Cachetazo judicial para Boudou
La Cámara Federal de Casación Penal denegó el pedido de sobreseimiento realizado por el vicepresidente, que seguirá siendo investigado por “tráfico de influencias” e “incompatibilidad en la función pública”. La citación a indagatoria cada vez más cerca
Amado Boudou empieza a quedarse sin cartas para lograr sortear el avance de la investigación que lo vincula como autor de varias irregularidades en la transacción-salvataje de la ex Ciccone Calcográfica. A esta altura, sólo la extrema impunidad que existe en la Argentina hace que un personaje de este tipo, con el cúmulo de pruebas que existen en su contra, pueda seguir en funciones
Ayer, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó el pedido de sobreseimiento del exministro de Economía, por lo que seguirá siendo investigado en la causa que instruye el juez federal Ariel Lijo, quedando muy cerca del llamado a indagatoria que hizo el fiscal Jorge Di Lello.
Es muy probable que ahora Lijo acepte la sugerencia del fiscal una vez que termine de acumular las pruebas que considere necesarias para hacer más consistente la instrucción de la causa, aseguraron fuentes judiciales que conocen la trastienda de ese proceso. En principio, es posible que eso ocurra antes de la feria judicial de mitad de año, o poco después: no mucho más que eso.
Si finalmente eso sucede, sí ninguna operación modifica el rumbo de la causa Ciccone, entonces el Gobierno deberá enfrentar una situación crítica: el vice en funciones será indagado por corrupción.
Durante los últimos dos años y medio, Boudou intentó esquivar una situación comprometedora que ahora es inevitable: darle explicaciones a la Justicia por sus vínculos personales y económicos con la sociedad The Old Fund, controlante de la imprenta Ciccone Calcográfica entre mediados del 2010 y el 2012.
Con aval de la presidenta Cristina Kirchner, el vice logró apartar al primer fiscal que tuvo la causa Ciccone, Carlos Rívolo; al primer juez, Daniel Rafecas; y también al Procurador Esteban Righi, a quien acusó en la intimidad de la Quinta de Olivos de traidor a la causa K.
“Inadmisible”
Fuentes judiciales informaron ayer que el fallo "declaró inadmisible" el recurso que había planteado el número dos del Poder Ejecutivo y no hizo lugar a ello "por mayoría con el voto de los jueces Gustavo Hornos y Juan Carlos Gemignani". Cabe recordar que en abril, Boudou había presentado un escrito Casación, que es el máximo tribunal penal del país por debajo de la Corte Suprema. En aquel momento había advertido no haber sido partícipe de ninguno de los delitos que se le adjudican, por lo que pidió el cierre de la causa. Este mismo recurso ya había sido rechazado en primera instancia por el juez federal Ariel Lijo y por la Cámara Federal, que instó a que cuanto antes se decida si el funcionario k cometió o no un ilícito.
El fallo de Casación de ayer es una clara derrota para esa estrategia dilatoria. Además, también complica de sobremanera la situación de otros imputados, que también podrían ser llamados a indagatoria, como son José María Núñez Carmona, el mejor amigo y socio de Boudou; y Alejandro Vandenbroele, el presunto testaferro del vicepresidente y titular de "The Old Fund". Se trata de la compañía que controlaba la imprenta Ciccone que, tras estallar el escándalo, fue estatizada en el congreso nacional luego de un trámite exprés, con el claro objetivo de ocultar lo sucedido.
También es muy probable que se cite a indagatoria a miembros de la familia Ciccone, como así también al titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray. El titular del ente recaudador tuvo un rol protagónico en este escándalo ya que le otorgó a la imprenta una polémica moratoria para pagar una de deuda de $62,7 millones con el fisco, de carácter excepcional (148 cuotas, con una ínfima tasa de interés de 0,5%), por pedido expreso del propio Boudou. La negociación se hizo a través de un intercambio epistolar.
La Justicia comprobó el otorgamiento de una moratoria excepcional a una empresa es único en su tipo. Incluso, la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía, en un documento firmado por José Guillermo Capdevilla el 8 de noviembre de 2010, dijo al entonces ministro Boudou que "así las cosas, es opinión de esta asesoría que no corresponde a este Ministerio dar instrucciones a la AFIP sobre el curso de acción que debe aportar con relación al pedido de Ciccone Calcográfica S.A (...), por tratarse de una competencia propia de ese organismo respecto de la cual la legislación vigente no prevé la intervención o la necesidad de autorización o convalidación parte de este Ministerio".
Boudou no le hizo caso a Capdevilla, que días atrás denunció haber sido amedrentado por desconocidos en la vía pública. La ex Ciccone recibió entonces la ayuda oficial porque la opinión del entonces ministro fue "determinante".
La Corte en la mira del vicepresidente
Ante semejante revés judicial, la defensa del vicepresidente apelará a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. A partir de ahora, tienen 10 días hábiles para elevar un recurso extraordinario en Casación para que el caso llegue al máximo tribunal. Si Casación rechaza el planteo, la defensa irá directamente a la Corte Suprema mediante un recurso de queja. El máximo tribunal es la última instancia que tiene Boudou para pedir su sobreseimiento porque el pedido ya fue rechazado por el juez Ariel Lijo, la Cámara Federal y ahora la Cámara de Casación.