Revelan que el Protocolo Antipiquetes dejó 2.600 heridos
La CTA Autónoma publicó un detallado informe sobre el saldo de la política que instauró Patricia Bullrich para reprimir protestas.
El Monitor de Respuestas Represivas de la CTA Autónoma publicó un informe detallado que da cuenta del impacto de Protocolo Antipiquetes, impulsado por Patricia Bullrich como ministra de Seguridad y aplicado por el gobierno de Javier Milei desde diciembre de 2023.
De acuerdo con el relevamiento, entre diciembre de 2023 y octubre de 2025 se registraron 103 represiones estatales en todo el país. El saldo de los operativos fue de 2.615 personas heridas (algunas de extrema gravedad como el fotógrafo Pablo Grillo que recibió el disparo de una granada en su cabeza), un muerto, y 491 detenidos.
Además, se registraron al menos cinco casos graves de manifestantes que perdieron la vista de un ojo por el impacto de proyectiles disparados por las fuerzas de seguridad. “Estas cifras exponen un patrón de violencia sistemática destinado a disciplinar y amedrentar a quienes ejercen su derecho a la protesta”, afirmaron desde la central obrera.
Por otra parte, el informe aseguró que “esta política se ha visto agravada por la aplicación de detenciones prolongadas más allá de las 24 horas legales, una práctica ilegítima que busca maximizar el castigo y la intimidación”. Asimismo, el documento mencionó casos emblemáticos de esta estrategia, que “han sido registrados en las ciudades de Lomas de Zamora, Corrientes y Mendoza, donde manifestantes fueron privados de su libertad por períodos excesivos sin causa justificada”. “Esta modalidad constituye una detención arbitraria que viola garantías constitucionales básicas y refuerza el carácter punitivo de la respuesta estatal al conflicto social”, remarcaron desde la CTA Autónoma.
Un freno judicial
La semana pasada se conoció la resolución de la Justicia Federal que puso un freno al Protocolo Antipiquetes. El tribunal consideró que el protocolo impulsado por Patricia Bullrich constituye un régimen normativo “restrictivo del derecho a la protesta”.
A pesar de esta decisión judicial, el Gobierno apeló la medida para mantener activo su accionar.
“Este freno legal al protocolo represivo resulta fundamental de cara a las luchas sociales que están en curso”, sostuvieron desde la CTA Autónoma.
;void(0);){kind=link}