Sí hay plata para jubilados: las mentiras del Gobierno

Una de las noticias que marcó la semana fue la media sanción en Diputados de varios proyectos que benefician a jubilados. Sin embargo, Javier Milei y sus funcionarios salieron rápidamente a decir que serán vetados si el Senado los aprueba, bajo la excusa que atentan contra la política de déficit cero. En todo caso, instan a los diputados especificar de dónde saldrán los recursos para esos aumentos.

No solo en los proyectos se detalla de donde puede obtener recursos el Ejecutivo para afrontar su implementación, sino que el Gobierno lanzó que el costo de estas medidas rondan los 12.000 millones de dólares (1,8% del PBI), algo que fue rotundamente desmentido por la Oficina de Presupuesto del Congreso.

El detalle de los proyectos

Los diputados dieron media sanción a un aumento del 7,2% de todas las jubilaciones y pensiones (excepto regímenes especiales).

Por otra parte, se aprobó la actualización del bono de $70.000 para los jubilados de menor escala (valor congelado desde marzo del 2024) para llevarlo a $110.000. Asimismo, también se contempló su actualización mensual a la par de los haberes (que se ajustan a la inflación).

Por último, se trató la restitución por dos años de la moratoria previsional, que permite acceder a la jubilación mínima a aquellos trabajadores con edad jubilatoria (60 años para mujeres y 65 para varones) pero con menos de 30 años de aportes.

El costo

La Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) estimó un costo fiscal del 0,26% del PBI del bono de $110.00. En cuanto a la moratoria previsional, el primer año costará 0,084% del PBI para el primer año y 0,081% para el segundo.

En cuanto al aumento del 7,2% para jubilados y pensionados, no hubo cálculo de la OPC pero el Ministerio de Economía estimó que representará 0,20% del PBI en 2025 y 0,42% en 2026, totalizando un 0,7% del PBI.

Dónde sacar los recursos

El propio proyecto de aumento de jubilaciones prevé fuentes de financiamiento: quitar exenciones del IVA a directores de empresas,eliminar beneficios del impuesto a las ganancias a las sociedades de garantía recíproca, gedireccionar fondos de registros automotores y organismos descentralizados, usar recursos liberados tras los cambios en los recargos del FMI, y readecuar las partidas para utilizar los 32.616 millones de pesos que le corresponden a la SIDE.

Lo curioso es que además de los ítems citados en el proyecto de ley, incluso existen otros lugares para obtener recursos. Por ejemplo, las exenciones de los ingresos de magistrados y funcionarios del Poder Judicial nacional y provincial están estimadas en 767.000 millones de pesos (0,10% del PBI) en 2025. O, según datos del propio Gobierno, por el total de los gastos tributarios vinculados a exenciones o rebajas impositivas, el Estado dejará de recaudar este año cerca 23,7 billones de pesos. Es decir, el 3,10% del PBI.

También se puede restablecer el Impuesto a Bienes Personales, reducido por Milei en 2024 cuando pasó de representar el 1,34% al 0,67% de la recaudación total, una modificación que sólo favorece al 1% más rico de la sociedad.