La Plata
Sábado 25 de marzo de 2017
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El oscuro trasfondo del acuerdo con Chevron

Chevron Galuccio YPF

Ali Moshiri, representante de Chevron, cuando firmó el convenio secreto con Miguel Galuccio, titular de YPF

El Gobierno se niega a hacer público el convenio para la explotación no convencional de hidrocarburos en Neuquén. Detrás hay un enorme negociado que sólo beneficia a la empresa

Tras un debate de siete horas, la Legislatura neuquina aprobó al cierre de esta edición -por 25 votos a favor y 2 en contra- la prórroga del área “Vaca Muerta” a la petrolera de mayoría estatal YPF, para que la explote en asociación con la estadounidense Chevron los hidrocarburos no convencionales con la técnica altamente contaminante llamada “fracking”.

Así, la provincia avaló el acuerdo que ya firmó el Gobierno nacional con la empresa estadounidense. Cabe destacar que este convenio no se conoce, ya que la Casa Rosada decidió no hacerlo público a pesar de que la Justicia se lo exigió, lo que denota la oscura trama que se esconde detrás  de la iniciativa (ver aparte).

“Lo más vergonzoso es que los legisladores neuquinos aprueban el acuerdo de la provincia con YPF, que es implícitamente aprobar el acuerdo con Chevron, sin haberlo leído. Porque si bien la Justicia ha pedido que entreguen el acuerdo, YPF ha dicho que no lo mostrará. Es decir, están tomando una decisión con consecuencias imprevistas. Esto es muy riesgoso, por eso la gente lo resiste”, señaló a Hoy Félix Herrero, exdirector de Yacyretá durante el último gobierno de Juan Domingo Perón y especialista en materia energética.

Entrega de la soberanía

A pesar de que el acuerdo firmado entre el CEO de YPF, Miguel Galuccio, y la petrolera estadounidense perteneciente al grupo Rockefeller no se conoce, sí es público el decreto Decreto 929/2013, que el Gobierno dio a conocer un día antes de firmar dicho convenio. 

Este decreto ya anunciaba la entrega absoluta de la soberanía energética hipotecando el suelo nacional y sus riquezas. 

“Ese decreto permite a Chevron exportar combustible a partir del quinto año de la ejecución del proyecto, más allá de si para ese momento se consiguió o no el autoabastecimiento. Es decir, va contra la Ley del Petróleo, que recién permite la exportación una vez logrado el abastecimiento pleno del mercado interno”, explicó Félix Herrero.

Además, Chevrón o cualquier otra multinacional que se asocie al Estado con fines de explotación de hidrocarburos podrá exportar el 20% de su producción de combustibles líquidos y gaseosos sin pagar derechos de exportación a partir del quinto año, y se les otorgará la libre disponibilidad de las divisas provenientes de la exportación. Esto significa, según aseguró el exdirector de Yacyretá, que se “dejan de lado las retenciones, es decir, el impuesto a la exportación. Pero esto es ilegal, porque los impuestos son normas legislativas, no se pueden modificar sin que se debata en el Congreso, cosa que no sucedió”.

No resolverá el déficit energético

Con este acuerdo, el país está lejos de ganar algo en materia de combustibles. De hecho, especialistas en energía aseguran que difícilmente se resuelva de esta manera el déficit energético porque, entre otras cuestiones, la inversión que se exige a Chevron es mucho menor a la necesaria.

Un documento emitido por ocho exsecretarios de Energía de la Nación, señala que el decreto presidencial que motorizó la firma del convenio con la firma estadounidense no fija pautas de largo plazo, como demanda un sector como el petrolero. En ese marco, el monto comprometido, de u$s1.200 millones en cinco años, representa apenas u$s20 millones por perforación, una cifra escasa en comparación a la que se necesita para desarrollar el área en cuestión.

  Un acuerdo guardado bajo siete llaves

Esta semana los abogados de YPF le informaron a la Justicia que no entregarán el acuerdo firmado con Chevron. La jueza federal en lo Contencioso Administrativo Liliana Heiland había dado un plazo de diez días para que lo hiciera, pero la empresa alegó que el convenio incluye “secretos industriales y comerciales” y que su revelación beneficiaría a terceros. 

La razón por la que el Gobierno guarda el convenio bajo siete llaves es porque los beneficios para la empresa estadounidense son escandalosos así como los perjuicios para el país. Según trascendió, la ley aplicable del acuerdo, en caso de incumplimientos o disputas, no es la argentina, es la de la ciudad de Nueva York.

Además en caso de llegar a existir un desacuerdo o un conflicto entre Chevron y la petrolera nacional, la jurisdicción no serían los tribunales argentinos, sino la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI), con sede en Francia.

Y la peor de las clausulas secretas sería la que establece que YPF depositará 100 millones de dólares en un banco de los Estados Unidos en concepto de escrow (depósito o garantía) para que Chevron pueda eventualmente cobrar de esa cuenta futuras utilidades de negocio.

La comunidad Mapuche calificó de “gravísima” la situación

Al igual que lo ocurrido en Ecuador, las comunidades originarias terminan siendo las más perjudicadas por la intervención contaminante de Chevron ya que la flora y la fauna son la fuente de su reproducción, tanto material como cultural. 

En diálogo con Hoy, Lefxaru Nawel integrante de la Confederación Mapuche de Neuquén cuestionó el accionar del kirchnerismo y denunció la ilegitimidad de la medida. 

“Es una situación gravísima la forma en la que el gobierno ha dado vía libre a este acuerdo. Es una situación de extrema gravedad. La policía no ha hecho más que reprimir salvajemente, esto fue una cacería de más de seis horas”, sostuvo el dirigente mapuche, quien además aseguró que “defendemos nuestra dignidad, que estamos por un futuro digno y una vida mejor”.

Por último, sostuvo que la represión “muestra a las claras lo espurio de este pacto Chevron – YPF” y que “las miles de personas que nos movilizamos demostramos que este acuerdo es ilegítimo”.