Violencia de género: otra causa penal involucra al sindicalista preferido de Garro

Luego del escándalo generado a raíz de la denuncia de violencia de género presentada por una joven empleada de la Co­muna platense contra su exmarido, el actual titular del Sindicato de Em­pleados Municipales Rubén Darío Alfano, trascendió que en la Justicia Penal de La Plata se encuentra abierta otra causa que también tiene como principal imputado al dirigente gremial. Lo acusan de haber amenazado a dos agentes municipales mujeres, utilizando para ello la presencia de boxeadores y “un grupo de choque”.

En el año 2011, Claudia Angélica Velázquez, quien se desempeñaba como administrativa en el centro comunal de Ringuelet, denunció a Alfano y algunos de sus seguidores por violentas amenazas. “No te conviene meterte con el gremio”, le ha­bría manifestado este, según consta en el expediente judicial. Eso no fue todo, ya que un delegado municipal, siguiendo las órdenes de Alfano, le habría dicho: “Te conviene quedarte callada”. 

Pocos días después, las intimidaciones se hicieron más fuertes y no solo involucraron a Velázquez, sino también a otra empleada municipal, Verónica Lasevich. “A estas hijas de p... hay que echarlas a calle”, afirmó otro de los hombres de Alfano con la intención de que ambas mujeres no participaran de una reunión, lo que llevó a que tuvieran que retirarse del lugar, contra su propia voluntad.

Desde la Unidad Fiscal de Investigaciones nº 2 de La Plata citaron a los denunciados a declaración indagatoria, lo cual se concretó el 26 de octubre del año 2012, y dictaminaron: “Tomo como indicio para acreditar los hechos que las frases proferidas lo han sido en un contexto represivo, violento y atemorizante, donde los sujetos masculinos que enunciaron los dichos transcriptos lo hicieron con un tono de voz elevado y además no se encontraban solos, sino con más gente, entre la que había un grupo de choque y dos boxeadores”. 

El Ministerio Público imputó a Alfano y a sus secuaces por los delitos de coacción. Además, la actual titular de la UFI, nº 2, Betina Lacki, realizó una serie de diligencias en las últimas semanas y estaría cerca de pedir que la causa sea elevada a juicio oral.

Por otra parte, tal como lo viene informando diario Hoy, el titular del Juzgado de Familia nº 5 de La Plata, Hugo Rondina, decretó un perímetro de exclusión que prohíbe a Alfano acercase a la vivienda que compartía con su exmujer, cuyas iniciales son S.A.A., quien lo denunció por una presunta salvaje agresión con golpes de puño. También afirmó que Alfano, con su vehículo, la habría chocado mientras ella se encontraba a bordo de otro automóvil. La prohibición de acercamiento se extenderá hasta tanto finalice la causa penal. 

Estas dos denuncias no son las únicas que involucran a miembros de la familia Alfano. Agustín, hermano del secretario general del Sindicato de Empleados Municipales, se encuentra implicado en una causa que se inició en 2015 por “hurto agravado”. Ese mismo año, firmó un juicio abreviado y fue condenado a 3 años y 1 mes de prisión con cumplimiento efectivo. Actualmente, está en libertad condicional concedida por el Juzgado de Ejecución nº 2. 

En ese contexto, en un hecho que llamó poderosamente la atención, dos delegados que responden a Alfano organizaron una jornada de capacitación en el camping de calle 122 y 54, donde entre otras temáticas abordaron “mediación y persuasión de conflictos” y “violencia de género y atención a la víctima”.

Cabe destacar que Alfano también estaría en la mira por sus fuertes vínculos con el intendente Julio César Garro, que se traducirían en imposiciones para que empleados municipales sean fiscales de mesa de Cambiemos en las elecciones y afiliaciones compulsivas a favor del mencionado sindicato, como así también la habilitación de negocios vinculados a la noche platense. Entre ellos, el boliche Jerry, que funciona sobre el Camino Centenario, a pocos metros de un gasoducto de alta presión.

Lejos de condenar lo sucedido, Garro relativizó las denuncias y el accionar de la Justicia. “Muchas veces estas denuncias tienen una clara intencionalidad política para desestabilizar”, le dijo el jefe comunal a este diario, aumentando aún más la sospecha de la existencia de un manto de protección.