Provincia: crecen las sospechas por millonaria compra de autos de alta gama

La Provincia de Buenos Aires, a través del Ministerio de Producción que conduce Joaquín de la Torre, benefició con $3.943.700, para la compra de “autos de alta gama”, a la empresa 

Igarreta Saci, que arrastra serias sospechas por un fraude al Estado de US$ 2.250.000, producto del “blindaje trucho” a alrededor de 1.500 patrulleros bonaerenses durante el año 2004, cuando Raúl Rivara era el ministro de Seguridad provincial. Según peritajes realizados por el Ejército, que formaron parte de una causa judicial, el blindaje era fácilmente perforado por los proyectiles. Esta concesionaria de autos también participó en las contrataciones directas millonarias que se instrumentaron durante el gobierno de Daniel Scioli.

Según lo publicado en el Boletín Oficial, la nueva adjudicación fue realizada a través de la Ley 14.815 de Emergencia Administrativa, que permite acelerar los procesos de licitación y saltear controles.

El desembolso fue por ocho rodados: dos camionetas, por un total de $1.025.000; y seis “vehículos de alta gama”, por una suma de $2.918.700. Sin embargo, la compra no especifica modelo, marca y fines de los autos incorporados a la flota automotor de la mencionada cartera. Asimismo, tampoco se aclara por qué el gobierno pagó a la compañía $820.700 (26,25%) más que los $3.123.000 presupuestados originalmente.

Ante las consultas de Hoy, los voceros de la cartera productiva bonaerense se limitaron a decir que la oferta fue “pedida por la gestión anterior”, pese a que su publicación data de septiembre de este año. En tanto, las fuentes provinciales aclararon que “era necesaria una renovación porque el Ministerio no compraba autos hacía muchos años” y, pese a lo expuesto en el Boletín Oficial, aseguraron que los vehículos son marca Focus, desmintiendo que sean de “alta gama”.

Por último, desde el Ministerio provincial dijeron desconocer los antecedentes de Igarreta Saci, empresa a la que la Justicia platense puso en la mira años atrás, cuando se comprobó que patrulleros de la Policía Bonaerense carecían del blindado que la compañía, por contrato, debía hacer. 

Entonces, se barajó la posibilidad de que el “blindaje trucho” habría alcanzado los 2.000 vehículos, con un fraude que, al cambio de 2005, podría haber llegado a los US$ 2.250.000.