Macri y un vergonzoso decreto

Contrario a la ley de Sinceramiento Fiscal, el Presidente Mauricio Macri resolvió que los parientes de los funcionarios públicos puedan blanquear sus bienes. La medida beneficiaría directamente a su padre Franco, investigado en la Justicia por sus empresas off shore

Desde anoche, el Presidente Mauricio Macri se encuentra en pleno descanso en la residencia presidencial de Chapadmalal, en una especie de “retiro espiritual” para tomar distancia de la gestión. 

Pero, antes de la escapada, activó un escándalo que sacude a todo el arco político(ver páginas 4 a 8): a través del decreto 1.206/16 decidió incorporar al régimen de sinceramiento fiscal a cónyuges, padres e hijos menores de funcionarios y otros cargos políticos que se desempeñan actualmente y/o lo hicieron desde 2010 a la fecha.

Así, la resolución modifica y contradice lo que establecía la ley de blanqueo: la exclusión de los familiares, una de las condiciones exigidas por la oposición y hasta por la Coalición Cívica-ARI para acompañar la aprobación de la norma.

El nuevo decreto, advirtieron los bloques opositores, está hecho “a la medida y en beneficio” de Franco Macri, padre del Presidente y director de un conglomerado de empresas radicadas en paraísos fiscales, entre ellas, Fleg Trading y Kagemusha, que salieron a la luz con los Panamá Papers y por las que es investigado en la Justicia.

También, la normativa, firmada por Macri, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, podría beneficiar al primo del jefe de Estado, el empresario de la construcción Ángelo Calcaterra, ampliamente beneficiado con las licitaciones de obra pública.

El artículo de la polémica

“Los sujetos comprendidos en el artículo 83 de la Ley n° 27.260 podrán efectuar la declaración voluntaria y excepcional”, reza el artículo 6 del cuestionado decreto.

La ley referida al Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados le permitió al macrismo ligar la liquidación de sentencias a los jubilados y la actualización de haberes a la posibilidad de vender las acciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) y al régimen de sinceramiento fiscal. 

El artículo 83 de esa norma excluía a “los cónyuges, los padres y los hijos menores emancipados de los sujetos alcanzados, es decir, de los políticos que hayan desempeñado cargos desde 2010”. 

Pero de un plumazo, el Presidente borró con un decreto lo planteado explícitamente en la ley, al permitir, ahora sí, que los familiares puedan blanquear sus bienes. La decisión, incluso, va a contramano de lo que en mayo pasado, mientras se daba el debate en el Congreso, advirtió la aliada de Cambiemos, Elisa Carrió: que la inclusión de los parientes de funcionarios públicos al blanqueo podía abrir las puertas a un “pacto de impunidad” entre hombres del actual Gobierno y el anterior. Entonces, el macrismo cedió para lograr la aprobación de la ley.

Lo que la oposición y la propia CC-ARI no esperaban era el decreto que Macri escondía bajo su manga, contrario a la ley que ahora solo excluye del blanqueo al Presidente y vicepresidente de la Nación, gobernadores, vicegobernadores, senadores y diputados nacionales, provinciales, intendentes, concejales y jueces, entre otros funcionarios, pero incluye a los familiares de quienes hayan ejercido funciones desde 2010. 

Por esto, desde distintos bloques analizaban iniciar acciones penales, al tiempo que se impulsaba la creación de una Comisión Bicameral para investigar a Macri y toda su parentela.