Gils Carbó: garantía de impunidad

En su firme decisión de lograr impunidad una vez abandonado el poder, el kirchnerismo apela al nombramiento de jueces y fiscales adictos. La Procuradora General de la Nación, clave en el proceso de cooptación en la Justicia

La obsesión del gobierno por controlar la Justicia lo ha llevado a producir un avance sobre los tribunales nunca antes visto en épocas democráticas, nombrando a mansalva militantes rentados como jueces y fiscales subrogantes y modificación la ley del Consejo de la Magistratura que es el organismo encargado de evaluar el desempeño de los magistrados.

Uno de los cargos claves donde el kirchnerismo decidió poner un personaje absolutamente servil es la Procuraduría General de la Nación, donde fue designada Alejandra Gils Carbó, quien se convirtió así en la jefa de los fiscales federales. Llegó a ese cargo en reemplazo de Esteban Righi, quien tuvo que salir por la ventana luego del escándalo de lo que significó Boudougate: Righi fue presionado para que renuncie luego de haber avalado que se investigue al vicepresidente por su participación en el affire Ciccone.

Desde que asumió, la labor de Gils Carbó al frente del Ministerio Público ha estado inmersa en una serie de polémicas por sus planteos abiertamente a favor del kirchnerismo, lo que la ha llevado a tener sobre sí una serie de pedidos de juicios políticos en el Congreso nacional, que ha podido sortearlos gracias al cajoneo que la mayoría oficialista ha hecho de los mismos. Lo más grave es que, utilizando herramientas objetadas hasta por la propia Corte Suprema de Justicia, está llenando los tribunales federales de fiscales y defensores militantes. Estas designaciones se habrían sustanciado violando elementales disposiciones legales como las que componen el régimen en materia de subrogancias que no contempla como alternativa -aun como vía de excepción-, la designación directa de abogados ni de funcionarios o auxiliares del Ministerio Público en cargos de magistrados que se encuentren vacantes. Ahora bien, al gobierno no le interesa cumplir la ley ni agilizar el funcionamiento de la Justicia, lo que le interesa es que en los juzgados federales –como el que existe en La Plata- se les garantice la impunidad.

Incluso la propia Corte Suprema se metió en el tema, al declarar ilegal algunos de los nombramientos efectuados por la funcionaria K, tal como fue el caso de la designación como fiscal subrogante de María Alejandra Cordone Roselló, donde el máximo tribunal remarcó el mal desempeño de la procuradora en el caso, sentando un precedente muy fuerte en lo que refiere a la nulidad intrínseca que adquieren las acciones que realizan estos funcionarios truchos del Ministerio Público Fiscal. El fiscal Sergio Mola, que archivó la denuncia del diario Hoy sin hacer la más mínima investigación, fue designado mediante el mismo mecanismo que Cordone Rosello. Y no son los únicos ya que la lista también está integrada por Nélida Graciela Degrange, Marcelo Luis Colombo, Juan Patricio Murray, Dante Marcelo Vega, Mariel Susana Dermardirossian, Diego Guillermo Stehr, María Josefina Vargas. Todos estos nombramientos, con el antecedente del fallo Roselló, han quedado en la mira.

“El oficialismo busca la colonización de las fiscalías”

Por Alberto Asseff
Diputado nacional UNIR

“El motivo por el cual nosotros pedimos el juicio político contra Alejandra Gils Carbó, es que ella ha tomado partido militante, y la Procuración General del Estado tiene que ser absolutamente independiente. Esto es motivo suficiente para que la procuradora general sea removida de su cargo. Hay que entender que la justicia es ciega porque es imparcial y exige que no sea partidaria.

Además, hemos visto un nombramiento masivo de fiscales en puestos claves de la Justicia Federal para poder garantizarse impunidad una vez que abandonen el poder en diciembre próximo.

Gils Carbó condujo a que se promueva la designación de fiscales oficialistas, colonizando de esta manera la Justicia. Afortunadamente hubo un parate por parte de la Corte Suprema, pero de todas maneras algunos nombramientos ya han quedado incorporados al Poder Judicial y va a ser parte de la herencia pesada que va a recibir el nuevo gobierno.

El oficialismo busca por la colonización de las fiscalías y el incremento de sus atribuciones el control definitivo del Poder Judicial. A ellos realmente lo que más les preocupa es el control del Poder Judicial federal de la ciudad de Buenos Aires, que es lo que más les importa para garantizarse la impunidad después del 10 de diciembre”.

“Gils Carbó responde directamente al Ejecutivo”

Por Mario Cimadevilla
Senador nacional UCR

“La denuncia penal que presenté hace un tiempo contra Alejandra Gils Carbó fue por incumplimiento de deberes y nombramiento ilegal de funcionarios, y  apuntaba a que encubrió esas designaciones bajo el rótulo de ‘subrogantes’ cuando en realidad se trataban de puestos nuevos.

La cuestión más peligrosa que ha hecho el kirchnerismo con la intención de garantizar más impunidad, es la designación de Gils Carbó en la Procuración General de la Nación. De todos los avances que ha tenido sobre la Justicia, este es el más peligroso.

El gobierno puede hacer jueces como ha hecho hasta ahora sin necesidad de hacer trampas, pero el organismo que la Constitución dice que tiene que velar por la legalidad de los actos y que tiene que controlar a los jueces, es el Procurador, y la Procuración a cargo de Gils Carbó responde directamente a los mandatos que se le baja desde el Ejecutivo.

El avance del kirchnerismo sobre la Justicia no se da sólo con la elección de jueces subrogantes y fiscales adictos, sino también con la modificación de la ley del Consejo de la Magistratura, con meter a Justicia Legítima militando en el Poder Judicial, hay muchas maneras de ver cómo han avanzado desde el kirchnerismo sobre el Poder Judicial, pero lo más grave es lo de Gils Carbó, sin dudas”.

Noticias Relacionadas