Por corrupción en la Policía Local, ya investigan a altas autoridades

La Auditoría General de Asuntos Internos tiene en la mira al subsecretario de Seguridad de La Plata, Carlos Alberto Mariescurrena, y al titular de la fuerza comunal, Sebastián Martínez Pass, por la presunta participación en acciones ilegales. Aumenta el malestar en los uniformados

Mientras la Justicia penal avanza en la investigación por el presunto cobro de coimas a comerciantes por parte de autoridades de la Policía Local de La Plata, ayer diario Hoy pudo confirmar que la Auditoría General de Asuntos Internos tiene en la mira al subsecretario de Seguridad del Municipio, Carlos Mariescurrena, y al jefe de la fuerza comunal, Sebastián Martínez Pass.

También trascendió que el oficial Ariel Peña, imputado por el delito de “exacciones ilegales”, fue desafectado en octubre pasado de la Policía Local por Asuntos Internos. El uniformado fue procesado en mayo de 2016 por el fiscal platense Marcelo Romero luego de varias denuncias de comerciantes de la zona de 44 entre 8 y 12, quienes indicaban que el uniformado les pedía 2.000 pesos semanales a cambio de custodia policial privilegiada.

No obstante, todo parece indicar que la recaudación ilegal iba a parar directamente a los  jefes, entre ellos Martínez Pass, Mariescurrena y Daniel Piqué, en ese momento secretario de Seguridad.

Se trataría de un juego perverso y planificado. En primer lugar se deja sin custodia policial una zona, por lo que, con connivencia o no, los delincuentes encuentran facilidades para asaltar.

Ante la ola de robos y las quejas de los comerciantes, se ingresa a la segunda etapa: el ofrecimiento de seguridad específica a cambio de un canon. Y aquí  es donde algunos propietarios de negocios pactan de manera ilegal.

Por lo general, el dinero cobrado, por parte de integrantes de la Policía Local por brindar seguridad exclusiva, se reparte entre los “jefes”, ya que los que realizan la custodia cobran el salario que abona el Estado.

Lo que ocurre ahora es que los agentes que reciben la orden de vigilar un comercio específico son asesorados por sus autoridades para que cuiden las formas. Una integrante de la Policía Local, en diálogo con Hoy, explicó: “Nos piden que no nos quedemos quietos, que caminemos unos metros, pero siempre preocupados en el comercio que paga”.

“Si alguien pregunta, no den información. Pueden ser de Asuntos Internos y, si se dan cuenta, el problema va a ser de ustedes”, les ordenan (en una clara amenaza) los jefes de la Policía Local a sus subordinados, según cuentan.

La misma fuente aclaró: “Tenemos miedo de denunciar estos manejos corruptos por temor a quedarnos sin trabajo. Ni siquiera podemos negarnos a cumplir el servicio”.

Varios son los integrantes de la fuerza comunal que llamaron al diario para indicar los puntos fijos a los que los mandan para realizar custodias: en la zona de 6 y 44, diagonal 74 y 116, 18 y 50, 526 y 6, y 32 y 27, entre otros. Lo cierto es que, con la difusión de estas maniobras corruptas, entre los agentes de la Policía Local crece el malestar.

Los números de la plata “sucia”

De acuerdo a los datos recolectados por Hoy tras conversar con distintos integrantes de la Policía Local, la recaudación ilegal por el servicio de seguridad “en negro” asciende a más de 240.000 pesos mensuales. 

Si un comerciante solicita por nota al Ministerio de Seguridad el servicio de Polad (policía adicional), tiene que pagar 80 pesos la hora. Esto significa que, para tener una cobertura de ocho horas diarias, debe pagar 640 pesos diarios, es decir 3.840 pesos semanales, cerca de 16.000 pesos al mes.

Con la crisis económica, para el dueño de un pequeño o mediano negocio, abonar alrededor de $16.000 por seguridad representa una misión imposible. No obstante, la opción que algunos encargados de la Policía Local otorgan es cobrar 2.000 pesos semanales, pero sin papeles, como canon de una custodia fija.

Se calcula que en La Plata, al menos 30 comerciantes pagan 8.000 pesos mensuales a la Policía Local, con lo que se está haciendo referencia a un ingreso de plata sin control de unos 240.000 pesos.

Según los informantes, un 30% del dinero va para el agente que “pone la cara” con el comerciante, es decir, el que ofrece el servicio y luego retira el dinero. Y el 70% restante se distribuye entre las más altas autoridades, que no serían más que tres.