Un fiscal busca investigar si el Gobierno encubrió la desaparición de Maldonado

Federico Delgado solicitó que se informe qué tareas desplegó la Gendarmería durante el operativo en la Ruta 40. Además, exigió que separen al juez de la causa, Guido Otranto

El fiscal federal Federico Delgado abrió una causa penal y pidió investigar al Presidente Mauricio Macri y a sus funcionarios para saber si encubrieron la desaparición de Santiago Maldonado, ocurrida el pasado 1º de agosto tras un operativo de de­salojo a cargo de la Gendarmería nacional en la Ruta 40, en Chubut. 

En este marco, Delgado le solicitó al juez federal Rodolfo Canicoba Corral, quien está a cargo del caso, que le pida al magistrado de Esquel, Guido Otranto, “una copia urgente” de la causa por la búsqueda de Maldonado y recomendó que sea apartado, ya que fue él “quien ordenó el procedimiento en el que ocurrieron los hechos” y “articuló la intervención de la fuerza de seguridad”. 

Además, exigió que la Jefatura de Gabinete “informe en un plazo perentorio todas y cada una de las actividades que desplegó el Estado nacional para dar con el paradero de Santiago Maldonado”. Delgado sostuvo que para comenzar la investigación “es determinante conocer las actividades que se llevaron adelante”.

La solicitud renueva la acusación por la desaparición forzada del joven y además agrega la teoría de un “encubrimiento por parte de las autoridades públicas, también la violación de los deberes de funcionario público y el abuso de autoridad”.

La denuncia 

Delgado tomó esta medida tras la denuncia presentada la semana pasada por la agrupación Liga Argentina de Derechos del Hombre y el Instituto Arturo E. Sampay. En ella se acusó a Macri, a los ministros de Seguridad y Justicia, Patricia Bullrich y Germán Garavano, respectivamente, y a los responsables de Gendarmería. 

Los abogados de las ONG señalaron que las autoridades del Gobierno no aportaron a la búsqueda de Maldonado, sino que “han intentado deslindarse de toda responsabilidad, generando una campaña de desinformación, en descalificable alianza con los medios masivos de comunicación social”. La acusación es por los delitos de encubrimiento por parte de las autoridades públicas, violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad.

La denuncia que se radicó en los tribunales federales de Comodoro Py contra el Gobierno incluye también al jefe de Gabinete, Marcos Peña, al jefe de Gabinete de Seguridad, Pablo Nocetti, y al secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj. La presentación fue radicada el martes y Delgado abrió la causa penal ayer “para chequear la verosimilitud de la denuncia”, sin imputar a ningún funcionario.

Continúan los rastrillajes y la recompensa llega a $2 millones

Hoy continuarán los rastrillajes en la zona donde fue visto por última vez Santiago Maldonado. Se espera que la búsqueda pueda aportar datos importantes, ya que los operativos se realizarán en un territorio considerado “sagrado” por la comunidad mapuche. 

La idea del Gobierno es, primero, rastrillar el sector de Cushamen y en una segunda etapa, también hoy, cruzar el río Chubut. Además de 300 agentes de la Policía Federal, participarán helicópteros y drones.

El pasado 5 de agosto, las brigadas caninas de Santiago del Estero y Viedma ingresaron a Cushamen y los perros les marcaron a sus guías que existían rastros frescos de la ropa adjudicada a Maldonado, entregada por su propia familia. Sin embargo, no pudieron continuar porque, según la fiscal Silvina Avila, los mapuches se opusieron, algo que sin embargo ellos mismos niegan.

El Ministerio de Seguridad se escudará en el Sistema Federal de Búsqueda para ingresar en el territorio mapuche, de modo que no necesitará una orden de un juez federal para avanzar. De no llegar a encontrar rastros del joven, los efectivos se desplazarían hasta la frontera con Chile.

Por otro lado, el Ministerio de Seguridad anunció ayer el aumento de 500.000 a 2 millones de pesos de la recompensa para quien aporte “datos fehacientes” sobre el paradero de Maldonado. 

La familia rechazó reunirse con funcionarios 

La familia de Santiago Maldonado rechazó reunirse con el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, quien viajó a la localidad chubutense de Esquel para mantener un encuentro con el juez de la causa, Guido Otranto. “Ofrecí reunirme en Esquel con el hermano y los familiares (del joven desaparecido), pero recibimos la negativa. Agradecieron la iniciativa, pero dijeron que no se van a reunir con nosotros en esta oportunidad”, detalló el funcionario. 

A medida que pasan los días, desde el Gobierno nacional ya se arriesgan a vincular a la Gendarmería con esta desaparición. Avruj fue el primero en reconocer que la pista más firme apunta a esta fuerza, aunque aclaró que no hay “ninguna prueba cierta”. En la misma línea, el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, advirtió que si bien no hay “ningún elemento” que permita vincular a la Gendarmería con el hecho, “no se descarta ninguna hipótesis”.