Drogas para todos y todas

EN FOCO

Ni siquiera durante el fin de semana, el kirchnerismo se toma descanso en su intento de querer esconder la realidad con las mentiras del relato.

Ayer, mientras en muchas familias estaban disfrutando de los tallarines del domingo, se conocieron polémicas declaraciones del titular de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la lucha contra el Narcotráfico (Sedronar), Juan Carlos Molina. ¿Qué dijo? Palabras, palabras menos, que sería positivo legalizar todo tipo drogas.  Y anunció que enviará un proyecto al congreso para prohibir que consumidores de estupefacientes sean detenidos por las fuerzas de seguridad (ver Los K suman una nueva polémica en el tema drogras).

Estas iniciativas surgen de un gobierno que, como tantas veces lo informamos en las páginas de nuestro diario, abrió las puertas  para que ingresaran y  se instalarán en la Argentina los carteles de la droga. Convirtió a nuestro país en un territorio donde se fabrica estupefacientes tanto para abastecer al mercado interno, como así también para exportar.

Distintos expertos vienen alertando que, durante la mal llamada década ganada, se han afianzado en la Argentina organizaciones narcos provenientes de México, Colombia, Perú, Bolivia, República Dominicana y Paraguay. Uno de los principales cárteles que operaría en nuestro país sería el creado por el colombiano Daniel “El Loco” Barrera Barrera (fue capturado en 2012 en Venezuela), conocido como “el nuevo Pablo Escobar”. El grupo actuaría desde la isla de Cerrito, en la provincia del Chaco, hasta las provincias de Misiones, Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe, en el noreste argentino. El segundo cártel es el de Sinaloa (México), que estuvo durante años liderado por el mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán (fue apresado en febrero de este año), que operaría en Tigre, Pilar, Zárate, Campana y otras ciudades de la provincia de Buenos Aires.

A esta altura, resulta una obviedad decir que el combate contra el narcotráfico no se tiene que centrar en el consumidor, que es el último eslabón de la cadena. Pero plantear este debate, en un contexto donde hay miles y miles de chicos con las neuronas quemadas por el paco, y que son capaces de robar y matar para satisfacer su adicción, es un claro intento de querer cambiar el eje de la discusión.
Es más, pareciera que, en realidad, lo que está buscando la administración K es que no se siga poniendo la lupa sobre las complicidades políticas que existen dentro del gobierno en lo que se refiere a la proliferación del narcotráfico.

La misma Sedronar está en la mira de la Justicia. El titular que tuvo este organismo hasta el año pasado,  el santacruceño José Ramón Granero, un pingüino de la primera hora, que supo tener una estrecha relación con Néstor Kirchner, se encuentra procesado por haber introducido al país 1.900 kilogramos de efedrina (el insumo básico que se utiliza para hacer drogas sintéticas como la metanfetamina), que no tuvieron el destino final que se consignara ante las autoridades de control.

Según la investigación judicial, entre los años 1999 y 2010 se importaron al país 55.945,50 kilogramos de efedrina. De ese total, aproximadamente 40.000 kg fueron importados tan solo en dos años, durante la era K.

También está en la mira el accionar de la AFIP y de su titular, Ricardo Echegaray, más preocupado en intentar hacerle la vida imposible a los turistas argentinos que viajan al exterior o en perseguir a pequeños y medianos empresarios, que en intentar combatir a las mafias narcos. En ese sentido, tal como informó el diario Hoy el pasado 13 de agosto, la Auditoría General de la Nación detectó que en dos aduanas (Santiago del Estero y General Deheza) los "canes antidrogas" son insuficientes y encima están por ser retirados. Además, ninguna de estas dependencias “cuenta con scanners asignados de manera permanente para las tareas de control”. En la sede de Santiago es más preocupante esta falta porque allí se opera con carbón vegetal, un material considerado de alto riesgo para las operaciones de narcotráfico ya que sirve para esconder las drogas y evitar que sean detectada por los canes.

Ante tamaña complicidad, se explica por qué las fronteras de nuestro país son verdaderos coladores. No se trata de impericia de la gestión, sino de una decisión política. Por eso, los radares para detectar vuelos ilegales, tantas veces anunciados por el gobierno nacional, aún brillan por su ausencia. A ello se le suma que, desde la administración K, se ha desvirtuado la función de la gendarmería, una fuerza militarizada que fue entrenada para custodiar pasos fronterizos y rutas nacionales, y cuyos efectivos son sistemáticamente trasladados a otras zonas del país, para actuar como un complemento de fuerzas policiales. Algo similar está ocurriendo con los agentes de la Prefectura: no por casualidad, los puertos también son coladores por donde penetra la droga.

Luego de once años de gobierno K, la Argentina tiene el triste privilegio de ser el tercer puerto proveedor mundial de cocaína, detrás de Brasil y Colombia. Este verdadero boom narco ha llevado a que, por ejemplo, una ciudad como Rosario, que supo ser uno de los principales polos industriales y productivos de nuestro país, pasó a ser un territorio dominado por bandas que se disputan el control del negocio. Allí existe una verdadera guerra, que se ha cobrado más de 1000 muertos en el último año.

Lamentablemente, Rosario no es una isla. Situaciones similares se registran en otras ciudades del país, especialmente en el Conurbano bonaerense donde los narcos están adquiriendo más poder que el propio Estado, permitiéndoles definir sus propias normas. Este es el legado que nos deja el kirchnerismo, que será muy difícil de desterrar. Por eso, quien asuma el poder en 2015, se encontrará con un enorme desafío. La tarea es difícil, pero no imposible. Con ideas claras, una política de Estado seria y definida, recursos económicos y planes estratégicos, podría empezar a revertirse la situación. En definitiva, lo peor que se puede hacer, en este contexto, es quedarse con los brazos cruzados.

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