Licencias docentes: la Defensoría del Pueblo pone la lupa sobre la cuestionada empresa

El organismo que conduce Guido Lorenzino le solicitó precisiones a la Dirección General de Cultura y Educación por los permisos oficiales a los educadores. Dienst Consulting SA, en la mira por la emisión de facturas truchas y contrataciones millonarias con el Estado

La intención de avanzar sobre el ausentismo docente, que ha puesto sobre la mesa de discusión la gobernadora María Eugenia Vidal, colocó en el eje de la tormenta a la empresa prestataria encargada de ejercer el contralor de las licencias en territorio bonaerense, Dienst Consulting SA.

Las irregularidades que tiene esta firma sobre sus espaldas, como el hecho de que haya accedido al contrato en forma directa sin llamado a licitación, así como el haber utilizado facturas truchas para la realización de diversos negocios o el desarrollo de estadísticas que poco tienen que ver con la realidad, han llevado a que desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia se pida a la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) informes claros sobre el accionar de la compañía.

El organismo conducido por Guido Lorenzino le elevó al ministro Alejandro Finocchiaro una carta en la que le solicita un informe pormenorizado sobre la empresa a cargo del control de licencias médicas y realización de juntas médicas del personal docente y no docente de la DGCyE.

El pedido de la Defensoría se da en el marco de las actuaciones que tramitan por Expediente nº 15.098/17, iniciado por el apoderado del Sindicato de Obreros y Empleados de la Minoridad y la Educación (Soeme), para que a través de dicho ámbito se lleven adelante las averiguaciones pertinentes sobre el accionar de la compañía.

De acuerdo a lo planteado por el Soeme en su demanda judicial, la contratación de Dienst Consulting por parte del Estado provincial en forma directa, sin haber llamado previamente a licitación, “vulnera el derecho de los trabajadores de ser sometidos al control médico que al efecto, y por imperio de ley (10.430 y Decreto Reglamentario 4161/96), debe llevar la autoridad pública con competencia legal exclusiva para ello, es decir, la Dirección Provincial de Reconocimientos Médicos”.

Pedidos legales

En su carta al ministro Finocchiaro, Lorenzino explicita que el área educativa tiene diez días hábiles para la contestación de la solicitud, a la vez que indica que su pedido de informe está fundado en lo establecido en el artículo 25 de la Ley 13.834 de creación del organismo de contralor.

Según se explicita en la petición de la Defensoría a la Dirección General de Cultura y Educación, se debe brindar una copia del expediente mediante el cual se tramitó la contratación del servicio con Dienst Consulting, e informar cuál es el organismo de control de la empresa a cargo y cuáles son los indicadores de eficacia del servicio.

Además, se pide que se den a conocer los datos epidemiológicos surgidos de las estadísticas y patologías prevalentes, así como también la información estadística de las licencias otorgadas durante el período abril 2016- abril 2017, y la normativa vigente que regula el control de licencias médicas.

Vale recordar que, de acuerdo a lo que dice la letra chica de la ley, todos los organismos públicos y personas físicas y jurídicas, públicas y privadas prestadoras de servicios públicos, estarán obligados a prestar colaboración, con carácter preferente, al defensor del Pueblo, a los adjuntos Generales y a los adjuntos en sus investigaciones, con lo cual se espera para los próximos días la respuesta de la DGCyE.

Dienst Consulting SA posee el control de las licencias de la DGCyE desde el año 2009, un negocio que le reporta la nada despreciable suma de 150 millones de pesos por año. Esta labor, que debería estar a cargo del propio Estado provincial, pero la maneja una empresa privada, tiene números por demás paupérrimos, ya que durante su gestión el ausentismo docente en suelo bonaerense alcanza al 17%, un índice que supera largamente la media nacional.

Datos de un convenio polémico

- 2009: el año en que comenzó el acuerdo entre Dienst Consulting y la DGCyE.

- $150.000.000: el contrato anual de la compañía con el Estado bonaerense.

- $90.000.000 le dejaría a la sociedad anualmente su contrato con la Anmac.

- $35.000.000: el convenio de la firma con el gobierno porteño por la Policía Metropolitana.

- 17%: el total de ausentismo docente en suelo provincial, por encima de la media nacional.

- Diciembre: el mes elegido por el Estado para llamar a nueva licitación por las licencias.

Una firma cargada de anomalías

No solo el contrato que une a Dienst Consulting SA con la Dirección General de Cultura y Educación está bajo la mira, sino también otra serie de convenios firmados con diferentes ámbitos del Estado.

Uno de ellos es el del pasado 4 de abril, con la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ex-Renar) para el otorgamiento de certificados psicofísicos para aquellos que quieran portar un arma de fuego legal. Estos exámenes se hacen una vez cada 5 años. Cada uno cuesta $4.500 y, al haber sido declaradas 2 millones de armas en el país, esto le reportaría un negocio de 90 millones de pesos anuales a la empresa.

A eso le sigue el convenio suscripto en noviembre de 2016 entre la compañía y el gobierno porteño, que le deja a Dienst Consulting $35,6 millones para ejercer el “control de licencias médicas, de exámenes de ingreso y elaboración de informes socioambientales de la Policía Metropolitana”.

Cabe destacar que la empresa en 2014 fue inculpada por la AFIP por haber usado facturas truchas en sus negocios, a la vez que aparece en los registros de la AGIP (Administración Gubernamental de Ingresos Públicos de la Ciudad de Buenos Aires) a raíz de la falta de presentación de declaraciones juradas.