Una aspirina para atacar el drama de los jubilados

Decidido a atacar los problemas de los jubilados con una simple aspirina, el Gobierno nacional estableció precios máximos para algunos medicamentos suministrados por el PAMI. 

La medida, tardía, llega después del desfalco que significó para los adultos mayores la aprobación del pacto fiscal entre la Nación y las provincias y la posterior reforma previsional: en concreto, la mayoría de las gobernaciones aprobaron sin chistar que fueran los jubilados quienes resignaran recursos para permitir mayores partidas al territorio gobernado por María Eugenia Vidal.

Y sin embargo, la Provincia (la nuestra y las demás) continúa sin un salvavidas del Estado ante la peor sequía de la década; sin un plan estratégico que ataque las variables cíclicas en una pampa húmeda que padece cada vez más las consecuencias del cambio climático; economías regionales, PyMES y ciudadanos de a pie son asfixiados entre costos y carga tributaria. A la par, los bonaerenses nos endeudamos con el dinero que le falta a los jubilados para, por ejemplo, financiar al Gobierno nacional (en febrero, 753 millones de dólares salieron de las arcas provinciales para ese fin). Como si esos fondos fueran propiedad del puñado de funcionarios que gobierna desde hace poco más de dos años y no de aquellos que aportaron durante 30.

En un país que se cae, se les reclaman mayores esfuerzos a quienes menos tienen y más sufren. Porque, con la zanahoria del mentado 82% móvil (medida marketinera que apenas llevó el haber mínimo de los jubilados de $7246 a los $7790 pesos, casi $10.000 por debajo de la canasta básica), la nueva fórmula de incremento en las jubilaciones le pide a la Anses que sacrifique unos 115 mil millones de pesos, y a los jubilados que pierdan unos 900 pesos por mes.

Para amortiguar los golpes a quienes resignados y sin fuerzas para hacer una huelga lo aceptan todo, el Gobierno anuncia con bombos y platillos que “bajará el precio de los medicamentos”. Sin atacar el problema de fondo, sin reconocer que el PAMI continuará sin cubrir la totalidad de los ansiolíticos, los medicamentos para tratar enfermedades oncológicas o neurodegenerativas, remedios costosísimos que siguen en manos de un mercado farmacéutico monopólico.

Así, se evita hablar de la cartelización de los laboratorios, por la que un grupo de empresarios amigos del poder tiene vía libre para establecer precios en beneficio propio y en detrimento de la población más vulnerable, una situación que dispara los valores de los remedios un 330% de lo que cuestan en Europa.

En los últimos nueve meses, la facturación de los laboratorios alcanzó los 71.426 millones de pesos. En ese lapso, las exportaciones de medicinas de elaboración local aumentaron 16,1%, casi 12 puntos por debajo de las importaciones de medicamentos finales desde otras economías (27,7 por ciento interanual). Como resultado, se estima que en los últimos dos años la producción nacional perdió casi cinco puntos de participación en el sector. 

En el otro extremo, desde la asunción de Mauricio Macri, la canasta de fármacos indispensables para la supervivencia de la población escaló un 110%, muy por encima de la inflación. Mientras que en el mismo período, los aumentos autorizados por el Gobierno a las prepagas ascendieron al 96%.

Por todo esto, pretender sanar esas pérdidas poniéndole un tope a los remedios no solo es una medida insuficiente y tardía. Es como, dice el refrán, intentar curar un cáncer con una aspirina.