El abogado del marido de Piparo expuso los fundamentos para lograr el arresto domiciliario

Durante la audiencia llevada a cabo este jueves de manera virtual, el abogado Marcelo Peña expuso los fundamentos por los cuales considera que el marido de la diputada Carolina Piparo, Juan Ignacio Buzali, debería estar con arresto domiciliario y no seguir detenido por el delito de “doble homicidio en grado de tentativa”. La jueza Marcela Garmendia deberá decidir sobre el pedido de prisión preventiva realizado por la fiscal María Eugenia Di Lorenzo.

“Demostramos las irregularidades de las pruebas, de que no puede sostenerse una calificación tan gravosa sin tener una pericia accidentológica. Mantuvimos el tema de la domiciliaria, de que no hay riesgos procesales porque tiene más de 20 años de trabajo. Hay pericias que demuestran que él no es peligroso para sí ni para terceros”, sostuvo Peña.

Por su parte, el abogado Martín De Vargas explicó: “Fundamentamos acabadamente que él no tiene arraigo y además, que no cumple con los requisitos psicológicos porque la pericia no le dio bien. Hay puntos que impedirían en principio el arresto domiciliario”. El letrado representa a Luis Lavalle, uno de los chicos atropellados por el acusado durante la madrugada de Año Nuevo, en 21 entre 39 y 40. Junto a él expuso Rodolfo Baqué, quien patrocina al menor de 17 años también embestido por el esposo de la legisladora.

Con referencia a lo ocurrido en la audiencia, De Vargas contó: “Nos desayunamos sobre el alquiler de una propiedad en el Country Grand Bell que en principio, no vivían ahí; después dijeron que era por seis meses y ahora que el contrato es hasta 2022. Realmente no se han puesto de acuerdo y no es más ni menos que una muestra de mala fe por parte de Buzali y Piparo”.

“Después de esta audiencia entendemos que por las pruebas que existen en la causa, tanto las aportadas por testigos, filmaciones y sobre todo las aportadas por la pareja sobre el arraigo, ya que ni siquiera sus hijos estaban matriculados en La Plata, tiene que seguir en prisión. Realmente no sabemos dónde vivió la diputada.

Por lo tanto, formalizamos ante el Juzgado de Garantías un pedido de que se denuncie el posible delito de acción pública por parte de Piparo por haber mentido sobre su domicilio. Ella es diputada provincial y tiene la obligación de residir en territorio bonaerense y hasta ahora, se ha demostrado que hasta fines del año pasado vivía en Capital”, detalló el profesional.