Una pesadilla cargada de corrupción

La complicidad de la AFIP y la UIF en la matriz putrefacta de Sueños Compartidos y la Fundación Madres de Plaza de Mayo, sigue sin investigarse. El rol de Bonafini, Schoklender y De Vido en las sombrías operaciones. Una mancha imborrable a los pañuelos blancos

La malversación de cientos de millones de pesos en la Fundación Madres de Plaza de Mayo a través de Sueños Compartidos, que presidían Hebe de Bonafini y su entonces hijo putativo, el parricida Sergio Schoklender, será una de las herencias que dejará el kirchnerismo tras su paso por el poder.

A pesar de que la Justicia dejó libre de culpa y cargo a Bonafini y sigue investigando a Schoklender, hay una realidad ineludible, que es la inacción mostrada por el Poder Judicial para investigar a los funcionarios públicos que avalaron esta situación, como por ejemplo el titular de la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos), Ricardo Echegaray, o del mandamás de la Unidad de Información Financiera (UIF), José “Pepe” Sbattella.

Desde la AFIP se hizo la vista gorda, ya que Schoklender estaba inscripto como monotributista clase F y podía facturar hasta $25.000 por año, y el ente recaudador no investigó cómo a pesar de eso el parricida se podía comprar casas, yates, autos de lujo y departamentos.

Descomposición con sello K

Según consta judicialmente, desde la UIF no se indagó sobre los reportes de operaciones sospechosas que habían saltado sobre Sueños Compartidos, y no habría actuado en consecuencia por la cantidad de funcionarios que estarían implicados en la causa, entre ellos el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido.

En diálogo con Hoy, la ex diputada nacional Elsa “Tata” Quiróz, quien presentó la primera denuncia por estafa y malversación de fondos en la Fundación Madres de Plaza de Mayo, señaló que “Echegaray y Sbattella actuaron como taponadores de situaciones donde los hechos ilícitos tienen complicidades de los funcionarios de gobierno, ahí no se hizo absolutamente nada”.

Según la ex legisladora, “las denuncias contra los funcionarios tenían que ver con denuncias contra Julio De Vido, José López, Luis Bontempo y Abel Fatala, o sea, funcionarios responsables de distintas secretarías que tenían que ver con la obra pública, y desde la AFIP y la UIF nada se investigó sobre el caso.”.

“En los reportes de operaciones sospechosas estaban involucrados el Banco de Santiago del Estero, bancos de Chaco, cobraba Schoklender o sus mandaderos los cheques que iban a cuentas particulares que tenían que ver con la metodología y protocolos que se usaban para la salida del dinero, y ese dinero salía del Ministerio que está al mando de De Vido”, resaltó Quiróz.

Hubo por parte de la AFIP y de la UIF una defensa de los funcionarios involucrados en dicha estafa. Hay resoluciones del Ministerio de Planificación que acompañan la metodología y los protocolos de estos convenios, que invitan hasta con las formas y los formularios, el modo en que se debía controlar y auditar el trabajo de cada uno de los jefes desde la primera firma que se hacía hasta la llegada a las distintas entidades financieras, y sin embargo eso no se cumplía ni controlaba desde los organismos públicos.

Una maquinaria corrupta orquestada desde el propio Estado, que le costó al país cientos de millones de pesos, y que la Justicia todavía no ha dado respuestas a los pedidos de verdad por parte de una sociedad asqueada de la putrefacción oficial.

La impunidad del poder

Los órganos de control, aquellos encargados de contrastar los datos que privados y funcionarios informan sobre sus acciones, han sido desmantelados de su función original durante el paso arrasador de la mal llamada década ganada.

El oficialismo se apropió del Estado para beneficio propio, de allí que la AFIP, la Unidad de Información Financiera (UIF), la Inspección General de Justicia (IGJ) u otros organismos públicos, sean más una pata del poder K que entes encargados de la suerte general de la sociedad.

Mario Cimadevilla, senador nacional por la UCR, explicó a Hoy que “Ricardo Echegaray, José Sbatella y otros funcionarios, están en esos cargos para garantizarles impunidad al poder. Los organismos de control están siendo utilizados políticamente para apretar a los adversarios políticos y para garantizarle inmunidad al gobierno”.

Para el dirigente radical, “hay muchos casos que ponen en evidencia este accionar, el apriete hecho por la AFIP al juez de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti, es un claro ejemplo de este accionar”.

“El kirchnerismo tiene una matriz de corrupción, donde una parte importante son los organismos de control, entre ellos la AFIP con Echegaray o la UIF con Sbatella a la cabeza, que no pasa sólo por enriquecerse con el Estado, sino que es garantizarse la impunidad a través del accionar de dichos organismos”, destacó Cimadevilla.

La ambición emanada por el kirchnerismo, lo llevó a confundir partidos e intereses personales con el desenvolvimiento del Estado, y en función de eso ideó todo un artilugio que ha servido para garantizarle protección a todos los que abusan del poder desde el gobierno.