Marita Verón: apelan la sentencia absolutoria que benefició a los 13 imputados
Los querellantes en el juicio por el secuestro de María de los Ángeles "Marita" Verón apelaron hoy la sentencia absolutoria dictada por el tribunal en diciembre pasado, que benefició a los 13 imputados por los delitos de retención de persona y promoción de la prostitución.
El recurso de casación fue interpuesto por el abogado Carlos Garmendia en nombre de la madre de Marita, Susana Trimarco, e ingresó en la Sala II de la Cámara Penal, la misma que dictó el fallo, que deberá ahora decidir su aceptación o rechazo.
En caso de que se pronuncie por lo primero, el expediente será girado a la Corte Suprema provincial para el análisis de la cuestión de fondo.
Buscan apelar el cuestionado fallo de la justicia tucumana
Uno de los argumentos esgrimidos en el escrito es que la decisión de los jueces Alberto Piedrabuena, Eduardo Romero Lascano y Emilio Herrera Molina evidencia, a criterio de la querella, un "razonamiento ilógico", ya que se descartaron las declaraciones de las testigos de identidad reservada.
Estas eran mujeres que fueron sometidas a prostitución forzada y afirmaron haber visto a Marita en ese período.
En cambio, los magistrados aceptaron la parte de esas declaraciones que se referían a la existencia de una banda dedicada a la trata de personas y a regentear prostíbulos en La Rioja, al punto que derivaron la causa para que se la investigue en los tribunales de esa provincia.
Fuertes acusaciones al tribunal
Además, la querella denunció que el tribunal supuestamente se empeñó en destruir todas las pruebas que involucraban a los acusados y por lo tanto el proceso derivó "en una sentencia parcial, apartada del juicio justo y el debido proceso legal", afirmaron los abogados de Trimarco.
El Código Procesal Penal de Tucumán determina que los jueces tendrán tres días para evaluar si el escrito cumple con los requisitos formales de presentación.
Pero los magistrados podrían excusarse de intervenir aduciendo violencia moral, ya que Trimarco impulsa el juicio político en su contra, que esta tarde comenzará a ser analizado en la comisión respectiva de la Legislatura.
En caso de que se aparten, el control formal de la apelación será realizado por otros jueces.
De avanzar la apelación, la causa recae en manos de la Corte Suprema de la provincia
De esta forma, si aceptan el planteo de la querella, girarán el expediente a la Corte Suprema de Justicia provincial, donde las partes deberán puntualizar sus posiciones para revocar o mantener la sentencia dictada.
En cambio, si los magistrados de la Cámara Penal rechazan el planteo recursivo, la querella podrá acudir directamente a la Corte provincial en queja y será el máximo tribunal el que definirá si debe entender o no en la causa.
El fallo de fondo se conocerá en unos 90 días, aunque antes que se venza ese plazo se definirá la suerte del proceso de destitución contra los magistrados.
En paralelo a la querella, la Fiscalía que intervino en la causa Verón interpondrá su propia apelación contra la sentencia.