Se expanden en Tucumán las llamadas "pymes de la droga"
Las "pymes de la droga" son quioscos de venta al mundo de cocaína que, en los últimos tiempos, se han transformado en un negocio familiar. Existen en la mayoría de los barrios.
Como decimos casi cotidianamente en nuestro diario Hoy, lo que acontece en la antigüamente denominada "Jardín de la República" no es la excepción a la regla. Es precisamente lo que está pasando en todas las provincias, donde las autoridades se han convertido en seudos gobernadores, inmorales, que no le dejan salida ni opción de cambio alguno a compatriotas, para poder comer cotidianamente, ellos y sus hijos.
No es lamentablemente un caso aislado, un solo responsable el estado nacional, que permite que esto pase y esto siga pasando.
EL PROBLEMA AUMENTA
"Los quioscos de droga han crecido y se han multiplicado de una forma brutal. Lamentablemente ya no me llama nada la atención. Hay familias enteras que se dedican a estirar y fraccionar la droga. Estas pymes utilizan menores de edad para evitar ser alcanzadas por la ley" , sostuvo el presidente la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, Ricardo Sanjuan.
El problema de Tucumán es uno de los que la Corte Suprema de Justicia invocó para solicitar a los ministerios de Justicia y Derechos Humanos y de Seguridad de la Nación, además del Consejo de la Magistratura, que tomaran medidas urgentes para luchar contra el narcotráfico.
El juez Sanjuan explicó que esta provincia es un lugar de tránsito de la gran cantidad de cocaína que ingresa por la frontera caliente del narcotráfico: Salvador Mazza, Tartagal y San Ramón de la Nueva Orán, en Salta.
"En Tucumán existe lo que podemos denominar «la compensación del tráfico». Por colaborar con el paso de una carga, como pago queda una parte del cargamento, que es utilizado por estas bandas que forman un negocio familiar para la venta al menudeo", afirmó el juez Sanjuan.
Un mes atrás, la Dirección General de Drogas Peligrosas (Digedrop) de la policía de Tucumán, por orden del juez federal local Fernando Poviña, hizo un allanamiento en el barrio 9 de Julio y secuestró 1000 dosis de cocaína. La cabecilla de la banda era una mujer conocida como "La Negra". Fue apresada con cuatro de sus hijos. "Todo un emprendimiento familiar", según lo definieron los investigadores consultados.
La hipótesis del presidente de la Cámara Federal de Apelaciones sobre las "pymes de la droga" fue ratificada por un detective de la Policía Federal que trabaja en las provincias del Noroeste Argentino (NOA). "Es notorio el avance de los quioscos de cocaína. Son negocios donde está involucrada toda la familia", explicó la fuente.
El detective de la Policía Federal sostuvo que los padres que hacen de los quioscos de cocaína su modo de vida no ocultan eso a sus hijos. "Los chicos saben todo. Los negocios de estas características se llevan a cabo de una manera tan común que los menores los ven como si fuera un almacén, algo lícito."
El informante agregó que uno de los motivos por los que las mujeres participan de los quioscos de cocaína es porque se trata de un "artilugio de los abogados defensores para pedir las excarcelaciones, con la excusa de que deben cuidar a sus hijos".
En el NOA funciona la Sección Federal de Inteligencia en Drogas y Crimen Organizado (Sefidco) de la Policía Federal, con base en Tucumán. La dependencia, por orden del juez federal Daniel Bejas, detuvo el mes pasado a una uniformada de la Digedrop tucumana, acusada de pasarle información a un conocido dealer de la capital provincial.
Según fuentes de la investigación, el dealer, apodado "Garra", a pesar de ser lisiado y moverse en una silla de ruedas, lograba escapar de los allanamientos que hacía la Sefidco.
"Comenzamos a sospechar que alguien le avisaba a La Garra de los allanamientos. Siempre estábamos cerca de atraparlo, pero cuando hacíamos los procedimientos, él no estaba y tampoco había droga. Hasta que descubrimos que una mujer policía le pasaba información, en principio a cambio de dinero. Entonces se detuvo a la uniformada y finalmente al presunto dealer", relató una fuente de la Sefidco.
"Garra" está sospechado de ser un distribuidor de la cocaína que venden las "Pymes de la droga".
El detective de la Policía Federal explicó que cada kilo de cocaína, que podría tener un valor de 3000 dólares al ingresar en la Argentina, es "estirado hasta obtener siete kilos".
Para el juez Sanjuan, las "Pymes de la droga" no son sólo un problema de Tucumán. "Todo se puede revertir con una política de Estado que nos comprometa a todos", consideró el presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de esta provincia.
En Tucumán sólo hay dos juzgados federales. Un tercero fue creado por ley, pero todavía no está en funcionamiento. "Consideramos pertinente la celeridad en el concurso y habilitación del Juzgado Federal N° 3", sostuvieron los magistrados Daniel Bejas y Fernando Poviña en sus propuestas, elevadas a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.