Operativo blindaje judicial: El gobierno impulsa designaciones polémicas

Cristina Kirchner, a través de la Procuradora Alejandra Gils Carbó, presentó pliegos en el Senado para nombrar a 15 jueces, fiscales y defensores, varios de ellos de la agrupación K Justicia Legítima. Un manotazo de ahogado en pos de la impunidad 

Con el objetivo de buscar impunidad a futuro y a poco más de un mes de abandonar el poder, Cristina Kirchner remitió al Senado un nuevo listado para pedir acuerdo para cargos en el Poder Judicial. En la nómina de 15 nombres se destacan varios integrantes de la agrupación kirchnerista Justicia Legítima, que son impulsados por la procuradora general Alejandra Gils Carbó para ocupar fiscalías. 

Según trascendió, la lista contempla un cargo como camarista en San Martín, provincia de Buenos Aires, cubrir las vacantes en nueve fiscalías federales y cinco defensorías públicas.   Como viene siendo costumbre desde que Gils Carbó ocupa el cargo, los candidatos impulsados por la Procuración General de la Nación tienen un claro alineamiento con la Casa Rosada y las políticas de la administración de Cristina Kirchner. 

Así, entre los candidatos figura el abogado Alejandro Jorge Alagia, propuesto como fiscal general ante la Cámara de Casación Penal. Alagia es fiscal desde 1994 e intervino, como miembro de la Unidad de Derechos Humanos de la Procuración, en la causa Papel Prensa, en la que llegó a pedir la indagatoria de directivos de los diarios Clarín y La Nación.

Otro miembro destacado de la lista de nuevas designaciones judiciales que impulsa el Poder Ejecutivo es Gabriel de Vedia, propuesto como fiscal general ante la Cámara Nacional de la Seguridad Social. 

De Vedia fue designado, sin acuerdo del Senado, por Gils Carbó en la Unidad Fiscal para la investigación de delitos relativos a la Seguridad Social luego de que la procuradora decidió quitarle el control a Guillermo Marijuan, quien adjudicó la medida a una represalia por sus investigaciones en causas contra el empresario Lázaro Báez. 

Devolución de favores

El listado incluye a Alan Iud, abogado de Abuelas de Plaza de Mayo y uno de los patrocinadores de la asociación en la causa por la cual se pretendió demostrar que los hijos de la propietaria de Clarín, Ernestina Herrera de Noble, habían sido adoptados de manera ilegal y que podían ser hijos de desaparecidos durante la última dictadura. Iud está propuesto como fiscal de la Procuración General. También para el mismo cargo ingresaron los pliegos de Pablo Nicolás Turano, María Alejandra Mangano, Paula Norma Gorsd y Santiago Roldán. 

En tanto, la lista de pliegos de defensores públicos la integran Juan Pérez Curci (Tribunal Oral de Mendoza), Nicolás Laino (Cámara de Apelaciones Criminal de Capital), Marcelo Zambiazzo (Venado Tuerto), Mariana Cisneros Billaud (Santiago del Estero) y Gabriel Lanaro Ojeda (Concordia).

Entre los postulantes a ocupar cargos de magistrados figura Juan Pablo Salas, propuesto para la Cámara de Apelaciones de San Martín. Votado por el oficialismo en las polémicas listas de conjueces, en la actualidad subroga el Juzgado Federal N° 3 de Morón.

La lista se completa con los pliegos de Javier Arzubi Calvo y Elizabeth Karina López, propuestos para ocupar las fiscalías federales de Venado Tuerto y de Villa Mercedes, respectivamente. 

Sáenz y su indignación por el juez trucho platense 

El vicepresidente de la Asociación de Magistrados, Ricardo Sáenz, quien es Fiscal General ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, y se habla que podría ser el relevo de la procuradora general Alejandra Gils Carbó,  dijo ayer que “con la designación de Laureano Durán como juez federal se violó el régimen anterior a la nueva ley de subrogancias” y que en tres meses “seguramente lo reemplazará Ernesto Kreplak, el que ya demostró su militancia kirchnerista”.

Sáenz explicó que “cuando se nombró a Durán (en diciembre pasado) había jueces en la jurisdicción en condiciones de subrogar, y alguno de ellos debería haber cumplido esa función”, y luego agregó otra irregularidad: “se podía haber elegido entre secretarios que habían participado de algún concurso y estuvieran más o menos calificados. Pero hubo un concurso de secretarios y Durán estaba veintipico. Sin embargo al Gobierno se le ocurrió que tenían que poner a Durán”.

“Por eso la Corte dijo es que es algo absolutamente discrecional. Entonces, van a terminar con un juez permanente.  Y muy probablemente sea Ernesto Kreplak, que ya demostró su condición de militante: era subsecretario en el Ministerio de Justicia y participó activamente en el jury de José María Campagnoli para echarlo”, indicó Sáenz.

“Montan este aparato para amordazar a jueces independientes”

Félix Loñ (*)

ESPECIAL PARA HOY

Sin ninguna duda el objetivo del gobierno es copar el Poder Judicial para intentar evitar condenas para funcionarios del actual Gobierno. Con la reforma de la Constitución de 1994 la función del poder judicial y del Ministerio Público es la independencia y los funcionarios de Justicia Legítima no son independientes. Ellos van a estar al servicio del Frente para la Victoria y de la todavía presidenta Cristina Fernández, para asegurar impunidad.

Es que el oficialismo se imagina que va a perder el próximo 22 de noviembre en el balotaje y busca escapar de las condenas judiciales. Ese fue el objetivo de la reforma del Código Procesal, de las reformas que se hicieron en el Ministerio Público y lo que han hecho con la Auditoría General de la Nación y la ley de subrogancias, declarada inconstitucional por la Corte. Lo que tratan es de copar los distintos organismos del Estado y complicar la gestión del próximo gobierno.

Hay que recordar que al Poder Judicial le esperan una gran cantidad de investigaciones penales en las que están vinculados funcionarios del Gobierno, incluida la Presidenta en la denominada causa Hotesur. Por eso montan todo este aparato para amordazar a jueces independientes.

Lo que habría que hacer es declarar la nulidad de esas designaciones porque claramente han nombrado abogados que están al servicio del oficialismo actual. Esto es violatorio a la Constitución. 

(*) Abogado constitucionalista