Las conexiones de Cristina con Cristóbal López y Lázaro Báez

Se acumulan las pruebas que evidencian la relación comercial que une a la presidenta con los empresarios patagónicos. Los datos que demuestran el vínculo negado por todos los implicados. La familia presidencial más comprometida en maniobras de lavado de dinero

El kirchnerismo se encuentra agazapado tratando de probar la inexistencia de una relación personal o comercial entre la presidenta Cristina Kirchner y su familia con los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López. A pesar de este empeño, la realidad indica que el vínculo sí existía, y que el mismo determinó jugosos contratos con el Estado con millonarios contratos que depararon sumas millonarias para todos los implicados en los hechos.

El trabajo de la Justicia preocupa a la familia presidencial, sobre todo en la causa Hotesur, donde la propia Jefa de Estado y en especial su primogénito, Máximo Kirchner, están gravemente complicados en supuestas maniobras de lavado de dinero, con sumas millonarias en juego.

Pruebas irrefutables

Néstor Kirchner compra el hotel Alto Calafate en 2008 y tres días después de comprarlo, firma toda una serie de convenios con Lázaro Báez a través de la empresa Valle Mitre para percibir sumas millonarias. Los convenios eran tan truchos, que sirvieron para transferir 25 millones de pesos sólo en 2008. Toda esta movida se hacía con la transferencia de dinero a través del alquiler de habitaciones y de salones en los hoteles de la sociedad presidencial.

A esto se le suma una serie de negociaciones incompatibles con la función pública, que es esto que se demostró y sigue vigente, que es que la Jefa de Estado se contrata a sí misma para que Aerolíneas Argentinas, que es una empresa del Estado nacional, paga a los hoteles de la Jefa del Estado por el alojamiento de la tripulación de la aerolínea de bandera.

Pero esta actitud no queda sólo en Aerolíneas Argentinas, sino que también el Ministerio de Industria, que conduce Débora Giorgi, tiene contratado al hotel Alto Calafate para alojamientos y realización de eventos, un hotel en el sur para hacer eventos del gobierno nacional, algo por lo menos un poco sugestivo.
Lázaro Báez y Cristóbal López son dos personas que reciben mucho dinero del Estado porque han sido beneficiados a lo largo de la década K con cientos de millones de pesos que provienen de contrataciones con el Estado. La relación es a través del  hotel Alto Calafate, administrado por la sociedad a nombre de la presidenta, que es Hotesur.

Báez es la persona que a través de una sociedad llamada Valle Mitre primero o Idea S.A después, administra los hoteles Alto Calafate, Los Sauces y La Aldea, y a través de quien se consuman estos negocios y estas transferencias de dinero que se hacen.

Cristóbal López es dueño de una hostería en la ciudad de Bariloche que se llama El Retorno, y la particularidad que tiene es que las personas que contrataba, cuando recibían los resúmenes de cuenta por el pago de las tarjetas de crédito, quien facturaba era el hotel Alto Calafate, es decir, en las empresas de la hostería de López la facturación millonaria de las tarjetas venía a nombre de la empresa cuya dueña es la presidenta.

Más vínculos

Lázaro Báez, que era titular de Valle Mitre y administraba Hotesur, después lo hace a través de otra sociedad que se llama Idea S.A, que luego es vendida a Carlos Sancho primero y a Osvaldo Sanfelice después. Éste último es el socio de Máximo Kirchner en la inmobiliaria que ambos tienen en Río Gallegos.

Sanfelice es empleado de una de las sociedades de Cristóbal López llamada Alcalis de Patagonia. Al mismo tiempo, es socio de otra de las sociedades de López que se llama Talares de Posadas. La esposa de Sanfelice que también figura como titular de Idea S.A, Marta Leiva, figura como empleada de las sociedades de Cristóbal López.

Otro vínculo es Romina Mercado, sobrina de la presidenta, hija de Alicia Kirchner y presidenta de Hotesur, pero al mismo tiempo empleada de M&S, que es una de las empresas del Grupo Indalo que ha transferido millones de pesos a las cuentas de la familia Kirchner.

A su vez, Mercado factura servicios legales como abogada a la empresa Lacaut que tiene como socio a Sanfelice y como empleada a Leiva, y que contrata para los servicios legales a Mercado, cuando es una empresa radicada en Capital Federal y no tiene matrícula para asesorar legalmente.

El último vínculo es el de Alberto Berardi, un abogado penalista muy conocido, socio de León Arslanián, y es también el abogado de Cristóbal López y fue de Lázaro Báez cuando se presentó “espontáneamente” a declarar ante la Justicia de Río Gallegos. También le presta servicios a Romina Mercado. Es decir, es abogado de los tres socios centrales de la familia presidencial, con el agravante de que varios de los domicilios que brindan a la Justicia, terminan siendo domicilios que se repiten.

Inacción judicial

La corrupción es un karma que el kirchnerismo agravó durante la mal llamada década ganada, manejando un capitalismo prebendario con el que benefició a sus amigos, y que le costaron al Estado nacional cientos de millones de pesos en coimas y contraprestaciones ilícitas.

Un gran problema que surge en esta etapa de la Argentina, es que los jueces han decidido sentarse sobre las causas judiciales, planchar las investigaciones y someter al proceso electoral el avance de las causas donde se investiga a los funcionarios públicos. Los expedientes permanecen dormidos hasta que los funcionarios comienzan a perder poder y ahí parecen que se despiertan.

En el día de ayer la candidata presidencial del frente Progresistas Margarita Stolbizer, denunciante de la causa Hotesur, presentó un pedido de preservación de la prueba, en relación a las pruebas recolectadas por el juez federal Claudio Bonadio en los allanamientos efectuados en el sur del país.

Además, Stolbizer presentó la recusación sobre el juez de cámara Eduardo Freiler, ya que él es uno de los jueces que por mayoría junto con el juez Ballesteros, resuelven aplicar la sanción de remoción a Bonadio en la causa.