Tercer Malón de la Paz: una interpelación al poder y a la quita de derechos

El nombre de “Malón de la Paz” surgió en mayo de 1946, durante el primer gobierno peronista, cuando pueblos originarios del Norte argentino marcharon a pie desde Jujuy hasta Plaza de Mayo en reclamo de territorios.

A partir de este suceso, que llevó dos meses de reclamos, el pedido por los territorios continuó en lo que se definió como el Segundo Malón por la Paz, esta vez en 2006. Llevaron su protesta caminando durante un día y medio desde los distintos departamentos de la provincia jujeña hacia Purmamarca y exigieron que se acatara un fallo judicial que obligaba a entregar 1,5 millones de hectáreas a los pueblos kolla y guaraní.

En la actualidad, este Tercer Malón es originado por la reforma constitucional del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, de Juntos por el Cambio, sancionada, como lo determinan desde la organización, “en tiempo récord y de forma inconsulta”.

La modificación de la carta magna provincial consiste en la “imposición de límites a la protesta social, la modificación de la composición representativa del Poder Legislativo”, y además representantes del Malón agregaron que “aumentó las incongruencias con respecto a los territorios de las comunidades indígenas”.

A principios de junio comenzó el trabajo de redacción del texto constitucional, a partir de esto se conocieron algunas de las propuestas antes mencionadas, y en menos de tres semanas se cerró la posibilidad de presentar dictámenes.

El sábado 17 de junio, en Purmamarca, pueblos indígenas bloquearon los caminos, lo que generó como respuesta los hechos de “represión por la reforma constitucional”. Ese día se produjeron los primeros incidentes entre Infantería y docentes que protestaban junto a comunidades originarias.

El 20 de junio, feriado nacional por el Día de la Bandera, el gobernador Morales juró la nueva Constitución en la capital provincial y hubo una masiva movilización donde, nuevamente, las fuerzas policiales actuaron durante más de cinco horas, lo que dejó decenas de heridos y detenidos.

Las manifestaciones de trabajadores de la educación, reclamando una actualización salarial en línea con la inflación, amplió el malestar social, lo que provocó el acompañamiento de quienes expresaban sus resistencias al proyecto de Constitución, en particular comunidades indígenas, funcionarios y ciudadanos.

En conversación con este medio, Ángel Arias, de 22 años y representante de la comunidad de Abra Pampa, expresó cómo comenzó este Tercer Malón de la Paz y el trayecto recorrido desde el 16 de junio hasta su visita a nuestra región.

—¿Por qué decidieron presentarse en nuestra ciudad?

—Vinimos porque queremos seguir visibilizándonos, lo que está pasando y lo que pasó en Jujuy a partir de la decisión de Gerardo Morales con la Constitución, además de los actos de violencia que eso causó.

—¿Cómo fue el recorrido para llegar hasta acá?

—Empezó en los medios, en las provincias. Salimos el 5 de julio de Jujuy, vinimos recorriendo Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Santa Fe y llegamos a Buenos Aires. Fuimos contando lo que está pasando en Jujuy por todas las provincias. Lo que está sucediendo es una prueba piloto, porque esto va a pasar en todo el país.

—¿Por qué considerás que es una prueba piloto?

—Ya hay muchos que están haciendo la reforma, en todas las provincias la están cambiando. Eso implica que las personas van a tener menos derechos y el gobierno va a tener todo el poder.

—¿Cómo los afecta a ustedes la reforma de la Constitución provincial impulsada por Morales?

—Nos afecta por completo. Nos qui­ta nuestra tierra y la posibilidad de manifestarnos, sobre todas las cosas.

—¿Pudieron ponerse en contacto con alguien del Gobierno nacional?

—El Presidente Alberto Fernández nos atendió, luego de cumplirse un mes en Buenos Aires. Salió un decreto a partir de esto y se consiguió la creación de una comisión investigadora. Es un principio eso.

En Congreso y en Diputados logramos que algunas personas nos atendieran. En cuanto a la Corte Supre­ma, no nos recibió nadie. Fue la parte más dura, porque no salió nadie, no se logró nada.

—¿Cómo vivieron los incidentes en Jujuy tras la reforma constitucional?

—Nosotros pedíamos algo y él (Gerardo Morales) nos respondía con la Policía. Se llevó a muchos hermanos, se detuvo a muchos que estaban en la lucha. La represión comen­zó el 16 de junio en Abra Pampa. y lo que más está trascendiendo fue lo que su­cedió en Purmamarca, que fue lo más grave. Lo que pasó en Abra Pampa no llegó a los medios como esto último. Allí nos desalojaron a todos, golpearon a mujeres con niños. El 17 en Purmamarca algunos compañeros perdieron la vista y psicológicamente muchos quedaron muy afectados.

—¿Cómo se conforma el Tercer Malón de la Paz?

—Decidimos organizarnos y salir a pedir que no nos quiten nuestros derechos y a unirnos todos los pueblos de Jujuy, porque si no hacemos esto ahora, no vamos a poder hacerlo después.

Sin una respuesta favorable, esta lucha va a continuar. Esto comenzó con la lucha por el agua, luego decan­tó en el pedido por una mejora en los sueldos de los docentes. Nuestras marchas siempre fueron pacíficas.

Actualmente, los cortes persisten en La Quiaca y Purmamarca a la veda de la ruta, volanteando, entregando folletos; a pesar de estar rodeados por la Policía, se continúa con la protesta.

Nuestros principales pedidos son la nulidad de la reforma inconstitucional, la solicitud de la intervención en la provincia de Jujuy y el cese de la represión, detenciones y persecuciones. Además, estamos solicitando la creación de una ley de propiedad comunitaria de los pueblos indígenas.

—La creación de una comisión y el reconocimiento de la causa...

—Desde el 16 de junio, el Tercer Malón de la Paz realizó un recorrido interprovincial que se estableció en Capital Federal, en donde obtuvieron reuniones en la Cámara de Diputados de la Nación el 28 de junio. Allí se solicitó una sesión especial y la elaboración de un documento de compromiso del ­bloque oficialista para votar por la derogación de la nueva Consti­tución de Jujuy, haciendo hincapié en el “procedimiento ilegal” por no haber realizado el proceso de ­consulta.

Entre otras solicitudes y encuentros, el 18 de agosto fueron recibidos por el Presidente Alberto Fernández. Durante la reunión, se acordó la puesta en marcha de una comisión de “investigación” y “resguardo”, conformada por distintos organismos nacionales e internacionales de derechos humanos.

El pasado jueves, la comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento de la Cámara de Diputados abrió el debate para avanzar en la creación de esta comisión bicameral, la cual se encargaría de concretar la investigación de “abusos y violación a los derechos humanos” derivados de los hechos que se dieron a partir de la reforma parcial de la carta magna provincial jujeña.