A la Procuradora se le viene la noche

Se conocen detalles de la escandalosa protección que otorgó María del Carmen Falbo a un fiscal general acusado de encubrir narcotraficantes. La Suprema Corte apartó a la Procuradora del caso

Luego de que estallara el escándalo tras el llamado a indagatoria y la apertura del proceso de juicio político contra Julio Novo, el fiscal general de San Isidro, que reporta y es protegido por la Procuradora bonaerense María del Carmen Falbo, se van conociendo detalles sobre las conexiones que tendría el funcionario del ministerio público con el universo narco. 

Ocurre que la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Delgado, ex esposa del fallecido fiscal de la causa AMIA Alberto Nisman, citó a Novo a prestar declaración indagatoria por encubrimiento de narcotráfico y la Suprema Corte Bonaerense desplazó a la Procuradora General del caso, aceptando todos los pedidos del fiscal de primera instancia Luis María Angelini que Novo y Falbo le negaban. Angelini denunció trabas para poder investigar la masacre narco del Unicenter.

Tal como lo viene informando Hoy, quienes resolvieron iniciar el juicio político a Novo fueron el presidente de la Suprema Corte, Juan Carlos Hitters, el diputado macrista Abel Buil, los senadores Nidia Moirano, también del macrismo, y Jorge Ruesga del Frente para la Victoria. Se opusieron el diputado provincial Mauricio D’alessandro del Frente Renovador, y dos abogados.

Antes de tomar su determinación, el máximo tribunal bonaerense solicitó que la Procuradora explicara su proceder respecto a Novo. Como las respuestas fueron insatisfactorias, la Corte firmó la resolución 1947/15 que puso en debate su actuación y la del fiscal general y ordenó que su Subsecretaría de Control de Gestión estudiara las denuncias de Angelini. Los inspectores de la Corte corroboraron la carga laboral excesiva y la falta de medios humanos y materiales necesarios para causas que exigen máximo apoyo y, sobre la base de ese informe, la Suprema Corte desplazó a Falbo del expediente y puso a disposición del fiscal Angelini dos oficinas con los empleados y la tecnología adecuados para continuar la investigación. Esta especie de per saltum mide la gravedad institucional de la situación y la delicada situación de Falbo.

En tanto, el fiscal federal Nicolás Domínguez, otro de los impulsores de la denuncias contra Novo, determinó que la abogada defensora y la cuñada y socia del piloto Gustavo Adolfo Juliá (ex funcionario del PAMI durante el gobierno duhaldista e hijo del fallecido brigadier menemista José Juliá), condenado en España por el contrabando de una tonelada de cocaína que estaba escondida en un avión, son próximas colaboradoras del fiscal general, en cargos de alta responsabilidad. Además, la secretaria privada y pareja de Novo estaba en contacto con el defensor de uno de los sicarios que intervinieron en la masacre de Unicenter y con la madre de ese abogado. El mismo día del homicidio de los colombianos Héctor Edinson Duque Ceballos y Jorge Alexander Quinteros Gartner en ese centro comercial se presentó en el lugar, acompañado por un grupo de policías, otro de los colaboradores de Novo llamado Claudio Scapolán, a cargo de Investigaciones Complejas, “sin ningún motivo claro que justificase su presencia en el lugar”.

La causa por ese homicidio se acumuló a la iniciada por la denuncia de Angelini contra Novo. En la resolución del 30 de diciembre por la que dispuso el allanamiento de tres sedes de la fiscalía general, Arroyo Salgado citó en forma textual un tramo impactante del dictamen del fiscal Domínguez en el que señala que la secretaria de la fiscalía Mariana Busse es la esposa del defensor de Juliá, el abogado Carlos Alberto Broitman.

Mariana Busse, además, actuó como codefensora de Juliá. Fue secretaria de la fiscalía de Novo entre febrero de 2005 y junio de 2008, cuando renunció para actuar como abogada del piloto narco y, en 2011, después de la detención de su cliente en España con casi una tonelada de cocaína, volvió a la fiscalía, esta vez como secretaria de gestión de la unidad descentralizada de San Fernando, donde su actividad principal fue monitorear al fiscal Angelini y obstruir su tarea. A propuesta de Novo, ya había otro funcionario designado para cubrir esa secretaría pero cuando los Juliá cayeron en Barcelona, el 13 de mayo de 2011, Novo pidió a la Procuración que anulara ese nombramiento y en su lugar recomendó a la abogada de Juliá. Esa noche, a la hora de la cena, se habría registrado una conversación de 25 minutos entre el teléfono de Novo y el de la casa de Falbo. El llamado fue devuelto desde el conmutador de la Procuración General un día antes de que Falbo firmara la designación pedida. Esta vez la comunicación apenas duró un minuto, tiempo suficiente para informar que Falbo aceptaba el cambio y, tal como solicitaba Novo, designaría a Mariana Busse. Un verdadero despropósito.

Sospechoso viaje

Mientras trabajaba en la fiscalía, Busse viajó varias veces a Barcelona para interesarse en la situación de Juliá, presentando certificados médicos apócrifos con los cuales Novo le concedía licencias. Busse ejercía “la representación y articulación del interés privado dentro del organismo público de persecución penal”, dice Domínguez. El fiscal probó que mientras fue defensora de Juliá, Busse mantuvo numerosas comunicaciones telefónicas con Novo y sus adjuntos, pero no a los teléfonos conocidos que utilizaban, sino a números de una fiscalía de menores, que dieron intempestivamente de baja a fines de 2013 cuando avanzaban las investigaciones.