Negocio mortal: El Gobierno da rienda suelta a peligrosos agrotóxicos

Con el objetivo de favorecer a distintas multinacionales, el SENASA se rehúsa a adecuar la clasificación de los pesticidas a lo que establece la Organización Mundial de la Salud. Miles de personas expuestas a un veneno mortal

La presidenta Cristina Fernández se ha mostrado orgullosa en distintas reuniones junto a los directivos de las multinacionales Monsanto y Syngenta, a los cuáles ha beneficiado con disposiciones que le permiten a estas compañías –productoras a agroquímicos y alimentos transgénicos– obtener ganancias extraordinarias a costa de eliminar centenares de pequeños productores y de enfermar a la población con sus fumigaciones.

Algunas estadísticas dan miedo. Según denunció la Red de Médicos de Pueblo Fumigados, una de cada tres personas muere por cáncer  en pueblos donde se utilizan agrotóxicos (ver aparte).

Nuestro diario ya ha publicado que el Gobierno pretende darles a estas compañías, y a otras como Nidera, un fenomenal negociado con la Ley de Semillas para que puedan comercializar ese producto como así también biotecnología. Sin embargo, hay otro negociado que es tan o más peligroso que ese: la no aplicación de la resolución 302 del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA).

Esta disposición fue dictada el 19 de junio de 2012 por este organismo a causa de la presión de técnicos universitarios, especialistas y organizaciones ambientales (ver aparte), para que el país se adecúe a la clasificación de sustancias agrotóxicas que proponía desde 2009 la Organización Mundial de la Salud.

La resolución daba dos años a las cámaras que agrupan a las empresas que comercializan y aplican estos productos (CASAFE y CIAFA) para adecuarse. “Pasaron dos años de silencio en donde el SENASA pareciera no haberle informado a nadie de estos cambios. Si vamos hoy a comprar estos productos, cuando ya pasaron los dos años de gracia, y se siguen vendiendo como banda verde. Sigue sin aplicarse lo que el SENASA tiene, que es el poder de policía y el poder de fiscalización”, explicó a Hoy la licenciada Silvana Buján, titular de BIOS, ONG miembro de la Red Nacional de Acción Ecologista (RENACE).

Peligro mortal

 “La OMS tomó un centenar de sustancias distintas y las cambió de lugar: lo que era menos peligroso de pronto pasó a ser más peligroso debido a esta modificación”, señaló Buján. Esto implica que productos como el glifosato –uno de los más usados– pasaron de considerarse Clase IV (la menor clasificación toxicológica) a Clase III (que implica mayores restricciones para su aplicación).

Entonces, los bidones que contienen glifosato en vez de tener “banda verde” debieran llevar una “banda azul”. Sin embargo eso nunca ocurrió. ¿A quién beneficia esto? A Monsanto, Nidera, Syngenta y el resto de las compañías que integran las cámaras mencionadas.

“Esto beneficia a los productores de estas sustancias. Porque si una persona sigue una disposición que dice que a 500 o mil metros de los bordes de las poblaciones sólo puede utilizar banda verde, y no sabe que el bidón con banda verde que tiene en su mano es falso -porque ya no debería ser más banda verde- va a seguir aplicándolo igual”, concluyó la especialista.

Los pesticidas aumentan el riesgo de cáncer

Para tener una dimensión de los riesgos, basta citar un reciente estudio del Ministerio de Salud de Córdoba sobre el cáncer en esa provincia. Se trata de una sistematización de cinco años de información y, entre otros parámetros, fueron determinados geográficamente los casos. La particularidad que causó mayor alarma es una: la mayor tasa de fallecimientos se produce en la llamada “pampa gringa”, zona donde más transgénicos y agroquímicos se utilizan. Y donde la tasa de fallecimientos duplica a la media nacional.

“Se confirmó una vez más lo que denunciamos desde hace años y sobre todo lo que denuncian los médicos de pueblos fumigados y los afectados de las zonas de la agricultura industrial. Los casos de cáncer se multiplican como nunca en la zonas con uso masivo de agrotóxicos”, afirmó el médico e integrante de la Red Universitaria de Ambiente y Salud (Reduas), Medardo Ávila Vázquez.

La pelea por la legislación

Para que el SENASA dictara la medida que luego nunca cumplió, hubo que atravesar varias instancias. Según explicó la licenciada Silvana Buján, la clasificación anterior que adoptaba el organismo, llamada “dosis letal 50% aguda”, no contemplaba la aplicación crónica (diaria) de los productos y tampoco “qué pasa con la aplicación de esas sustancias no en estado puro, si no como vienen en los bidones: mezclados con una serie de aditivos que hacen que no se salga de la planta, que la lluvia no lo lave, etc. Estos son los coadyudantes o sulfactantes, que muchas veces incluso son más tóxicos que el principio activo principal de la etiqueta, como el glifosato”.

Después de 2009, cuando la OMS dictó la nueva clasificación, “hubo muchas quejas de profesionales y de un montón de gente” para que el país se adecúe. “Ahí fue cuando el Defensor del Pueblo de la Nación hizo un dictamen diciendo que estaba siendo utilizada una metodología que no era correcta”.

“La Auditoría General de la Nación toma este informe y directamente le pide al SENASA, como autoridad de aplicación para que establezcan estas diferencias. El SENASA ahí abre en su página web un espacio para que quien tuviera algo para decir al respecto lo hiciera. Se llenó la página de técnicos de distintas universidades argentinas, de víctimas de la fumigación. Fue una situación muy desbordada, donde todo el mundo decía que estaban haciendo las cosas mal”, aseguró Buján.

“Entonces el SENASA saca la resolución 302 para aplicar la nueva clasificación de la OMS, que en realidad ya era vieja, era de 2009”, detalló. Lo cierto es que la medida nunca se aplicó.  “Acá hay claramente una suerte de silencio cómplice porque están permitiendo utilizar bajo la presunta banda verde una cantidad enorme de productos que ya hoy están prohibidos”, sentenció.