Cuando la publicidad financia la política sucia

El grupo mediático que más dinero recibe de publicidad oficial es una usina de cheques sin fondos. Hay sospechas de que con ese dinero se estarían pagando abultados retornos para financiar la política. Escándalo en puerta

Datos oficiales que se conocieron a partir de un pedido de informes de la Fundación Libertad de Expresión (LED), que preside Silvana Giúdici, muestran que el grupo empresario encabezado por Sergio Szpolski y Matías Garfunkel es, por de lejos, el que más dinero recibe en concepto de publicidad oficial. Concretamente, solamente en el primer semestre del año amasaron unos 128 millones de pesos. Si anualizamos esta cifra todo indica que, cuando Cristina Kirchner deje el poder el próximo 10 de diciembre, este grupo habrá embolsado -sólo en 2015- más de 260 millones de pesos, es decir, unos 26 millones de dólares.

Ahora bien, las cifras millonarias que destina el gobierno en publicidad oficial –este año sumaría un total de $2000 millones, cifra que supera ampliamente el financiamiento que otorgó la Casa Rosada para hacer obras hídricas en La Plata para combatir las inundaciones- no solamente sirven para difundir las mentiras del relato K. También hay sospechas de que una parte de ese dinero estaría volviendo en forma de “retornos” para financiar la política sucia del gobierno K.

Esta situación se pone de manifiesto al analizar las empresas fantasmas que habrían sido creadas por Szpolski y sus socios para canalizar los fondos de la pauta oficial. A saber, una parte importante de los 128,6 millones de pesos se repartieron entre las siguientes sociedades: $60,4 millones para Comunidad Virtual (vinculada con el diario Tiempo Argentino); $35,7 millones para Balkbrug (diario El Argentino), $4,83 millones para Desup SA (Radio América), $3,16 millones para Soluciones Logísticas (canal CN23) y $1,05 millones para Radiodifusora de Buenos Aires (FM Rock and Pop y AM Splendid). Esta última empresa la adquirió el dúo Szpolski-Garfunfel al grupo liderado por el banquero menemista Juan Pedro Moneta, actualmente postrado por una grave enfermedad. Moneta fue acusado, reiteradas veces, por vaciamiento de empresas y lavado de dinero.

Ahora bien, cada una de estas sociedades, que se encuentran a nombre de presuntos testaferros o prestanombres de Szpolski, aparecen en rojo en los registros del Banco Central por haber emitido cheques sin fondo.  Balkbrug cosecha 489 cheques rechazados –por un total de $15.388.068- en los últimos dos años (71 de esos documentos aun no fueron rescatados, por un monto de $1,8 millones).  Algo similar ocurre con Desup que emitió 293 cheques voladores por $9,08 millones (74 aun no fueron rescatados, lo que representa unos $1,7 millones), y con Soluciones Logísticas SA desde donde salieron 305 cheques irregularidades por $11.234.861, de los cuales hay 67 pendientes de pago ($1,49 millones).

Hay un nombre que repite en todas estas sociedades: Roberto Oscar Flores, que actuaría como testaferro de Szpolski y es quien aparece firmando la mayoría de los cheques voladores. Concretamente, según los registros del Banco Central, firmó nada menos que 2155 cheques irregularidades (la mayoría reportados por no tener fondos), por un total de $73,8 millones, de los cuales 504 aun no fueros rescatados (suman $13,1 millones).

Los socios de la empresas vinculadas a Szpolski se la pasan intercambiando lugares entre sí. Por ejemplo, Flores asumió como director la empresa Gortem Express SA tras la renuncia de Szpolski, mientras que este último hizo algo similar en la firma Milione SA cuando se sumó tras la dimisión de Flores en la compañía. A su vez, ambos son socios en LPDM SA, una firma creada para actuar como titular de servicios de comunicación audiovisual. Otro nombre que se repite en las empresas es el de Patricia Vilma Maria Prinos, que habría sido secretaria de Szpolski.

Asimismo, todas estas empresas presentan groseros incumplimientos en el pago de la seguridad social y de las contribuciones patronales. En ese sentido, los propios trabajadores de este grupo mediático vienen denunciado que, pese a que se la realizado los descuentos correspondientes, desde hace años no le depositan los aportes, lo que constituiría un delito penal. Concretamente, la Ley Penal Tributaria tiene por configurado el delito de apropiación indebida de recursos de la seguridad social cuando el monto retenido y no ingresado supere los $10 mil. 

Ante esta situación, teniendo en cuenta que a cualquier proveedor se le exige estar al día con el pago de tasas e impuestos para poder vender bienes y servicios al Estado, la pregunta que se hace muchos es por qué el gobierno K siguen suministrando cifras millonarias a empresas que no cumplen lo más mínimos requisitos de legalidad. Y la respuesta, que dan muchas fuentes consultadas por Hoy, es que habría importantes “retornos”, es decir, habría sectores de la política que se estaría financiado con publicidad oficial. “Los cheques fantasmas es el típico mecanismo que se utiliza para instrumentar el pago de retornos. Acá muchos sectores involucrados, especialmente en el gobierno K”, concluyeron.

En definitiva, el aparato de propaganda K huele cada vez más a podrido.

La complicidad de la AFIP

Resulta evidente que el grupo Szpolski-Garfunkel no podría hacer lo que hacen de no existir la cobertura de la AFIP, el organismo recaudador presidido por el polémico y denunciado Ricardo Echegaray.

“Szpolski se nos escapó por poco, pero más datos no podemos dar por el secreto fiscal”, fue la burda excusa que dio una funcionaria de la AFIP ante una consulta sobre el motivo de la falta de controles del organismo recaudador para el grupo de empresas que reciben cientos de millones de pesos de publicidad oficial, es decir, de los impuestos que pagamos todos los ciudadanos.

En rigor, el llamado “secreto fiscal” es un beneficio que sólo tienen los amigos del poder. Recordemos que la propia presidenta difundió, para atacar a un empresario inmobiliario que había advertido públicamente sobre las consecuencias del cepo cambiario, que el martillero en cuestión no presentaba sus declaraciones juradas.

Es decir, la propia mandataria se valió de información del fisco, que controla Echegaray, para “escrachar” a alguien por ir en contra del relato oficial. No fue un caso aislado: los periodistas Magdalena Ruiz Guiñazú y Luis Majul también fueron apretados por el organismo recaudador por sus opiniones críticas al gobierno, al igual que el cineasta Eliseo Zubiela.

La virulencia K para silenciar voces alcanzó su máximo expresión cuando la AFIP desplegó una serie de escandalosos operativos y denuncias judiciales contra directivos y periodistas del diario Hoy, con el solo objetivo de silenciar nuestras investigaciones.

Oscura matriz de distribución

“Según el Jefe de Gabinete, en el primer semestre, es decir antes de las PASO, se ejecutaron 988 millones de pesos en publicidad oficial, aunque el Ministerio de Economía informaba un compromiso presupuestario de 1252 millones de pesos al 16 de julio. A este ritmo para fin de año vamos a superar ampliamente los 2000 millones de pesos destinados a apuntalar la campaña del oficialismo”, advirtió ayer la ex Presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados y titular de la Fundación LED, Silvana Giúdici.

“La matriz de distribución de la publicidad oficial vuelve a consolidarse beneficiando a los empresarios y medios cercanos al gobierno. Por ejemplo, Cristóbal López recibió 40 millones el primer semestre del año, Página 12 recibió 24 millones y 22 millones de pesos para Canal 9”, detalló la Legisladora electa por la Ciudad de Buenos Aires.

“Volvemos a insistir en que se tienen que cumplir los fallos de la Corte Suprema y aprobar una ley que regule la distribución de la pauta oficial. Además la Jefatura de Gabinete tiene que garantizar el acceso a la información. Si los datos están disponibles deberían ser publicados en sitio web de la Jefatura de Gabinete para que todos los ciudadanos puedan analizarlos”, concluyó Silvana Giudici.