Sospechan sobre el rol de la Iglesia en el caso López

El juez Daniel Rafecas pidió que se investigue si durante la era K hubo desvío de fondos públicos a través del Arzobispado de Mercedes-Luján, cuando su titular era el fallecido obispo Rubén Di Monte. Nuevo procesamiento contra el exfuncionario, su esposa y dos supuestos testaferros

La corrupción durante la larga década kirchnerista sigue causando estragos en la Justicia y toca hasta lo más profundo de las instituciones argentinas. Ayer, el juez federal Daniel Rafecas interpuso una denuncia penal para que se indague sobre el posible desvío de fondos públicos a través del Arzobispado de Mercedes-Luján durante la era K, cuando su titular era el fallecido obispo Rubén Di Monte.

La detención el pasado 14 de junio del exsecretario de Obras Públicas, José López, en momentos en que tiraba bolsos con dinero al interior de un monasterio en la localidad de General Rodríguez, abrió las sospechas de la Justicia, que busca establecer los lazos que unieron al exnúmero dos de Julio de Vido con parte de la jerarquía de la Iglesia Católica local.

Según se desprende de la causa judicial, en los diferentes allanamientos realizados por el juez Rafecas se habría encontrado una variada cantidad de documentación en la que se evidencia “una relación muy intensa y particular con la Secretaría de Obras Públicas, a cargo de José López, que incluía pedidos y concesiones de sumas de dinero de las arcas públicas con destino al Arzobispado de Mercedes-Luján”.

El magistrado entiende que a través de la relación personal que López tenía con Di Monte se habrían trasladado decenas de millones de pesos de las arcas públicas en forma ilegal, que habrían servido para el crecimiento patrimonial espurio del exfuncionario K, como así también para la construcción de diversos mobiliarios pertenecientes a la Iglesia.

Para Rafecas es clave el papel que cumplió por muchos años Di Monte con el Ministerio que conducía De Vido, del cual López era una de las caras más visibles en el manejo de recursos para la obra pública. En ese sentido señaló como “esencial poner el ojo en el dinero recibido por el Arzobispado de Mercedes-Luján” y a partir de allí averiguar la procedencia y el destino que tuvo el mismo.

Procesos para todos

Además de solicitar el rol que tuvo parte de la Iglesia argentina en el caso, el funcionario judicial dispuso ayer otra vez el procesamiento de López por presunto enriquecimiento ilícito debido a la tenencia de su vivienda de Dique Luján, en el partido de Tigre, valuada en casi 700.000 dólares. También estableció la misma medida con la esposa del exmiembro del gobierno K, María Amalia Díaz, y sus presuntos testaferros Eduardo Gutiérrez y Andrés Galera, a quienes acusó de ser “partícipes necesarios” en el ilegal crecimiento patrimonial.

Para ratificar esta posición, el magistrado describió en las 700 páginas de su escrito que López controló el progreso de toda la obra de Dique Luján, pese a que se presentaba como un simple inquilino, y el arquitecto que la realizó por casi dos millones de pesos dijo que tenía trato frecuente con el exfuncionario y su esposa. “La vivienda fue diseñada y construida conforme a sus deseos, y vivieron allí desde ese entonces y hasta el 14 de junio pasado”, subrayó.

De acuerdo a lo surgido en la causa, Díaz habría hecho junto con su esposo la casa del Tigre a “imagen y semejanza” de la que el matrimonio posee en Río Gallegos, y no cree ninguna de las excusas dadas por ambos acerca de que la misma no era propiedad de ellos y que nada tuvieron que ver en la construcción de la mansión.

Por su parte, Galera y Gutiérrez fueron procesados por “aparecer como sucesivos titulares”, entre 2008 y la actualidad, de la propiedad de Dique Luján, en conocimiento de “que el verdadero dueño de la misma sería desde un comienzo López”. En ese sentido, se evaluó que la apariencia del alquiler era burda, ya que López pagaba una locación mensual de apenas $17.500, cuando según el colegio de Martilleros de San Isidro su valor era de U$S 3.500.

El papel jugado por las monjas

Tras haber dictado un nuevo procesamiento sobre José López, su esposa y sus presuntos testaferros, el juez Daniel Rafecas decidió dictar la falta de mérito para la religiosa del monasterio de General Rodríguez, Celia Inés Aparicio, que fue filmada el 14 de junio pasado cuando agarraba los bolsos con dinero que iba dejando López y los ingresaba al convento.

El magistrado entendió que “no hay elementos suficientes como para procesar o sobreseer a la nombrada” y por eso le fijó la falta de mérito, con lo cual seguirá siendo investigada.

En ese sentido, el juez citó como testigo para el 12 de octubre a la hermana María Martha González, que convive con la monja Inés en una casa en Luján, y se aguarda un peritaje completo sobre los videos de las cámaras de seguridad que filmaron a la segunda de las religiosas ayudando a ingresar los bolsos a López. La monja Aparicio, según Rafecas, “no verifica registro alguno de haber poseído, o poseer en la actualidad, cuentas bancarias, tarjetas de crédito o débito, registros en Anses o AFIP, deudas o créditos, propiedades, ni teléfono celular”.