“El sistema penal argentino es la causa, en buena medida, de la inseguridad”

Eso le dijo a Hoy el exintegrante del Consejo de la Magistratura, Alejandro Fargosi. Consideró que en la Argentina debería haber 120.000 presos, unos 50.000 más de los que hoy alojan los penales de nuestro país. “Hay que ser más estrictos en las evaluaciones a la hora de dar beneficios a los reclusos”, afirmó

Por la problemática que generan los beneficios anticipados otorgados a los presos, este medio entrevistó al abogado y exintegrante del Consejo de la Magistratura, Alejandro Fargosi, quien afirmó que “la ley penal argentina se ha ido modificando siempre a favor de los delincuentes. Esto ha sido gradual y paulatino, y ahora estamos tomando conciencia de lo que esto significa”.

Para el prestigioso letrado “la consecuencia de no tener un Código Penal  adecuado ha significado tener en el país más muertes y vidas destruidas. Esto no es ser melodramático, es poner las cosas en su justo nivel. El derecho penal debe proteger lo más valioso que tenemos: la vida”.

—¿Qué opinión le merece la reforma al Código Procesal Penal que impulsa el Gobierno nacional y el bonaerense, con el fin de limitar las libertades condicionales a los presos que cometieron delitos graves?

—Me parece que es imprescindible, porque todo el esquema de libertades condicionales, salidas anticipadas y temporarias; estas distintas fórmulas que se han puesto en práctica, lo único que han logrado no es reinsertar delincuentes corregidos, sino reinsertar en la sociedad a sujetos que siguen delinquiendo. Esta diferencia explica parte de la inseguridad que sufrimos. Y me remito a lo que todos los días leemos en los diarios.

Es alarmante la cantidad de presos que son beneficiados con salidas transitorias y luego no regresan a la cárcel. ¿Se puede regular  mejor esta problemática? Claramente. 

Hay que ser más estrictos en las evaluaciones a la hora de dar beneficios a los reclusos. Primero están los informes de conducta y segundo están los análisis psiquiátricos y psicológicos que en la actualidad están mucho más avanzados que hace veinte años atrás. Con lo cual hay maneras de reducir los riesgos de que el que salga no vuelva.

Lo que pasa es que todo eso cuesta esfuerzo y dinero. Pero por supuesto siempre va a ser mucho menos caro que los daños que causan los delincuentes que se fugan y que nunca vuelven.

—¿Usted está de acuerdo con la gobernadora Vidal, quien afirma que la víctima es la gran olvidada en el proceso penal?

—Sí. Cuando uno toma conciencia de lo que ocurre con el sistema penal argentino, se da cuenta de que hay cosas que deben cambiarse de manera urgentísima. Por ejemplo, que las víctimas en el proceso penal no tienen ningún tipo de participación. 

Fíjese el caso de Matías Bagnato. Un delincuente mató a toda su familia y a un amigo, y cada vez que van a liberar al autor de los crímenes, Matías quiere presentarse en la causa penal y le contestan que no es parte. Por lo que la pregunta del millón es: si a alguien le matan a sus padres y a sus dos hermanos pero eso no lo hace parte, ¿cuándo se convierte alguien en parte de un proceso penal? Es un disparate. El sistema penal argentino es la causa, en buena medida, de la inseguridad que tenemos hoy en día.

—¿Por qué razón la tasa de encarcelamiento varía tanto en relación a los países limítrofes?

—Nuestro país es semejante a Chile, Uruguay y Brasil, pero la tasa de encarcelamiento en  la Argentina es muy inferior. Nosotros tenemos poco más de 70.000 detenidos, pero deberíamos tener cerca de 120.000.

La Argentina tiene una tasa de 169 detenidos cada 100.000 habitantes; en Chile asciende a 241 cada 100.000 habitantes, en Uruguay a 291 y en Brasil trepa a 307 cada 100.000.

Eso da la pauta de que acá hay cosas que no funcionan. Sucede que todo el esquema está montado sobre un sistema de presunción de inocencia, lo cual está bien, pero debería contar con una base de investigaciones inteligentes. Si las investigaciones están mal hechas, si la Policía está mal entrenada y destruye la escena del crimen, y encima el proceso penal es eterno, provoca impunidad.

—¿Esta lentitud judicial dificulta declarar a un delincuente como reincidente?

—Para que una persona sea declarada reincidente debe tener una condena que quede firme en el primer delito y luego en el segundo. Lo que pasa es que como cada proceso lleva tanto tiempo terminamos hablando de hasta siete años y hasta que determinan que alguien es reincidente pueden pasar hasta 14 años. En ese período hasta puede cansarse de cometer delitos. En definitiva, el sistema está mal concebido. Con el asesoramiento legal adecuado, un delincuente apela todas las medidas y puede continuar en libertad.     

“Las condenas están para cumplirse”

El abogado penalista Fernando Soto (foto) es el director nacional de Proyectos de Ley del Ministerio de Seguridad, y en diálogo con diario Hoy, sostuvo que “hay un proyecto de ley con media sanción, ya aprobado en la Cámara de 

Diputados, que prohíbe las salidas transitorias y la libertad condicional en todos los casos que haya delitos graves: violaciones, robo seguido de muerte, robo agravado por el uso de armas, robo en poblado y en banda y contrabando agravado”.

“Esto va a prohibir a los jueces conceder beneficios a violadores o asesinos. Será una norma mucho más operativa, al servicio de la seguridad”, agregó Soto.   

“El proyecto modifica también la Ley de Ejecución Penal 24.660 en la que se regula el régimen progresivo de los presos y también las salidas transitorias. En realidad habla de las salidas anticipadas, que es cuando salen antes de la libertad condicional, la que se da cuando se cumple el dos tercios de la condena”, explicó el funcionario.

“Las condenas están para cumplirse. Si un juez dictamina que un homicida debe estar 10 años en la cárcel, ese es el tiempo que debe estar privado de su libertad. Pero hoy se tergiversa el sistema penal, abusando de las excepciones”, sostuvo Soto.

Este miércoles el Senado de la Nación va a tratar el proyecto de reforma del Código Procesal Penal. Si se aprueba el cambio, las cosas van a cambiar. Estiman que el 80 por ciento de la población carcelaria ya no podrá acceder a libertades condicionales ni salidas anticipadas.