en los 6 Corredores”. Y destacaron, como un caso paradigmático, lo ocurrido en 2006 cuando “no se visitó ningún puesto” (peaje), mientras que en 2005 “solo se asistió una vez en el Corredor Vial 2”.

Subejecución y negociados

La ausencia de controles sobre las concesiones de las rutas nacionales no sólo es desidia. Forma parte de la matriz del negociado, donde también intervienen muchos empresarios muy cercanos a la Casa Rosada (ver aparte).

La Auditoría General de la Nación detectó que el OCCOVI sub ejecutó el presupuesto, entre el 2005 y  2010, en un 45,85%, es decir, que no utilizó más de $30 millones disponibles para llevar adelante obras de seguridad vial.

Por otra parte, los auditores señalaron que “hubo trabajos que no fueron ejecutados”. Por ejemplo, la pavimentación de la banquina de la Ruta Nacional 7 de Córdoba en donde nadie se presentó a la licitación o la construcción de Alcantarillas en la RN 12 en San Roque, que de tanto que se demoró la aprobación del proyecto la obra dejó de tener sentido por el cambio de las condiciones del drenaje.