Revuelo por sumarios en el Servicio Penitenciario

Personal de la Dirección de Salud denuncia persecuciones y cesanteos de manera ilegal. Por su parte, uno de los interventores de la fuerza indicó que se iniciaron actuaciones contra los que no cumplen con su trabajo

Mientras el gobierno bonaerense afirma que está reordenando el Servicio Penitenciario (SPB) y la Dirección de Salud Penitenciaria, empleados de esa dependencia se quejan, afirmando que son perseguidos y cesanteados de manera irregular.

Un grupo de veinte agentes se presentó ayer en la redacción de diario Hoy  para denunciar que “hace meses que en el Servicio Penitenciario se comenzó una purga encubierta, disfrazada y preparada, en la que se dice que el Servicio es un desastre, que la gente no trabaja. Nosotros somos del área de Salud. Hace unos meses empezaron a caer sumarios y despidieron a algunos compañeros”, afirmó uno de los guardiacárceles.

“Nos inventaron sumarios con planillas inventadas como prueba. Acá hay gente de cárceles de Los Hornos, Romero, San Martín y Gorina. Es masivo. Lo que necesitamos es que la gobernadora se entere y tome conocimiento real de la situación. Desconocemos si ella sabe lo que está pasando. Muchos de nosotros la votamos”, explicó una de las penitenciarias.

Sin embargo, el interventor del SPB, Fernando Rozas, explicó en diálogo con este medio que “no hay despedidos, hay sumariados por abandono de servicio”. El funcionario del Ministerio de Justicia detalló que, “desde que arrancó la intervención, detectamos que en Salud Penitenciaria no había control alguno de asistencia y en muchas cárceles el servicio sanitario no se brindaba a los presos por esa razón”. Ante esta situación Rozas sostuvo que “se instauró el sistema de presentismo y se empezaron a advertir inasistencias, por lo que se iniciaron los sumarios”.

Concentración y traslados

De acuerdo a la versión oficial, se encontró una alta concentración de médicos cumpliendo funciones en la sede central de Salud Penitenciaria, donde no hay pacientes. También se identificó que un gran porcentaje de médicos, odontólogos y psicólogos cumplía funciones en la zona de La Plata, por lo que se ordenaron traslados a penales de Florencio Varela y Magdalena, donde había gran necesidad.

Según Rozas, “la Provincia gasta en sueldos de empleados de Salud Penitenciaria más de 650 millones de pesos al año para brindar asistencia a 35.000 presos, pero no daban ningún servicio porque no había profesionales en los penales”.

Los agentes que se presentaron ante este medio, quienes prefirieron no identificarse por temor a represalias, dijeron que ya fueron echadas 800 personas y que hace dos semanas trasladaron a médicos y odontólogos a cárceles de Campana y Florencio Varela. “Son despidos encubiertos, buscan que renuncies, hay mucha gente que no puede hacer eso”, indicó uno de los denunciantes.