Falbo en la cuerda floja

Durante la jornada de ayer corrió el rumor de que la Procuradora General bonaerense había renunciado, noticia que por la tarde fue desmentida. Nueva denuncia en los Tribunales de La Plata sacude a la funcionaria judicial. La vituperada jefa de fiscales al borde del precipicio

En la mañana de ayer un rumor comenzó a hacerse cada vez más fuerte en los corrillos políticos, y era que la Procuradora General de la Suprema Corte, María del Carmen Falbo, había renunciado a su puesto tras estar bajo la lupa por haber protegido a narcotraficantes y a Aníbal “La Morsa” Fernández.

Por la tarde la propia Falbo a través de allegados desmintió su dimisión, aunque trascendió que se encuentra muy preocupada por una denuncia presentada ayer en la UFI 4 a cargo del fiscal Fernando Cartasegna, en donde se solicita a la Suprema Corte provincial que investigue el proceder de la Procuradora por incumplimiento de los deberes de funcionario público.

La denuncia, presentada por el abogado José María López remarca cómo la Justicia ha sido complaciente con la funcionaria, no investigándola, a pesar de los múltiples hechos que evidencian la fuerte incompatibilidad para ocupar un cargo de esa jerarquía y que dejan a Falbo en la cornisa de la destitución.

Armado y encubrimiento

Desde las páginas de Hoy, hace tiempo que se viene señalando el mal manejo realizado por la Procuradora, dando detalles de todas las acusaciones que pesan sobre su persona, como la defensa acérrima hecha por años del exfiscal general de San Isidro, Julio Novo, acusado de encubrir una red de narcotráfico.
 
En la acusación presentada ayer en los Tribunales platenses se insta a la Suprema Corte a que ponga sus ojos en la labor desempeñada en la Procuradora y pida su juicio político por haber sido una funcionaria que “actuó por fuera de la ley”.
Entre los hechos mencionados en los que se pide que se pongan bajo la lupa, se destacan las persecuciones, sanciones y armados de causas sufridas por los fiscales Fernando Domínguez (San Martín), Carlos Gómez y Leandro Heredia (La Plata) y Oscar Acevedo (Lomas de Zamora), por parte de Falbo por llevar adelante acciones judiciales que ella no compartía.

Además, se acentúa el papel de la Procuradora y de su Secretario de Política Criminal, Homero Alonso, en el encubrimiento de evasión de 119 hechos, entre ellos los de la fuga de los hermanos Martín y Christian Lanatta y Víctor Schillaci del Penal de General Alvear, donde se pide que se indague sobre el papel jugado en el mismo por Falbo como la extitular del Servicio Penitenciario, Florencia Piermarini, y el exSubsecretario de Política Criminal, César Albarracín.

Protección al poder K

Otro de los hechos destacados en la denuncia de López es el blindaje que desde el poder la Procuradora le dio a distintos hombres K, entre los que se resalta el nombre del exSecretario de Transporte, Ricardo Jaime, los hermanos Cirigliano (dueños de TBA), y el ex intendente de Avellaneda, Baldomero “Cacho” Álvarez.

El fiscal lomense Oscar Acevedo llevaba adelante una investigación en donde se había probado como los Cirigliano, a través de la intermediación de Jaime, habían comprado irregularmente a la provincia de Buenos Aires, un predio en la Terminal de Ómnibus de Puente La Noria por solo 60.000 dólares, cuando el terreno estaba tasado por el Colegio de Martilleros en U$S1.500.000. Además, Acevedo se encontraba indagando las responsabilidades que tenía “Cacho” Álvarez, en una supuesta malversación de caudales públicos.

La decisión de Falbo fue apartar al fiscal interviniente en dichos casos y poner al frente a una persona que presuntamente reportaba a su persona, como lo es Sergio Anauati, quien habría frenado las acciones que venía llevando adelante Acevedo, dando marcha atrás con sus resoluciones.

La acusación judicial pone el acento en las maniobras sombrías que ha tenido Falbo en su recorrido judicial, con implicancias políticas en cada una de sus acciones, y que ponen a su carrera en la Justicia al borde del precipicio.

Amparo narco

En el Juzgado Federal de Dolores al mando de Alejo Ramos Padilla, descansa una causa contra la Procuradora General de la Suprema Corte, María del Carmen Falbo, en la que está acusada por el “encubrimiento agravado por delito de narcotráfico”.

Según se remite en la denuncia, la funcionaria habría incurrido, al igual que en el caso Novo en San Isidro, en la protección dada al fiscal general Diego Skoda, en el supuesto parate que tienen las causas judiciales que se investigan por el avance del poder narco en la región.

En la acusación se especifica que la funcionaria habría brindado “cobertura por acción u omisión a organizaciones criminales dedicadas al tráfico ilícito de estupefacientes que operarían libremente a su amparo”.

Una funcionaria con pasado duhaldista

María del Carmen Falbo comenzó su carrera judicial de la mano del exgobernador Eduardo Duhalde, de quien fue funcionaria en sus ocho años al frente de la provincia, y de cuya mano conoció a Aníbal “La Morsa” Fernández, de quien fue su abogada cuando fue acusado por administración fraudulenta en su paso por la intendencia de Quilmes.

De la mano de Duhalde, y tras un acuerdo político con el kirchnerismo, Falbo llegó en el año 2004 al cargo de Procuradora General de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, estando involucrada desde el comienzo de su gestión en cientos de denuncias por su accionar.

Su unidad de acción con el kirchnerismo le juega una mala pasada y deja a esta abierta militante del PJ, contra las cuerdas de la remoción.