El despilfarro sin fin en la Dirección de Escuelas
La cartera educativa premió a la oscura empresa Dienst Consulting, dedicada a controlar licencias médicas, con un escandaloso aumento en los pagos. En lo que va del año, la firma -que se quedó con el negocio sin haber atravesado una licitación- recibió más de $118 millones
En momentos en los que la educación pública atraviesa por la peor crisis de la historia de nuestro país, con colegios que se caen a pedazos, docentes proletarizados y calendarios escolares que no se pueden cumplir por la pérdida de días de clases, los responsables de la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense estarían despilfarrando una parte importante del presupuesto.
El diario Hoy pudo analizar todas las órdenes de pago realizadas en lo que va de 2014 por la cartera que conduce Nora de Luciay la sorpresa fue que la empresa más beneficiada fue Dienst Consulting SA, que tiene a su cargo el control de las licencias médicas de docentes y auxiliares de la provincia de Buenos Aires.
De acuerdo a lo informado por la Contaduría de la Provincia, la mencionada compañía, que se fundó en Bahía Blanca y que se quedó con este negocio mediante una contratación directa (sin llamado a licitación), recibió este año la friolera suma $118.231.489,9. Lo más llamativo es que, con respecto al año pasado, los fondos que tuvieron como destino esta firma aumentaron en más de 31 millones de pesos (un incremento superior al 37%), ya que en 2013 la Provincia le había abonado poco más de $86,5 millones. Igual cifra se le había pagado en el año 2012. Los $118 millones que recibe Dienst Consulting equivalen a un 57% más que los fondos asignados al programa de equipamiento y mantenimiento de la infraestructura escolar, cuyo presupuesto anual apenas superan los 75 millones.
El titular de Dienst Consulting es Guillermo Martín, cuyo padre, Raúl, se desempeñó como presidente de la firma hasta noviembre de 2009, dos semanas antes de que se le otorgara la contratación directa. A la firma se le atribuyen estrechos lazos con dirigentes políticos de la sexta sección electoral.
Pese a sus orígenes en el sur bonaerense, Dienst Consulting fijó su sede en Capital Federal y en el año 2009, durante la compulsa de precios que se realizó para administrar este negocio, llamativamente fue la única que presentó cotización.
Sin llamado a licitación
El hecho de no haber realizado el llamado a licitación ya de por sí despierta suspicacias, dado que ello implica que no se realicen los controles institucionales que tienen la función de garantizar la transparencia de la operatoria. En ese sentido, los expertos en derecho administrativo suelen decir que la licitación debería ser la norma, y la contratación directa una excepción para circunstancias de emergencia. Esto último no parece ser el caso: la Provincia cuenta con una red de 77 hospitales y miles de profesionales médicos que podrían cumplir esa función, por lo que carece de sentido la tercerización. Si bien el negocio se instrumentó durante la gestión de Mario Oporto como Director de Escuelas, luego continuó con Silvina Gvirtz, que renunció en agosto de 2012, y se profundizó a niveles estrafalarios durante el mandato de De Lucia.
En ese sentido, las miradas apuntan a quien manejaría la caja de ese ministerio: Sergio Javier Buscemi, un contador público de 45 años, socio en la firma Gardelana SA, exfuncionario de ARBA y actual responsable de la Dirección General de Administración (DGA) de Educación.
Buscemi fue uno de los funcionarios que declaró en el año 2012 ante el fiscal Marcelo Romero, en el escándalo que explotó luego de que se denunciara que desde la Dirección de Escuelas se emitían sueldos a favor de barras bravas de Estudiantes y Gimnasia, ñoquis y personas fallecidas. La investigación avanzaba a pasos acelerados: Romero había llegado a acreditar la existencia de 100 contratos irregulares, pero sorpresivamente fue desplazado a partir de una polémica medida de la Fiscalía Federal de La Plata. Desde ese momento, la causa duerme el sueño de los justos en tribunales. Buscemi acaba de integrarse a la agrupación que propone como candidato a presidente de Estudiantes a Juan Sebastián Verón y, en caso de que esta lista se imponga en las elecciones, podría hacerse cargo de la secretaría de Finanzas de la institución. En rigor, el titular de la DGA de Educación no sería de la mesa chica de la Brujita. Se sumó de la mano de Martín Di Bella, un licenciado en Economía que estuvo al frente de la agencia de recaudación ARBA hasta diciembre del año pasado.
Cabe destacar que, en el año 2011, Di Bella designó en el organismo recaudador -mediante una resolución- a la esposa de Buscemi, Silvina Valeria Attili, en el cargo de gerente y con una remuneración equivalente al cargo de director. Di Bella fue desplazado y reemplazado por el exdiputado Iván Budassi en ARBA, en circunstancias que nunca quedaron demasiado claras. Y terminó recalando en un cargo menor: actualmente es director del Grupo Bapro, el holding de empresas del Banco Provincia.
La historia de una oscura contratación
Cuando Dienst Consulting se quedó con el negocio del control de las licencias, el monto de la operación superaba 327 veces los límites fijados por la ley de Contabilidad de la Provincia, que establece que las contrataciones directas sólo se pueden concretar con montos que no superen los 61 mil pesos. La norma dice, además, que para todas las contrataciones por más de 610 mil pesos se debe seguir el proceso licitatorio.
En la resolución de adjudicación se intentó justificar la contratación directa al sostener que hubo un llamado para prestar el mismo servicio que quedó desierto, y por ende la mencionada ley de Contabilidad habilitaría a sortear el mecanismo de licitación. Se cree que todo el proceso fue hecho a medida de la empresa.
Ahora bien, una convocatoria anterior, realizada en 2008, había arrojado como resultado una firma preadjudicataria, que sospechosamente decidió retirarse porque el expediente fue retenido durante 7 meses, sin causa justa, en la Contaduría General de la Provincia. En definitiva, existirían claros indicios de que hubo una decisión política de que dicha licitación no prosperara y se cayera, para avanzar así con la contratación directa.