Con el kirchnerismo en el gobierno, la represión estatal creció un 141%

Los asesinatos por represión y gatillo fácil en la era K representan el 58,94% del total del los crímenes cometidos desde la vuelta a la democracia. Berni y Garré en la mira

La disociación del discurso con la práctica ha sido una característica distintiva del kirchnerismo desde su asunción en el 2003. El pago de  una deuda externa ilegítima e ilegal, o la alianza con las multinacionales megamineras que vienen depredando los recursos naturales provinciales, son alguno de los ejemplos que demarcan una ruptura entre lo dicho por el gobierno y lo efectivamente realizado. De todas formas, y con la paradoja vuelta contradicción, donde más hace agua la retórica oficial es en las políticas de Derechos Humanos.

Una investigación realizada por la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) sostiene que desde la asunción presidencial de Néstor Kirchner en 2003, los asesinatos por gatillo fácil, torturas en cárceles y comisarías, así como por represiones en manifestaciones políticas, crecieron un 141% en comparación con la línea de tiempo que va desde la gestión de Raúl Alfonsín en 1983 hasta la de Eduardo Duhalde en 2002. En ese marco, la tendencia represiva refleja que, en el período de tiempo que va desde la recuperación de las libertades democráticas hasta la actualidad, durante los gobiernos kirchneristas se dieron el 58,94% de este tipo de homicidios.

"Han generado esta ficción del gobierno que no reprime, mientras que es el gobierno más represor desde 1983 hasta la fecha", indicó a Hoy María del Carmen Verdú, titular de la Correpi.

Según el informe, en los últimos nueve años  2224 personas perdieron la vida a manos de miembros de las fuerzas de seguridad o patotas ligadas a sectores sindicales vinculados al gobierno. Del total, 19 víctimas fatales ocurrieron en manifestaciones estrictamente políticas, mientras que 78 de los casos se computaron a partir de desapariciones, y 2127 personas fueron asesinadas por torturas en cárceles o gatillo fácil.

"Hay una distancia enorme entre lo que se mantiene en el discurso político y lo que es la realidad de los hechos. Cada uno de los avances que hemos conseguido los hemos tenido que pelear muchísimo, como es el caso de la cárcel a los genocidas.

A pesar de que el discurso es muy distinto al de los gobiernos anteriores en la práctica seguimos viendo la misma metodología de espio- naje, represión y persecución a los que luchan", aseguró a Hoy Miriam Bregman, la abogada y re- ferente del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh).

Cabe recordar, que el relevamiento realizado por la Correpi recopila datos hasta principios de  noviembre del 2012, por lo que queda fuera diciembre del año pasado y lo que va del 2013. Asimismo, desde el organismo antirepresivo sostienen que es probable que la cifra sea aún mayor debido a que muchas situaciones llegan a la Justicia con los fundamentos de la causa tergiversados o no figuran en la agenda de los grandes medios de comunicación nacionales.

La ley antiterrorista y el proyecto X

La ley antiterrorista aprobada por el kirchnerismo, refleja la tendencia optada por el gobierno hacia la sociedad, y más precisamente hacia las movilizaciones obreras. La legislación impulsada genera el marco jurídico propicio para que, tanto el ejecutivo nacional como las gestiones provinciales, puedan llevar a cabo la judicialización masiva de manifestantes.
 Por otra parte y en el mismo sentido, las denuncias sobre el llamado "proyecto X", el cual permitía a las fuerzas de seguridad realizar espionaje sobre sindicalistas y militantes políticos, desnudó la política impulsada desde la Casa Rosa.
 "La propia Presidenta dijo que habían logrado encontrar a un camionero que supuestamente estaba traficando droga, y aseguró que se había hecho gracias al proyecto X. Fue una clara reivindicación de lo que es el proyecto, y una mentira concreta porque cuando dijo que se había encontrado a este sujeto, el proyecto X se encontraba precintado por la Justicia, y la propia ministra Nilda Garré había informado que no se estaba usando para que la justicia pudiera realizar los peritajes", concluyó Bregman (foto).

Más de cuatro mil procesados

 Como lo vienen denunciando la mayoría de los sindicatos opositores, el gobierno nacional ha profundizando su persecución sobre aquellos trabajadores que salen a la calle a exigir el cumplimiento de los derechos básicos como son el trabajo, la vivienda o la salud.
 "Nosotros llamamos represión selectiva, a la que se da sobre los sectores organizados de la clase trabajadora. Hay más de 4000 personas sometidas a procesos penales por hechos de cortes vinculados a protestas, reclamos, manifestaciones, entre otros", agregó Verdú.

Berni, el "superhéroe" de la coerción kirchnerista

Sergio Berni, actual Secretario de Seguridad de la Nación, ha cobrado gran relevancia dentro del gobierno nacional, no sólo por las puestas de escenas que suele hacer en cada conflicto (mostrarse en los operativos como agente directo de intervención al mejor estilo de los superhéroes hollywoodenses), sino también por ser el encargado de perseguir a gremialistas y manifestantes opositores al gobierno.
Su estreno de ficción lo tuvo en el marco del primer paro de Camioneros, cuando amenazó con sacar los vehículos transportistas utilizando la fuerza pública. Asimismo fue quien participó de manera directa de la represión a cooperativistas que protestaban en la ruta Panamericana, y quien persiguió públicamente a referentes de movimientos sociales por el escrache realizado a la Casa de Tucumán en el marco de la absolución de los acusados por el secuestro y desaparición de Marita Verón.
 "El arribo de Berni es un sinceramiento del gobierno. Berni tiene particularmente conocimiento de lo que son las organizaciones de trabajadores desocupados, porque era el encargado de manejar los planes y los recursos para microempren-di-mientos del gobierno. Era el interlocutor y  el hombre encargado de salir a la cooptación de los movimientos piqueteros en el periodo del 2003-2004, y administró durante todo ese lapso ese tipo de recursos existenciales", afirmó Verdú, abogada querellante de la causa de Marino Ferreyra . Además sostuvo que las declaraciones realizadas por Berni tras los hechos sucedidos en las inmediaciones de la casa de Tucumán, dan muestra que  "conoce con nombre y apellido a los referentes e integrantes de las organizaciones sociales".