Edelap: la oscuridad que nos cuesta muy caro

Los exorbitantes aumentos en las boletas de luz que habilitó el gobierno de Vidal no se traducirían en mayores inversiones y en un mejor servicio. El objetivo principal sería hacer un polémico salvataje de la empresa Edelap, que tiene un patrimonio negativo de $120 millones. Conexiones políticas que unen a los K, a Scioli y al macrismo

Las boletas de la luz en la región están llegando con aumentos exorbitantes, por encima del 200%, que no solamente ponen en una muy difícil situación a la clase media y a los sectores populares ,que ven disminuido considerablemente su poder adquisitivo por el tarifazo y la inflación. También se encuentran en una situación muy comprometedora los comercios y las PyMEs, cuyos costos se dispararon, lo que lleva a que sea extremadamente complejo mantener los puestos de trabajo.

El gran interrogante es el siguiente: ¿Qué hará el gobierno y la empresa monopólica Edelap con los millonarios recursos extra que recaudarán en función de un tarifazo que se aplicó sin siquiera realizar una audiencia pública como establece la normativa vigente para que todos los usuarios puedan conocer los destinos de los fondos y las inversiones previstas?.

En lo que se refiere a inversiones no se ha anunciado ni una sola obra para mejorar el paupérrimo servicio que reciben los ciudadanos del Gran La Plata. La sospecha apunta a que los fondos se destinarán, en gran parte, a realizar una suerte de salvataje de una empresa –por Edelap- que se encuentra quebrada, pese a los miles de millones de pesos que se destinaron discrecionalmente desde el gobierno kirchnerista para subsidiar el servicio de luz. Así lo reconocieron los propios accionistas, en una asamblea realizada el año pasado. Concretamente, la pérdida neta de Edelap en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014 fue de $ 257.482.040 que, junto con los resultados no asignados de ejercicios anteriores, alcanza un total de $605.136.366.

“Como resultado de ello, la Sociedad presenta al 31 de diciembre de 2014 un patrimonio neto negativo de $120.920.673”, concluyeron los accionistas. En otras palabras, si se vendieran todos los activos de Edelap, los recursos obtenidos no alcanzarían para pagar las deudas acumuladas.

 Ahora bien, si cualquier empresa mostrara en sus balances números tan negativos, difícilmente reuniría las condiciones para acceder o mantener un contrato con el Estado. Entonces cabe preguntarse: ¿Cuál es la razón por la cual el gobierno de María Eugenia Vidal, que autorizó el tarifazo, mantiene esta concesión y decide otorgarle semejantes beneficios a un grupo empresario que se quedó con la distribución de energía en el año 2011, a partir de una sospechosa operación donde intervino el entonces ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, y el ex gobernador Daniel Scioli? Las razones, como siempre ocurren en este tipo de casos, es que los supuestos antagonistas políticos están unidos por los negocios.

Recordemos que, hace cinco años, la concesión de Edelap pasó de la órbita nacional a la provincia de Buenos Aires, permitiéndole a la compañía aplicar un cuadro tarifario con valores muy superiores al de otras empresas distribuidoras como Edenor y Edesur que operan en Capital Federal y en el Conurbano bonaerense. Además, en el año 2014, de la mano del sciolismo, el presidente de Edelap, Alejandro MacFarlane también se quedó con la mayoría accionaria de EDEA, la mayor distribuidora de electricidad del interior de la provincia de Buenos Aires

Las razones de los beneficios otorgados por la gestión Vidal también habría que encontrarlos en los vínculos de MacFarlane con los servicios de inteligencia del gobierno menemista, como así también con el polémico operador político Enrique “Coti” Nosiglia y con el empresario del juego (maneja los bingos con tragamonedas de Pergamino y Ramallo) y actual presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici (ver nota relacionada). Este último fue denunciado penalmente por la diputada Elisa Carrió, lo que llevó a que el juez federal Sebastián Casanello lo imputara por el delito de “tráfico de influencias”.

Según Lilita, Angelici actuaría como “operador judicial” del macrismo. Se sospecha que habría sido él quien negocio, por ejemplo, que el multidenunciado juez Norberto Oyarbide se acogiera al beneficio de la jubilación, poniéndole punto final a todos los procesos de juicio político que había en su contra.  Asimismo, el binguero logró quedarse con el manejo de una de las cajas más importantes de la Provincia como es el Instituto de Previsión Social (IPS), cuyo presidente –Christian Gribaudo- forma parte de su riñón político.

En definitiva, los negocios de Edelap en lugar de iluminar, oscurecen cada vez más.

“No se puede aumentar sin convocar a audiencia pública”

Ante una consulta de Hoy, el titular de la ONG Consumidores Libre, Héctor Polino, advirtió que aumentar las tarifas de luz sin hacer las correspondientes audiencias públicas es ilegal.  “Edelap no puede aumentar sin llamar a una audiencia pública. Todas las empresas de servicios públicos tienen que realizar una convocatoria antes de implementar cualquier incremento, sí o sí. Es en ese tipo de reuniones donde se deben justificar los detalles del nuevo cuadro tarifario; ahí se analiza la estructura de costos, la eficiencia de la empresa, las inversiones, la rentabilidad”, agregó Polino.

“Todo esto tiene que ser discutido, porque no puede el gobierno de turno autorizar aumentos sin analizar las cuestiones en una audiencia pública. De otro modo, estamos ante una doble afrenta hacia los consumidores: primero, porque les aumentan, y segundo, porque no les explican los motivos. Los usuarios tienen qué saber cómo surgen estos aumento, quién hizo el estudio de la estructura de costos, de la eficiencia y el nivel de inversión. ¿Por qué tendríamos que pagar nosotros la ineficiencia de una empresa que no invierte?”, afirmó.

Por su parte, Claudio Boada, presidente la Unión  de Usuarios y Consumidores, le dijo a nuestro diario que “el pase de Edelap de la órbita nacional a la provincial no puede generar disminución de derechos y la arrogancia de no convocar a audiencias públicas”.

“Si se pide un esfuerzo a los usuarios eléctricos tiene que ser dirigidos a mejorar la mala calidad del servicio. No se pueden pensar en aumentos del 200% para saldar situaciones económicas críticas de la empresa, sino que necesitamos que se generen inversiones para que el suministro sea óptimo. Los cortes cuando hay picos de frío o calor, o cuando no hay pico, no son aceptables y violan las condiciones de la concesión. Esto es muy claro: si una empresa no puede subsistir, que entregue la concesión al Estado”, concluyó Boada.

Edea: piden el fin de la concesión

La Empresa Distribuidora de Energía Atlántica S.A (Edea), que también conduce Alejandro MacFarlane, viene siendo denunciada por sus propios trabajadores. En diálogo con Hoy, el titular del gremio Luz y Fuerza de Mar del Plata, José Jorge Rigane, señaló que “la empresa viene cometiendo gran cantidad de irregularidades, lo que nos ha llevado a pedirle al Oceba (Organismo de Control de Energía Eléctrica de la provincia de Buenos Aires) el fin de la concesión”.

Para el titular del sindicato, “Edea es una empresa que no está cumpliendo con una serie de pautas legales. Discrimina al personal de planta permanente con un pésimo nivel en sus herramientas, lo que ha llevado a graves accidentes, con guinches fisurados que provocaron que un compañero perdiera los dos brazos”.

Otra de las anomalías indicadas por el gremialista es que “Mar del Plata tiene 500.000 usuarios, y a pesar de eso no tiene atención al público diversificada como debería tener, con una sola oficina para atender a la gente, cuando el Oceba establece que en Batán, que tiene 20.000 habitantes, tiene que haber una oficina de reclamos. Ni siquiera eso se cumple y los vecinos tienen que viajar 12 kilómetros para hacer sus reclamos y trámites”.

“El servicio que presta Edea es un desastre, y la culpa es de la empresa que no quiere invertir en lo más mínimo. Eso nos ha llevado a pedirle al Oceba el fin de la concesión por no haber cumplido con las inversiones planeadas y por desobedecer todas las normas vigentes”, subrayó Rigane.